La remoción de al menos 85 fiscales de diferentes unidades operativas del Ministerio Público (MP), incluidos de la Fiscalía de Derechos Humanos, generó críticas de defensores y organizaciones, quienes consideran que estas acciones responden a un intento sistemático de debilitamiento institucional.
Jorge Santos, director de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), calificó las medidas como parte de un proceso de debilitamiento del MP.
“Desde su ingreso hasta la fecha, la Fiscal General se ha dedicado a desmantelar el MP con fines de cooptar los espacios institucionales en las propias fiscalías y dirigir las investigaciones para garantizar impunidad a actores vinculados a la corrupción”, afirmó Santos.
Entre el personal cesado se encuentran miembros del equipo que solicitó la sentencia condenatoria en el caso de Benedicto Lucas García, por presunto genocidio, lo que podría dejar a las víctimas en una situación de vulnerabilidad.
Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), rechazó la discrecionalidad en los retiros y la aparente falta de respeto a los procedimientos internos del ente investigador.
“Es preocupante que exista total discreción para las destituciones y no se respeten los procedimientos establecidos”, señaló. Rodenas enfatizó que la desarticulación de la Fiscalía de Derechos Humanos deja a las víctimas sin herramientas para buscar justicia.
Según publicaciones de medios electrónicos, el MP justificó los despidos diciendo que los fiscales de sección son personal de libre nombramiento y remoción. Según nota publicada por Prensa Libre, la decisión fue tomada “en virtud de la evaluación constante del trabajo, de las necesidades en el servicio, así como del constante fortalecimiento y el continuo mejoramiento del MP como institución”, con el objetivo de brindar “un servicio de calidad y excelencia a la población guatemalteca”.
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