Si algo se puede afirmar actualmente es la baja de los índices de criminalidad durante los Estados de excepción impuestos por el Ejecutivo. Las cifras sostienen la aseveración y los ciudadanos perciben las diferencias. Veamos, del 18 de enero al 28 de febrero (incluyen los 30 días del Estado de sitio y 12 del de prevención), la incidencia criminal descendió 8 %.
A esto se suman otros datos significativos. En los primeros 42 días de 2026, los homicidios tocaron el punto más bajo en los últimos 25 años, mientras las extorsiones cedieron
32 %. ¿Casualidad? ¿Suerte? No, por supuesto que no. Estos logros devienen de estrategias bien planteadas, dirigidas a destruir las capacidades operativas de los grupos terroristas o pandillas.
Las intervenciones efectuadas por la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército reflejan el ahínco interinstitucional para controlar la violencia en las calles. Durante el período citado, las fuerzas combinadas han desarrollado 8 mil 104 operativos, 1 mil 350 allanamientos y 25 requisas en las cárceles. El resultado: 5 mil 656 detenciones, incluidos 15 extraditables, 162 extorsionistas y 110 terroristas, así como 1 mil 233 vehículos y 4 mil 369 motocicletas recuperadas.
A lo anterior se suma un logro más significativo por el impacto que genera en las bandas criminales. La desinstalación de 68 cámaras de videovigilancia ilegal, utilizadas por los delincuentes para monitorear el transitar en barrios y colonias. A ello se agrega la deshabilitación de centros de llamadas en los presidios, todo lo cual redujo las extorsiones e incomunicó a los reos de sus cómplices fuera de los penales.
Esta es la importancia de extender, por otros 15 días, el Estado de prevención, cuya vigencia empieza mañana. La prerrogativa constitucional permitirá continuar con el combate contra el crimen, que incluye el narcotráfico, sin incidencias negativas en los derechos individuales y colectivos de los guatemaltecos.
Construir un país seguro, democrático y respetuoso del Estado de derecho no se logra de la noche a la mañana, aunque algo se pudo obtener desde el 1996, cuando se firmó la paz, pero, por el contrario, algunos gobiernos se aliaron a los delincuentes. Hoy, el pueblo constata que los cambios son posibles cuando hay voluntad, entereza y decencia en la gestión pública.
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