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EDITORIALES

Fallos cibernéticos que precisan explicaciones

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La decisión del Gobierno de la República, por intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), de ordenar una auditoría forense en las plataformas digitales de la cartera del Tesoro, responde al compromiso asumido por el binomio presidencial de impulsar la rendición de cuentas y el buen resguardo de los recursos estatales.

La medida, obligada ante las sospechas que ha despertado la “repentina” caída del sistema (la primera, ocurrida el 26 de noviembre pasado y, la segunda, el 12 de enero de este año), busca evidenciar la dimensión de los daños y la vulnerabilidad de las plataformas. De esa cuenta, conviene explicar la medida de las autoridades.

Empecemos por advertir que los ataques, imprevistos o provocados, afectaron herramientas que contienen información clave sobre Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Guatecompras) y de Contabilidad Integrada (Sicoin), entre otros. Uno de los sitios registra montos y destinos de los impuestos y, el otro, las metas, indicadores de desempeño e ingresos de los planes operativos anuales (POA) de las instituciones públicas.

En síntesis, se trata de portales que evidencian el correcto o incorrecto uso del dinero, los que, dada su trascendencia, no pueden permitirse manipulaciones arteras o interrogantes en torno a la veracidad de los datos. En este sentido, la exposición que hizo la viceministra de Administración Interna y Desarrollo de Sistemas, del Minfin, Débora Alvarado, permite tener más certeza sobre las expectativas que se tienen sobre los resultados de la auditoría.

“Para desarrollar la investigación se contará con el apoyo de un organismo multilateral para incrementar la transparencia y certeza en el proceso y de los posibles hallazgos”. En fin, nos encontramos frente a un caso que es preciso resolver, para confirmar o desmentir las apreciaciones que instituciones como Transparencia Internacional y el guatemalteco en general tienen sobre la calidad moral de las antiguas autoridades de Gobierno.

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COLUMNAS

Transparencia, pilar fundamental del Gobierno

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Haciendo suyo el lema de que “quien nada debe, nada teme” el presidente
Bernardo Arévalo hizo pública ayer su declaración de estado patrimonial. El hecho, aparte de transparentar el actuar del gobernante, le permite cumplir un ofrecimiento hecho pocas horas después de jurar en el cargo.

La información difundida por Arévalo en su cuenta de X, detalla que tiene activos por
724 mil 614 quetzales, repartidos en cuentas bancarias, alhajas, libros, equipo de oficina y acciones. También, reportó que tiene deudas bancarias que suman 69 mil 238 quetzales.

“A lo largo de estos seis meses, cada acción que hemos tomado ha sido guiada por la transparencia. Hacer pública mi declaración patrimonial es otro paso en esa dirección”, comunicó el mandatario.

Las palabras del Presidente en cuanto a que su gestión ha sido guiada por la transparencia encuentran sustento en el hecho de que en las últimas horas tres ministerios se abstuvieron de adjudicar 15 eventos de compras publicados durante el Estado de Calamidad decretado el lunes pasado por gobernante, el que el jueves fue improbado por el Congreso de la República.

El Artículo 6 de la Ley de Orden Público determina que después de emitido el decreto que establece el Estado de Calamidad el Congreso cuenta con tres días para ratificarlo, modificarlo o improbarlo, pero si el Parlamento se decide por una de las últimas dos, lo actuado con anterioridad tendrá plena validez.

Pese a ello, tomaron la decisión de no adjudicar los eventos, con la finalidad de transparentar cada proceso. Sin embargo, el abstenerse de hacerlo no implica que dejen de atender las emergencias en infraestructura y necesidades urgentes de los guatemaltecos damnificados por las lluvias que han azotado al país.

Por el contrario, Arévalo ofreció redoblar esfuerzos para enfrentar el desafío con los recursos con que cuenta el Gobierno. De hecho, durante el fin de semana ordenó al Ejército que, por medio de su Cuerpo de Ingenieros, coordinara la reparación de la carretera en la aldea Tiucal, Asunción Mita, Jutiapa, lugar donde desde ayer iniciaron labores las fuerzas castrenses.

