El combate a los hechos criminales es una tarea prioritaria para el gobierno del presidente Bernardo Arévalo y del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda. Es un esfuerzo en el que cada mes se propinan golpes que merman a los delincuentes.
Las estadísticas revelan que se transita por el camino correcto. La cantidad de extorsiones lleva siete meses en una clara tendencia a la baja.
Este indicador señala que, de agosto de 2025 a febrero de este año, se han registrado 3 mil 213 casos menos.
El departamento de Guatemala es quizá el mayor desafío, pero la incidencia de este tipo bajó de 1 mil 60 en febrero de 2025 a 685 el mismo mes de 2026. Una reducción de 35.4 %; es decir, 375 reportes menos.
Una segunda variable es la de homicidios que, del 17 de febrero al 10 de marzo, están anotados 78 delitos de este tipo, un 63 % más bajo que los 211 del mismo lapso de 2023.
Estos resultados son producto de una serie de medidas que se aplican en los últimos dos años. Quizás los corolarios son el Estado de sitio y luego los de prevención, que dieron paso a la implantación del Plan Centinela, primero en Escuintla y ahora en Guatemala.
Estas acciones van complementadas con la recuperación en el control de cárceles donde guardan prisión los dirigentes de las pandillas, ahora consideradas por ley como terroristas, a quienes se les ha cortado la comunicación con el mundo exterior.
Efectuar requisas en los centros de detención es constante, así como patrullaje conjunto entre la Policía Nacional Civil y el Ejército, revisar las motocicletas (donde se conducen los sicarios) y la identificación de personas mediante sistemas de alta tecnología.
Se les ha reducido a estos grupos la capacidad de coordinación delictiva en las calles y, por ello, la ciudadanía goza de mayor seguridad.
En enero, los cabecillas de tales estructuras delincuenciales quisieron sembrar terror en las calles, y enlutaron las familias de 11 policías. Pero el sacrificio heroico de los agentes es el aliciente para que hoy las autoridades continúen adoptando, con determinación, aquellas disposiciones que sean necesarias para devolver la tranquilidad de antaño a los guatemaltecos, pero basadas en el respeto a los derechos de la gente honrada y trabajadora.
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