La nueva magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC) asume funciones en un momento de pérdida de confianza y una agenda de temas críticos que parten desde validar o no la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos (USAC) hasta asegurar elecciones limpias y transparentes en 2027, citaron juristas consultados por Diario de Centro América (DCA).
Las opiniones también incluyen el polémico concepto de corte celestial, el exceso de facultades que ha llevado al máximo tribunal a legislar, la mora judicial y la urgencia de recuperar la independencia frente a la criminalización y la conflictividad social que reina en el país.
Algunos expertos coinciden en darle el “beneficio de la duda” a los magistrados que tomarán posesión mañana y que tendrán la oportunidad de consolidar una CC “articulada, congruente y sólida”.
Los magistrados fueron electos en procesos diferentes por el presidente de la República en Consejo de Ministros, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos (USAC) y el Organismo Legislastivo. Anabella Morfín, magistrada designada por el Ejecutivo presidirá la alta Corte al inicio de la gestión, cargo en el que permanecerá un año (vea infografía: Los perfiles de la nueva Corte).
Los retos
Alfonso Cabrera, quien formó parte de la Asamblea Nacional Constituyente de 1984-1985, aseguró que el reto más cercano será “el fraude ocurrido en la USAC”.
“Creo que ellos, para dar una buena muestra de una actitud distinta, deberían intervenir inmediatamente en la Universidad de San Carlos y enmendar lo que hay que corregir de forma rápida”, remarcó.
Similar opinión externó el abogado constitucionalista Luis Fernández Molina: “Deben resolver todo lo acontecido en la USAC, en sentido de representantes, votantes y demás cuestiones”.
El jurista añadió que dicha institución tendrá un papel fundamental en el próximo ciclo político, pues deberá estar preparada para lidiar con las impugnaciones e inscripción de candidatos de cara a los comicios de 2027. Según Molina, el tribunal tiene que ser “robusto y sólido” para resolver conforme a la Constitución Política de la República.
Alejandro Rodríguez, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (Iccpg), apuntó hacia la urgencia de frenar la criminalización de operadores de justicia y periodistas. “Esperamos que no se permitan acciones que vayan contra opositores políticos y que rompa la cooptación que existe actualmente en el sistema de justicia”, puntualizó.
Rodríguez agregó que la conflictividad social será otro reto, especialmente, en lo relativo al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y los conflictos de tierras.
A su criterio, la Corte debe recuperar su rol como garante de los derechos humanos, a fin de evitar que continúe la expropiación de recursos y territorios de forma arbitraria.
El constitucionalista Gabriel Orellana también hizo énfasis en la gestión interna y académica de la dependencia. Consideró que el desafío principal será abatir la mora judicial que asfixia a los letrados practicantes, además de retomar la obligación constitucional de divulgar y fomentar la educación constitucional a todo nivel, sobre todo, en las generaciones más jóvenes.
Confianza y duda
Cabrera expresó que otra tarea fundamental será defender los derechos constitucionales de los ciudadanos. Juzgó que los anteriores letrados interpretaron la ley “a su favor y antojo” y emitieron fallos “contrarios a la Constitución y el Estado de derecho”.
Mynor Lorenzo, analista de Guatemala Visible, trajo a colación que cuando se establecieron las primeras magistraturas, a finales de los ochenta, había un alto nivel de confianza, lo cual, en los tiempos recientes, es todo lo contrario.
“En los últimos años hemos visto altos cuestionamientos y algunos fallos muy particulares, pero no es algo propio de la CC, sino de la institucionalidad del Estado”, resaltó Lorenzo.
Pese al ambiente de desconfianza, el analista coincidió en que la llegada de la nueva magistratura abre una ventana de oportunidad. Según Lorenzo, es vital darle el “beneficio de la duda” a los representantes, con la esperanza de que recuperen la confianza del pueblo.
Rodríguez aseveró que la magistratura saliente, “con decisiones terribles en muchos aspectos, traicionó su obligación de defender la democracia, los derechos humanos y la Constitución”. Sin embargo, valoró que hasta 2021 “había tenido un excelente papel en defensa de la democracia”.
El jurista expresó que los magistrados Roberto Molina Barreto y Dina Ochoa, electos por el Congreso y la CSJ, respectivamente, quienes vienen de la anterior Corte, fueron reelectos por “sus vínculos con estructuras
criminales”.
A pesar de ello, al igual que Lorenzo, llamó a dar el beneficio de la duda. “Hay mucha esperanza en que los otros tres miembros pueden venir a darle una oxigenación y cumplan con su mandato”, apuntó el experto del Iccpg.
“Corte celestial”
El término de la “corte celestial” fue otro punto de crítica de los expertos. Esta denominación se refiere a la percepción de que la CC se ha situado por encima de los tres Poderes del Estado, con fallos que sobrepasan sus facultades.
Al respecto, Alfonso Cabrera enfatizó que la Constitución reconoce a los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial como los mandos únicos, al tiempo que prohibe la sumisión. “Pero la CC le ordena al Presidente de la República, al Congreso y al Organismo Judicia. Quita y pone, convoca, hace lo que le da la gana, sin atender el texto constitucional”, advirtió el entrevistado. Fernández Molina reafirmó que el tribunal ha dado instrucciones fuera de lo que tiene establecido. Recordó la resolución de 2018, que le requirió al entonces presidente Jimmy Morales que detuviera la expulsión de Anders Kompass, embajador de Suecia en aquellos días.
“No se puede negar que la Corte ha cometido abusos y, obviamente, ha creado y formulado interpretaciones que, para ojos expertos, son realmente inaceptables”, precisó Orellana.
El también excanciller mencionó que la aludida institución debe “enmendar ciertos criterios interpretativos. Juzgó que el tribunal no debe desaparecer, si no modificarse en cuestiones como la reelección y que la entrega de cargos no sea el mismo día para todos, porque anquilosa los criterios jurisprudenciales.
Lorenzo manifestó que, para evitar la continuidad de la “corte celestial”, los magistrados deben apegarse en lo establecido en los cinco artículos de la Constitución que definen sus funciones (del 268 al 272).
“Si queremos retomar el rumbo, los nuevos funcionarios no deben salirse de sus funciones y no entrar a aspectos propios de los organismos del Estado”, concluyó.
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