EN EL PAÍS
Firman convenio interinstitucional con el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala
Coordinar esfuerzos para cumplir con los derechos de las personas con discapacidad visual y auditiva y fomentar una cultura inclusiva fue el objetivo del convenio interinstitucional firmado por la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- y el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.
“Vamos a tener un beneficio adicional con el uso del servicio médico y también un beneficio para instruirnos, para tener mayores herramientas que nos permitan brindar de mejor manera el servicio que prestamos a los usuarios”, dijo la Directora de la ONSEC, MSc. Karla Gómez, quien firmó el convenio en representación de la Oficina.
Algunos de los beneficios y compromisos asumidos son:
- Capacitación en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad para que sean tratadas como personas sujetas de derechos
- Capacitación para una inclusión laboral exitosa
- Capacitación al personal de la ONSEC en aprendizaje de lengua de señas de Guatemala
- Acceso a los servicios de salud visual y auditiva en los ocho centros hospitalarios del Comité Pro Ciegos y Sordos con tarifa preferencial para los servidores públicos de la ONSEC y sus familiares
- Intérpretes en lengua de señas de Guatemala para eventos de la ONSEC, cuando sea requerido
“Decidimos en conjunto estrechar estos lazos que unen a nuestras organizaciones en el beneficio del bien común y buscar las mejores oportunidades de superación para prestar servicios con excelencia”, afirmó la Presidenta del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, Dra. H. C. María de los Ángeles Soberanis de Rueda.
Para la firma del convenio se contó con la asistencia de los integrantes de la junta directiva de dicha entidad y de directores y subdirectores de la ONSEC. Enmanuel Palacios fue el intérprete de lengua de señas de Guatemala.
Durante un en vivo en Tik Tok, el presidente Bernardo Arévalo fue cuestionado sobre qué pensaba del proceso de interpelación en el que se encuentran cinco ministros de su Gabinete. Respondió que lo único que buscan es entorpecer el funcionamiento del Gobierno.
“Tengo a un ministro de Relaciones Exteriores, el responsable de la política exterior del país, quien debe organizar y coordinar”, pero no puede salir porque está en la cola para ser cuestionado por razones tontas, afirmó el mandatario, al considerar que lo que más les interesa “es entorpecer el funcionamiento” del Ejecutivo.
El jefe de Estado reiteró que son cinco funcionarios quienes tienen que estar todos los jueves sentados en el Congreso, en vez de estar trabajando en sus carteras. “Esto lo hacen para frenar la capacidad del Gobierno de laborar, y eso al único que daña es al pueblo de Guatemala”, manifestó.
Los titulares de Relaciones Exteriores, Carlos Martínez; de Desarrollo Social, Abelardo Pinto; de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Félix Alvarado, y de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso, esperan rendir cuentas ante el Legislativo, mientras el responsable del despacho de Gobernación, Francisco Jiménez, avanza en el proceso.
El gobernante estuvo acompañado del ministro de Agricultura, Maynor Estrada, con quien abordaron distintos temas; entre ellos, víveres que han entregado a familias que viven en inseguridad alimentaria; apoyo a pequeños agricultores y caficultores y medidas que se están tomando para proteger los cultivos ante el exceso de lluvias.
EN EL PAÍS
Urge a tomar medidas contra los desechos sólidos
Vicepresidenta Karin Herrera exhorta a alcaldes para coordinar esfuerzos para enfrentar la crisis del agua
Durante su participación en el evento Summit 2024 Agua Limpia, Desarrollo Humano, la vicepresidenta Karin Herrera hizo un llamado urgente a los alcaldes para que tomen acciones concretas en la gestión de los desechos sólidos y destacó que este es un aspecto fundamental para la protección de los recursos hídricos.
La vicemandataria instó a asumir su rol con responsabilidad, y subrayó que es necesario dar un paso al frente por sus comunidades, “por la salud y el bienestar de sus jurisdicciones”.
También resaltó la reciente creación del Gabinete del Agua, que busca precisamente ser el espacio de coordinación entre comunas, sector privado, academia y sociedad civil, para generar soluciones concretas que protejan el líquido vital.
“Debemos trabajar unidos”, destacó, e hizo énfasis en que los esfuerzos aislados no son suficientes. Además, se refirió a la importancia de replicar buenas prácticas, como las iniciativas exitosas en la clasificación de residuos que ya se observa en algunos municipios.
Sin embargo, resaltó que aún falta mucho por hacer para garantizar un manejo eficiente que no afecte las fuentes de agua. La funcionaria también destacó que la protección acuífera debe ser una prioridad nacional, con compromisos firmes de todos los sectores. “Es un recurso vital y no podemos seguir fallando en su protección”, afirmó.
Por otra parte, la ambientalista del Movimiento Ciudadano HaciendoECO, Jeanne Samayoa, resaltó la importancia de abordar la contaminación y expresó su preocupación por el impacto en la salud infantil. “Si el 95 por ciento de nuestros ríos está contaminado, ¿cómo vamos a garantizar una vida digna a nuestros niños?”, cuestionó la analista.
Foto: MP
En seguimiento a las investigaciones del caso B410, por defraudación millonaria al Estado, la Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público (MP), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), realizó ayer 11 allanamientos en inmuebles relacionados con nueve empresas acusadas de facturar la venta de bienes y servicios a entidades gubernamentales, con documentos y
direcciones falsas.
Además de los operativos, la Fiscalía presentó en la Contraloría General de Cuentas (CGC) 15 solicitudes de fiscalización que involucran a 13 organizaciones gubernamentales y municipalidades. Dichas instituciones realizaron adquisiciones de productos y servicios a un entramado de corporaciones, según fue expuesto por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en agosto pasado.
De acuerdo con el ente tributario, entre 2021 y 2023, la red realizó ventas por 5 mil 730 millones de quetzales, pero solo declaró 26.9 millones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto Sobre la Renta (ISR).
El MP indaga el uso fraudulento de recursos estatales, ya que la SAT denunció que el 75 por ciento de las 410 empresas involucradas fueron constituidas por el mismo abogado, y todas ellas contaban con el mismo representante legal.
Las pesquisas apuntan a que las compañías presentaban estados financieros con capitales mínimos y una relación de débitos y créditos inferior a lo habitual.
