lunes , 2 diciembre 2024
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Exilio de Laparra elevó el repudio contra la Fiscal General y el OJ

Pocas veces en la historia democrática de Guatemala, alguna persona o institución habían generado tanto rechazo o concentrado el repudio que existe contra la jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y algunos magistrados y jueces del Organismo Judicial (OJ).

Las antipatías hacia estos funcionarios son tan rotundas como merecidas. Sus nombres y apellidos están ligados, de manera automática, con la corruptela e impunidad, al punto que una buena parte de compatriotas desea y espera que, en un futuro cercano, enfrenten la justicia y respondan por las presuntas persecuciones políticas emprendidas.

Un reciente artículo divulgado ayer por EFE, la agencia internacional de noticias española, dimensiona la gravedad de lo que ocurre en esta nación, producto de los arreglos entre un grupo de corruptos que cooptó el Estado con el único propósito de saquear, de forma impune, el erario y perseguir a quienes consideran sus rivales o críticos.

Así las cosas, desde 2019, al final de la trágica gestión de Jimmy Morales, y hasta 2023, durante el régimen déspota de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez, más de 50 operadores de justicia, periodistas, líderes indígenas y defensores de derechos humanos han salido al exilio para evitar o detener el despiadado hostigamiento que ejerce el MP, el cual acuerpan jueces y magistrados cegados de poder y venganza.

Lo cierto es que la decisión que tomó la exfiscal Virginia Laparra de abandonar el país, forzadamente, se convirtió en la gota que colmó la paciencia de los ciudadanos que luchan por construir un Estado en el que impere la decencia y promueva el desarrollo integral e inclusivo.

Esta mayoría de compatriotas, que se hizo oír por medio de activistas y representantes de gremios, a quienes se unieron dirigentes del mundo, reparó en la trascendencia del trabajo de las comisiones de postulación para seleccionar aspirantes a jueces y magistrados, las que, en primera instancia, tienen en sus manos sanear un sistema y expulsar a quienes se ganaron el repudio generalizado de una nación.

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