EN EL PAÍS
Fiscal general electa apuesta por «readecuación del modelo de gestión»
Tras ser nombrada como fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, en su primera conferencia de prensa, aseguró que al asumir el cargo realizará un diagnóstico del Ministerio Público (MP) y, sobre esa base, iniciará «la readecuación del modelo de gestión» para llegar a contar con «fiscales naturales» que vayan de la escena del crimen hasta los órganos jurisdiccionales.
Porras Argueta explicó que también analizará la aplicación actual de la prisión preventiva y las medidas sustitutivas, “respetando la ley y siendo muy objetivos”.
Asimismo, la nueva Fiscal General del MP mencionó algunos de los nombres que la acompañarán en su administración, como Rodolfo Payés, quien trabaja en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), para la secretaría general, así como Julio Cordón y Carolina Reyes, de quien no brindó mayores detalles, pero refirió que se trata de «gente muy técnica».
Renunciará a la CC la próxima semana
De igual forma, mencionó a actuales fiscales de dicha cartera, porque a su criterio hay personal muy valioso y capaz. La fiscal electa dijo que presentará su renuncia a la Corte de Constitucionalidad (CC) la próxima semana, para ser juramentada el 17 de mayo para el período 2018-2022.
Sobre la designación de Porras Argueta como jefa del MP, el vocero presidencial, Heinz Hiemann, indicó que fue su idoneidad, plan de trabajo y trayectoria los que convencieron al presidente de la República, Jimmy Morales, para nombrarla hoy como nueva fiscal general.
“La decisión del Presidente se inclinó, precisamente, por los ejes de trabajo presentados”, explicó Hiemann en rueda de prensa.
Detalló que entre los ejes figura la revisión del modelo de gestión para mejorar la efectividad del MP, lo cual permitirá resultados más eficientes para rebajar la mora judicial.
Además, acelerar los procesos, sobre todo la efectividad en la investigación para la correcta imputación, y la presentación de pruebas en los órganos jurisdiccionales competentes.
La Alianza para Centroamérica (PCA, por sus siglas en inglés) y Transparencia Internacional conmemoraron este jueves el lanzamiento de las acciones del Proyecto Iniciativa Anticorrupción y Transparencia para América Central (Proyecto ACT), una iniciativa contra la deshonestidad del manejo de finanzas públicas y a favor de la transparencia empresarial en Centroamérica.
«Esta iniciativa es crucial para Centroamérica y la respaldamos con orgullo: la transparencia y la conducta ética generan confianza, atraen inversiones, crean empleos y fortalecen las instituciones”, manifestó Mario Bustillo, vicepresidente de relaciones institucionales del Grupo Ficohsa, quien también aseguró que “si más empresas adoptan estas prácticas, podremos lograr avances significativos en la lucha contra la corrupción».
La PCA reunió en Guatemala a los socios fundadores del Proyecto ACT (AgroAmérica, Grupo AG, Grupo Ficohsa y Grupo Mariposa), a Transparencia Internacional y sus capítulos regionales, incluidos Acción Ciudadana, la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) y la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) para debatir sobre el papel que desempeña el proyecto en el fortalecimiento del Estado de derecho en la región.
Los socios destacaron la necesidad de fortalecer la integridad y la transparencia empresarial, el rol de la acción colectiva en la lucha contra la corrupción, la protección de los derechos laborales y de promover un entorno propicio a la inversión.
El panel también sirvió como plataforma para aumentar el número de empresas que se comprometen voluntariamente a rendir cuentas por llevar a cabo negocios de manera responsable.
«Esta iniciativa contribuirá a la creación de un entorno empresarial fiable y ético, atractivo para la inversión y las cadenas de suministro globales. Estamos convencidos de que promoverá el crecimiento, generará capital humano y contribuirá a sociedades más sostenibles en Centroamérica», afirmó Luciana Torchiaro, asesora regional para América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional.
Además, el Proyecto ACT brindará asistencia técnica a las empresas participantes para mejorar sus capacidades internas dentro de sus cadenas de valor con el fin de adoptar, implementar y supervisar prácticas empresariales transparentes y legales.
El proyecto ACT se basa en el plan ‘Central America Forward’ de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, que introdujo, en febrero de 2023, la Declaración de Buena Gobernanza y Buenos Empleos, un compromiso conjunto entre el Gobierno de Estados Unidos y PCA para combatir la corrupción y proteger los derechos laborales en toda la región.
Foto: IGM
Con la finalidad de mejorar las acciones de sensibilización para la ciudadanía guatemalteca, las instituciones miembro del Consejo de Atención y Protección (CAP) aprobaron la fase digital de una campaña destinada a prevenir los riesgos asociados a la migración irregular.
El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) informó que la iniciativa se enmarca en el cumplimiento del Código de Migración, el cual busca crear conciencia entre la población potencialmente migrante, para que se informe, por medio de canales oficiales, de otras opciones disponibles.
Entre los programas destacados se encuentra el de empleo temporal en el extranjero, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), así como los trámites de pasaporte y otros documentos gestionados por el IGM.
De acuerdo con las autoridades, se abordarán temas de educación, fomento de la cultura de denuncia con el Ministerio de Gobernación (Mingob) y la protección de los derechos humanos de la niñez y adolescencia.
Foto: Despacho PD
Los guatemaltecos que carecían de Documento Personal de Identificación (DPI) en Paraguay podrán retornar al país luego de recibir sus credenciales.
La primera dama de la nación, Lucrecia Peinado, proporcionó, de manera simbólica, el primer DPI y resaltó que el Registro Nacional de las Personas (Renap) trabaja para documentar a aproximadamente 40 connacionales que se encuentran varados en esa república.
Tras las gestiones del cónsul chapín, Ricardo Filippo, para resolver la necesidad de certificar la nacionalidad de los compatriotas, se coordinó con las autoridades del Renap una jornada extraordinaria de dos días para hacer los registros respectivos.
Peinado escuchó la historia de un joven que nació en
Guatemala. Sus padres uruguayos regresaron a Paraguay después del nacimiento y al cumplir la mayoría de edad, no se le pudo extenderle su credencial por no estar registrado.
