Patricia Joachín Viceministra de Ingresos y Evaluación Fiscal Ministerio de Finanzas Públicas [email protected]
Según cifras de Fitch Ratings (noviembre, 2025), 62 países cuentan con la calificación de grado de inversión; 39 pertenecen a mercados desarrollados y 23 a mercados emergentes. Estos países comparten dos credenciales: una resiliencia económica demostrada y una sólida capacidad de pago para hacer frente a eventos negativos. En el contexto latinoamericano, las estrellas emergentes para alcanzar el grado de inversión son Costa Rica, República Dominicana, Paraguay y Guatemala. Los perfiles crediticios de estas economías exhiben desafíos comunes como el consolidar y mejorar la dinámica del crecimiento, mejorar la gobernanza, reforzar la credibilidad fiscal, profundizar las bases de los ingresos fiscales y consolidar la flexibilidad financiera en moneda local y en el mercado local.
Guatemala cuenta con varios activos a favor en materia de calificación crediticia. En el plano económico, el crecimiento fue superior a lo previsto, alcanzando el 4.1 % en 2025, que ha sido respaldado por un marco de políticas económicas creíbles.
Guatemala cuenta con varios activos a favor en materia de calificación crediticia. En el plano económico, el crecimiento fue superior a lo previsto, alcanzando el 4.1 % en 2025, que ha sido respaldado por un marco de políticas económicas creíbles. En el plano institucional, el país continúa mejorando su posicionamiento en los principales rankings internacionales de transparencia, y los desafíos de gobernabilidad están siendo abordados de manera progresiva por la administración Arévalo, gracias a un enfoque consensual anticorrupción. En el plano fiscal, Guatemala es altamente valorada por su disciplina histórica; la recaudación continúa superando al PIB nominal, indicando progreso en el cumplimiento tributario, y su posición fiscal se mantendrá sólida a pesar del aumento del gasto en desarrollo humano e inversión.
Mejorar la institucionalidad y la gobernanza son las piezas clave para Guatemala. Desde lo fiscal, la aprobación de la modificación presupuestaria en 2026 constituye una mejora tangible en el fortalecimiento institucional, permitiendo asegurar una mayor movilización de ingresos, garantizar la continuidad de la prestación de los servicios e inversión y la aplicación de mecanismos para agilizar la gestión de proyectos de inversión nacional y local. También es importante la fluidez del proceso de elecciones de segundo término y la designación de personas creíbles para consolidar un Estado de derecho más sólido y confiable, lo cual es fundamental para la credibilidad del sector público y la atracción de inversiones.
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