Fiscal general y juez Orellana se quedan solos y expuestos

La contundente resolución emitida ayer por la Corte de Constitucionalidad (CC), que abortó el nuevo intento de golpe de Estado promovido por el Ministerio Público (MP) y el juez Fredy Orellana, implica consideraciones que van más allá de la defensa de la democracia y el sistema republicano. En realidad, los magistrados de la CC no solo trasladaron su inconformidad por los atropellos jurídicos perpetrados, sino advirtieron a Orellana y cómplices que dictar resoluciones violatorias de la Constitución Política de la República es un delito.

Conviene recordar que la alta Corte fue consecuente con análisis expresados por el presidente Bernardo Arévalo y expertos en Derecho independientes, quienes interpretaron que, además de absurdo, lo dictado por el juez, a petición del MP, era un claro intento de desconocer la voluntad ciudadana expresada en las urnas, durante las elecciones generales de 2023. En la parte medular del fallo, la CC le observa a Orellana que se abstenga de contravenir disposiciones constitucionales o legales, en especial las normas sobre las que descansa el sistema electoral democrático, republicano y representativo del Estado.

Si la justicia guatemalteca funcionara con la corrección deseada, dicho servidor judicial sería separado del cargo para ser sometido a los tribunales de justicia. De momento, tal vez sea mucho pedir, aunque hay que confiar en la Corte Suprema de Justicia, que deberá conocer peticiones para la destitución. Pero más allá de la lectura jurídica, la sentencia muestra que políticamente la fiscal general y jefa del MP, Consuelo Porras, y los juzgadores que la acuerpan se quedan solos y expuestos a enfrentar la ley y sus consecuencias.

Dos años, tres meses y 17 días después de confabular contra la administración Arévalo y Karin Herrera, es iluso pensar que el llamado pacto de corruptos cesará en sus intentos. Sin embargo, a siete meses de que se renueven los liderazgos del MP, CC y otras instituciones clave del ordenamiento jurídico, el Ejecutivo se muestra más fuerte que nunca, gracias al abrumador apoyo interno e internacional recibido. De hecho, hoy, las naciones que integran la Organización de los Estados Americanos (OEA) tendrán la oportunidad de analizar la situación interna y promover acciones que alejen, de una buena vez, el disparate de una ruptura constitucional.