MUNDO
Evo Morales afirma que hay 4 procesos en su contra y que Arce quiere extraditarlo a EE. UU.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales(2006-2019), denunció este viernes, en su primera conferencia de prensa tras conocerse que tiene una denuncia por presunta violación, que existen cuatro procesos judiciales en su contra, uno de estos por trata, tráfico y estupro, además afirmó que el Gobierno de Luis Arce quiere «extraditarlo» a Estados Unidos.
«Después de la marcha empiezan cuatro procesos a Evo (Morales), antes de la marcha no habían procesos», aseguró el también líder del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) en la ciudad de Cochabamba, uno de sus bastiones políticos y sindicales.
Morales se refirió a la marcha que lideró en septiembre, en la que con miles de sus seguidores recorrió 187 kilómetros hasta llegar a La Paz, y después de siete días de caminata el exmandatario le advirtió a Arce que si «quiere seguir gobernando» debía cambiar a varios de sus ministros.
Esa acción fue calificada por el Ejecutivo como un intento de acortar el periodo presidencial de Luis Arce por parte de Morales.
Asimismo, Morales señaló que el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, «está insinuando» con llevarlo «fuera de Bolivia», algo que relacionó con el caso de su exjefe antidrogas, Maximiliano Dávila, quien tiene un requerimiento de extradición en Estado Unidos por narcotráfico.
Morales enfrenta una investigación por presuntamente «violar a una menor de 15 años» y de crear una red de jóvenes para tener a su disposición durante su presidencia que habría llamado ‘Generación Evo’.
El caso se dio a conocer el miércoles tras la denuncia de la fiscal departamental Sandra Gutiérrez, quien afirmó que fue retirada de su cargo por el fiscal general, Juan Lanchipa, para evitar la captura de Morales.
Lanchipa fue cuestionado por el Gobierno de Arce por está acción y varios ministros le exigieron explicaciones.
Morales dijo que dicho caso es del 2020 y que fue activado durante el Gobierno interino de Jeanine Áñez (2019-2020), pero que fue rechazado por la fiscalía.
«Áñez usando el Ministerio de Justicia ya me procesó, ya me investigó y se demostró que no había nada», recalcó el exjefe de Estado.
El expresidente manifestó que los otros procesos en su contra son por la marcha que protagonizó, por la que se le acusa por instigación pública a delinquir, por daños a la infraestructura caminera y la utilización en la caminata de un vehículo de lujo, propiedad de una persona con antecedentes de narcotráfico.
«Lamentablemente en Bolivia no tengo libertad de expresión ni de locomoción», indicó.
Tras la conferencia Morales escribió en la red social X, «el Gobierno prefiere dedicar sus últimos meses de gestión en buscar proscribir al instrumento político que lo llevó a la presidencia e inhabilitar a quien ellos consideran su principal adversario: Evo».
Y sentenció, «por este motivo, luego de la Marcha para salvar Bolivia, activaron de forma simultánea 4 procesos penales para buscar mi aprehensión, pues creen que enviándome a la cárcel, callarán la voz de un pueblo descontento con una gestión que arrastró al país a la quiebra».
Arce y Morales libran una larga batalla por el control del MAS y el Ejecutivo boliviano, y desde 2021 se encuentran alejados también por una pugna por la candidatura presidencial del partido para las elecciones del próximo año.
Los dos políticos se culpan el uno al otro por la crisis económica que atraviesa Bolivia, por la falta de dólares, el encarecimiento de varios productos de consumo diario y por la escasez constante de combustible.
EFE
El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia se reivindicó como presidente electo de Venezuela y adelantó que el próximo 10 de enero estará de regreso en su país para tomar posesión como presidente.
González Urrutia manifestó esa intención hoy en rueda de prensa tras participar en el Foro La Toja-Vínculo Atlántico celebrado en la localidad española de O Grove, donde subrayó que su estancia en España es temporal.
Al preguntarle cuándo prevé regresar a su país señaló que lo más pronto posible, cuando se pueda recuperar la democracia.
Poco después es cuando recordó que el 10 de enero es la fecha constituyente prevista para la toma de posesión del presidente tras las elecciones del 28 de julio, y espera que ese día él pueda asumir la voluntad popular expresada en las urnas por ocho millones de venezolanos.
«Yo voy a ir el 10 de enero a tomar posesión de mi cargo como presidente electo de Venezuela», recalcó a continuación.
Respecto al futuro que puede tener el actual mandatario, Nicolás Maduro, comentó que «él que él desee».
«Yo ahí no me meto», agregó para apuntar posteriormente, ante la hipótesis de que Maduro pueda permanecer libremente en Venezuela, que «lo que él desee si acepta las condiciones y respeta la Constitución».
Ante las comparaciones con lo vivido en su día por el también opositor Juan Guaidó, quien fue reconocido por varios países, entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea, como presidente encargado de Venezuela, dijo que las situaciones son distintas, ya que este fue elegido por la Asamblea y él tiene el respaldo de las urnas.
Alzar la voz para denunciar
González Urrutia, que llegó a Madrid a principios de septiembre para pedir asilo tras denunciar fraude electoral en su país, explicó que tuvo que abandonarlo ante una persecución política con «presiones inenarrables y amenazas extremas» a él y a su familia, en el que aseguró que ha sido el capítulo más difícil y exigente de su vida.