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EDITORIALES

Los corruptos muestran la cara para bloquear la gestión del Gobierno

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«Vimos al monstruo de cerca y de frente”. Con esas palabras resumió Félix Alvarado, encargado del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), la más reciente mafia descubierta por el actual Gobierno, la cual intentó hacerse de otro millonario negocio a costa del erario.

La intentona corrupta denunciada por el presidente Bernardo Arévalo y el funcionario citado precedió a la decisión de 95 diputados, quienes bloquearon el Estado de Calamidad propuesto por el Ejecutivo, con el cual se agilizarían los trabajos para reparar o reconstruir carreteras y puentes afectados por las intensas lluvias y por las deficiencias en las obras pactadas por el Gabinete de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez.

La nueva estructura criminal identificada en el CIV, denunciada ayer por Arévalo y Alvarado, evitó que el Gobierno adjudicara, de manera transparente y a precios de mercado, los trabajos para reparar el socavón ocurrido en el kilómetro 44, ruta Palín, Escuintla. Las acciones ilegales y descaradas de esta mafia, que vieron imposible continuar el saqueo del presupuesto, llegaron al colmo de persuadir a uno de los tres integrantes de la Junta Calificadora de ofertas, a fin de que no autorizara las labores para rehabilitar el tramo vial mencionado.

Es evidente que los criminales de cuello blanco y conciencia negra, cual murciélagos, se sacuden al ver que la transparencia y la probidad que alumbran las compras del Estado y hacen lo imposible para evitar que se consolide la nueva primavera, una época que va en contra de sus insanos intereses y sus convicciones de vida.

Ayer, 95 congresistas le dieron la espalda a sus electores, porque, como lo afirmó el mandatario, prefieren la ruina del país a perder sus privilegios y ventajas, las mismas que, consideramos, les permiten lucir relojes, pulseras, cadenas y trajes imposibles de comprar con el salario decente de un trabajador del Estado.

Guatemala seguirá avanzando, pese a la oposición desvergonzada de los hampones, quienes aunque hacen todo por marchitar prematuramente la nueva primavera, no podrán evitar que
esta nación florezca y prospere como lo merecen sus pobladores.

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EDITORIALES

Los diputados tienen en sus manos remediar las tragedias del pueblo

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Los congresistas tienen hoy otra cita con la historia y con el país. En sus manos está la aprobación del Estado de Calamidad, decretado por el Organismo Ejecutivo, el cual busca enfrentar los daños que las intensas lluvias han provocado en carreteras y puentes de todo el país.

Muchos de los parlamentarios, que hoy votarán a favor o en contra de la medida, vivieron experiencias similares durante la administración de Alejandro Giammattei, las que respaldaron y decidieron prorrogar como apoyo al Gobierno de turno, que necesitaba recursos monetarios para reparar o reconstruir infraestructura.

De hecho, durante las presidencias legislativas de Allan Rodríguez y Shirley Rivera, del partido Vamos, pasaron cuatro Estados de Emergencia, lo que permitió a Giammattei y su Gabinete desembolsar 3 mil millones de quetzales, el 90.2 por ciento de estos recursos erogados por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), según datos de Guatecompras.

Con dicho monto, la referida cartera atendió la red vial, supervisó proyectos, volvió a levantar puentes, rehabilitó caminos y remozó escuelas, víctimas del desborde de ríos y derrumbes causados por la saturación de los suelos. Al menos eso justificaron, aunque la calidad y precios de mercado de las construcciones están en entredicho.

El Estado de Calamidad que conocerá hoy el Pleno no es un cheque en blanco y tampoco permite hacer fiesta con los recursos. La iniciativa precisa las entidades que pueden realizar las erogaciones; de hecho, solo son cuatro: los ministerios de Comunicaciones, Salud y Agricultura y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). Además, esas inversiones deben concentrarse en atender destrucciones generadas por los aguaceros e imponen condiciones que ayudan a fiscalizar y a rendir cuentas.

El proyecto mencionado recibió el respaldo del presidente de la Asociación Nadional de Municipalidades (Anam), así como de alcaldes que requieren capital para asumir sus compromisos ante los electores. Finalmente, conviene reiterar que la cita de los congresistas es con la vida y el bienestar de los guatemaltecos, quienes esperan que aquellos que en junio de 2023 pidieron su voto hoy sean recíprocos y consecuentes con sus tristezas.

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