El sacerdote nicaragüense Floriano Ceferino Vargas, de la diócesis de Bluefields en el Caribe sur de Nicaragua, fue expulsado de su país tras ser detenido por la Policía Nacional en medio de tensiones entre el Gobierno del presidente Daniel Ortega y la Iglesia católica, denunció este la organización Monitoreo Azul y Blanco.
“El sacerdote Floriano Ceferino Vargas fue desterrado y enviado a Panamá”, indicó esa organización que se define como un equipo interdisciplinario que registra y consolida denuncias de violaciones a derechos humanos vinculados al contexto político que vive Nicaragua desde abril de 2018.
El sacerdote, que está a cargo de la parroquia San Martín de Porres, en el municipio de Nueva Guinea, de la Región Autónoma del Caribe Sur, fue detenido después de oficiar una misa la tarde del domingo 1 de diciembre.
“El destierro es un crimen de lesa humanidad”, señaló, por su lado, en X el dirigente campesino desnacionalizado Medardo Mairena, quien confirmó que el sacerdote, que dirige una parroquia de donde él es originario, fue desterrado a Panamá.
De momento, ni el Gobierno de Nicaragua ni la Policía Nacional han ofrecido sus versiones sobre la denuncia de esa detención y posterior expulsión, y generalmente no suelen pronunciarse.
Ese caso ocurre luego de que los obispos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, integrantes del Secretariado Episcopal de América Central (Sedac), convocaran para el 8 de diciembre a una “jornada centroamericana de oración por la Iglesia en Nicaragua. ‘Gritamos con Nicaragua’. Si un miembro sufre, todos sufrimos con él (1Cor 12,26)”, que “afronta una desafiante realidad”.
El Papa reconoce las “dificultades” de la Iglesia en Nicaragua
El papa Francisco expresó su “cercanía” a los fieles de Nicaragua ante “las dificultades, incertidumbres y privaciones” que viven: “Estoy con ustedes”, escribió en una carta publicada el lunes, en un momento de tensas relaciones entre la Iglesia y el Gobierno de Ortega, que encarcela y destierra a curas y suspendió las relaciones con la Santa Sede.
Las relaciones entre el Vaticano y Managua atraviesan momentos de gran animadversión: el papa llegó a denunciar el “desequilibrio” de Ortega y a su régimen de “dictadura grosera”. Este, a su vez, acusó al Vaticano de formar parte del “conglomerado del fascismo” y ha disuelto y expropiado a la Compañía de Jesús, los jesuitas, la orden de Francisco.
El pasado 13 de noviembre, el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, el obispo Carlos Enrique Herrera, fue expulsado del país tras denunciar en una misa el sacrilegio del alcalde sandinista del municipio de Jinotega, Leónidas Centeno.
Herrera, de 75 años, quien fue enviado a Guatemala, se convirtió en el tercer obispo nicaragüense en ser expulsado de su país en el último año. Los otros son los obispos excarcelados Rolando Álvarez, de la diócesis de Matagalpa (norte), e Isidoro Mora, de la diócesis de Siuna (Caribe).
El nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, y al menos 136 sacerdotes de las diferentes diócesis nicaragüenses han sido expulsados del país o han sido obligados al exilio, según la V entrega del estudio ‘Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?’, de la investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina.
Ese estudio indica que, hasta agosto pasado, 245 religiosos habían sido obligados al exilio o habían sido expulsados de Nicaragua desde que estalló la crisis social y política en abril de 2018.
De ellos, 19 religiosos nicaragüenses, entre estos los obispos Álvarez y Báez, y otros 14 sacerdotes, han sido declarados “traidores a la patria” y despojados de su nacionalidad.
Según la ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más, la Iglesia católica de Nicaragua sufre la peor represión de su historia con el Gobierno sandinista.
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