miércoles , 27 noviembre 2024
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Experiencias y buenas prácticas sobre discapacidad

Consejo Editorial Conadi

La implementación de programas y aprobación de leyes relacionadas con la certificación, desinstitucionalización y
autonomía de las personas con discapacidad son temas pendientes en Guatemala, para garantizar el cumplimiento de los derechos de este importante sector poblacional.

En la actualidad existe un plan de acción sobre discapacidad, que ha tenido avances pero también ha encontrado obstáculos en su aplicación, una ruta de desinstitucionalización de niños, niñas y adolescentes con discapacidad que busca implementarse, y una iniciativa de ley sobre Certificación de Discapacidad en el Congreso de la República pendiente de discusión. 

Proyectos que, al darles la debida importancia, marcarían un avance real en el modelo de vida desde el enfoque de derechos humanos en pro de la población con discapacidad. En la región hay países que han avanzado en los temas señalados, como Costa Rica, nación que cuenta con una Ley sobre Autonomía Personal, donde la capacidad jurídica es la esencia de la normativa, y un decreto sobre la certificación, que permite identificar a la población con discapacidad y su inclusión en planes y proyectos sociales. Además de contar con programas relacionados con la desinstitucionalización de las personas con esta condición.

En la región, hay países que han avanzado en estos temas, como Costa Rica.

En ese contexto, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad de Costa Rica (Conapdis), con el apoyo de la embajada de ese país acreditada en Guatemala, el Instituto Republicano Internacional y la coordinación con el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi) desarrollaron tres sesiones de intercambio de experiencias y buenas prácticas.

La participación de representantes de la Secretaría de Bienestar Social, Procuraduría de Derechos Humanos, Organismo Judicial, Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, Comisión de Asuntos de Discapacidad del Legislativo y organizaciones de personas con discapacidad, evidencian el interés de trascender en el cumplimiento de los derechos del sector.

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