“No se puede pensar en una reforma del sistema de justicia sin pensar en una igual y profunda al Ministerio Público (MP)”, es una de las conclusiones plasmadas en el informe reciente del Panel de Expertos Independientes (PEI).
El PEI, además, sugiere retomar la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre llevar a cabo un diagnóstico del MP, que debe incluir al Poder judicial.
Basado en este y otros documentos emitidos recientemente, el presidente Bernardo Arévalo ha denunciado que la Fiscalía ha desviado su función principal al accionar de manera ilegal contra funcionarios, exfuncionarios, periodistas y defensores humanitarios, razón por la cual anunció que las fuerzas del orden no ejecutarán diligencias que carezcan de fundamento.
El panel hizo un llamado a la comunidad internacional en general, a la Organización de los Estados Americanos (OEA), la CIDH y las Naciones Unidas para que continúen el desarrollo de mecanismos de observación, asistencia técnica, fortalecimiento institucional y protección a operadores de justicia.
Asimismo, reiteró la importancia de su apoyo a la implementación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para evaluar y acompañar el proceso de transformación del MP.
La entidad también resaltó que es clave el rol de la cooperación en la promoción de cambios importantes que fortalezcan el sistema judicial con base en los estándares internacionales y la condena de todo acto de criminalización que impida un avance democrático en Guatemala.
“El Ejecutivo está comprometido en cumplir la ley y evitar órdenes que vulneren derechos fundamentales”. Santiago Palomo Secretario de Comunicación de la Presidencia
Más alertas
El 14 de agosto pasado, la entidad WOLA se pronunció por las amenazas del MP de perseguir a los integrantes de las comisiones de postulación de las cortes Suprema de Justicia y de Apelaciones.
“Reconocemos la labor de los presidentes de las postuladoras, quienes, en cumplimiento de su mandato, unieron esfuerzos para que el proceso avanzara pese a las dificultades y las amenazas del Ministerio Público de iniciar investigaciones penales contra los integrantes de las instancias”, detalló.
En su oportunidad, la misión de observación de la OEA a la designación de togados, señaló que el proceso dista mucho de estar alineado con los estándares internacionales.
“A diferencia de lo que establecen estos, entidades claves como la CIDH han documentado las acciones e interferencias indebidas y arbitrarias por parte de la Fiscalía en la independencia del Poder judicial”, citó.
Constitución lo avala
Gabriel Orellana, analista político y excanciller, manifestó: “A mi manera de ver, lo que dijo el Presidente tiene un fundamento constitucional. Es el principio de legalidad que está en los artículos 152 y 154 de la Constitución Política de la Republica. Adicionalmente, hay otro, el cual es que nadie puede, contra la existencia de la ley, alegar que las ignora, de tal manera que su afirmación es muy sensata y no es solo el MP, sino otras autoridades que pueda dictar disposiciones ilegales”.
En cuanto a la reunión que pidió el gobernante con la fiscal Consuelo Porras, Orellana consideró que es parte de implementar, adecuadamente, el mandato de cooperación interinstitucional que debe existir entre los distintos organismos y entes del Estado.
“La ley establece que si son órdenes ilegales, se pueden desobedecer; eso lo dice la legislación”, expresó la diputada Andrea Villagrán, del Movimiento Semilla. Agregó que ya se trabaja en un mecanismo para determinar qué medidas son ilícitas.
Samuel Pérez, del mismo partido, indicó que el dignatario ha marcado la línea de acciones iniciales sobre el actuar del MP, por lo que el bloque lo estará respaldando desde el Parlamento para contener ataques.
“Creo que no hay que dejar espacio abierto para que la Fiscalía se sienta con total impunidad en hacer lo que quiera con el pueblo, y tampoco el juez Fredy Orellana”, advirtió.
La parlamentaria Sonia Gutiérrez, del Movimiento Político Winaq, agregó que el Legislativo ha mostrado poco interés por aprobar las reformas al Decreto 40-94, Ley Orgánica del MP, la cual restablece los parámetros establecidos en la Constitución para la remoción de Porras.
“Vemos que el MP ha jugado un papel selectivo en los últimos años, estando al frente la señora Porras. Hay una amenaza al Estado de derecho, la justicia y la libertad de expresión, como se evidencia en la persecución de Jose Rubén Zamora”, manifestó Gutiérrez.
“El Ministerio Público lamenta las declaraciones del presidente Bernardo Arévalo, mismas que constituyen un intento de vulnerar la autonomía e independencia que la Constitución y la legislación guatemalteca otorgan a la Fiscalía…”, refirió la institución en un comunicado.
El documento añade que ninguna autoridad podrá dar instrucciones al jefe del MP o sus subordinados respecto a cómo efectuar la investigación penal, así como limitar el ejercicio de la acción, salvo las facultades que la ley le concede a los tribunales de justicia.
Preocupa persecución de periodistas
Julieta Cárdenas, presidenta de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), expresó que se respeta la independencia de Poderes, pero como profesionales de la información consideran ilegal que se persiga a un periodista por el hecho de informar.
Puso como ejemplo el caso de Jose Rubén Zamora. Son ilegales todas estas acciones que se están tomando contra él o los más de 20 comunicadores en el exilio, pero el recurrente no es el MP en este caso, es la Fundación contra el Terrorismo, manifestó.
Añadió que interpusieron una acción constitucional de amparo para que los cazanoticias que crean que han cometido alguna falta sean juzgados en tribunales de imprenta y no por una ley de crimen organizado.
Necesario un diálogo
José Chic, diputado de la bancada VOS, consideró que el jefe de Estado debe convocar un gran diálogo nacional que incluya a todos los sectores convenientes, con la finalidad de proponer una línea estratégica de acción para que no se siga instrumentalizando la institución con fines políticos y de persecución.
“Se ha presentado un montón de denuncias sobre actos de corrupción del gobierno anterior, por parte del Ejecutivo y Legislativo, por varios millones de quetzales, y vemos que el Ministerio Público no les da seguimiento; incluso trata de desestimar algunas y eso no es adecuado para un tema de democracia y justicia”, refirió.
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