Pidió a la comunidad internacional que reconozca el resultado de las elecciones presidenciales después de que el Centro Carter, la organización estadounidense que fue observadora en los comicios, hiciera públicas el pasado miércoles actas de votación «originales» que apuntan al triunfo de González Urrutia con 67 % de los votos, frente al 31% de Maduro.
En Venezuela, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, sostiene que Maduro ganó esas elecciones, a pesar de que no ha publicado las actas con los resultados desagregados.
González Urrutia aseguró que ahora le corresponde alzar la voz desde la responsabilidad que le confiere su carácter de «presidente electo, así reconocido -dijo- por millones de venezolanos, ocho millones para ser exactos, y por buena parte de la comunidad internacional».
Explicó que más de 30 países, entre ellos España, firmaron la pasada semana una declaración tras una reunión auspiciada por Estados Unidos y Argentina «reconociéndome como presidente electo».
El texto de esa declaración se refería a González Urrutia como la persona que ganó «la mayoría de votos» de acuerdo a «las actas electorales disponibles públicamente».
«Cada día surgen más respaldos a mi candidatura como presidente electo. Y los que faltan por sumarse en próximas fechas. Yo estoy muy complacido», subrayó.
No obstante, pidió a España que «con más empeño que nunca» presione junto a la comunidad internacional para que en Venezuela se haga valer y respetar la soberanía popular expresada el 28 de julio.
EFE
La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó que solicitó el apoyo de la Interpol y asistencia jurídica internacional a Guatemala con relación a la muerte de seis migrantes de Egipto, Perú y Honduras por parte de militares en el estado de Chiapas.
La noche del pasado martes, agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) intentaron detener tres vehículos sospechosos en la frontera de México con Guatemala, mientras los ocupantes se dieron a la fuga, desatando una persecución.
Según el informe de las autoridades militares, durante el operativo, los agentes castrenses fueron atacados y, al repeler la agresión, lograron detener una camioneta con 33 personas a bordo.
Cuatro de ellas ya habían fallecido en el lugar, mientras que dos más perdieron la vida en el hospital debido a las heridas.
La Fiscalía mexicana confirmó que, por estos hechos, los agentes del Sedena involucrados fueron puestos bajo arresto y están bajo investigación.
En tanto, la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH) desplegó un equipo de agentes del Ministerio Público, policías, peritos y psicólogos en la ciudad de Tapachula, Chiapas, para llevar a cabo las diligencias necesarias.
Además de la solicitud a la Interpol, las autoridades mexicanas requirieron información al Instituto Nacional de Migración (INM) sobre el caso y pidieron la colaboración de los consulados de los países de origen de las víctimas, la mayoría de los cuales provienen de Cuba, Nepal, Pakistán, India y Egipto.
Por la mañana, la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abordó el incidente en su primera declaración pública desde que asumió el cargo. Durante un evento oficial en el Campo Militar Marte, en Ciudad de México, la mandataria aseguró que las Fuerzas Armadas respetarán los derechos humanos durante su mandato, reafirmando que no se tolerarán violaciones a las garantías constitucionales.
“Tengan la certeza de que por nuestro origen humanista, nunca emitiré orden alguna que vulnere el orden constitucional o los derechos humanos del pueblo de México”, subrayó Sheinbaum en el marco de su primer saludo oficial como “comandanta suprema de las Fuerzas Armadas”.
EFE
Los ministros del Interior del G7, las siete democracias más industrializadas del mundo, acordaron este viernes colaborar en la lucha contra las mafias que se enriquecen con la inmigración y se comprometieron a vigilar su promoción en internet.
«Debemos prestar atención a la dimensión virtual de los viajes ofrecidos por los traficantes de seres humanos y que a menudo son publicitados en las redes sociales», sostuvo el ministro anfitrión, el italiano Matteo Piantedosi, en la rueda de prensa final.
La cumbre, celebrada en los últimos tres días en la localidad italiana de Mirabella Eclano, ha terminado con una declaración conjunta y con un Plan de Acción anexo para «prevenir y contrarrestar el tráfico irregular de inmigrantes».
El Plan del G7 (Alemania, Canadá, Francia, Estados Unidos, Italia, Japón y Reino Unido) se centra en ese fenómeno, crucial sobre todo para el país anfitrión, destino de la ruta migratoria del Mediterráneo central en la que operan las mafias del norte africano.
En primer lugar, se comprometen a reforzar sus operaciones contra estos traficantes de seres humanos, colaborando y compartiendo información entre los países que se consideren afectados, pero también controlando la presencia de estas mafias en la red.
En concreto, el G7 quiere colaborar con las redes sociales para «evitar que se usen para facilitar el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas» y pedirán a estas plataformas que «hagan más» para responder a eventuales contenidos promocionales.
En este sentido, quieren que se «elimine rápidamente la actividad en línea de contrabandistas que promueven la migración irregular y ofrecen servicios de transporte ilegales» a los inmigrantes.
Asimismo el G7 coincide en la necesidad de impulsar una mayor colaboración entre policías y funcionarios judiciales en las fronteras para hacer frente a estas bandas.
El comunicado final de la cumbre también propone acciones para «los desafíos surgidos» de crisis internacionales como la guerra en Ucrania, entre los que destacan «la prioridad» de proteger a los desplazados o aplacar la difusión por internet de noticias falsas o manipuladas por el Gobierno ruso y «otros».
