Cristian Otoniel Montufar Vásquez
Coordinador de Programas de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública. [email protected]
Es de vital importancia preguntarse cómo se podría ampliar la participación democrática, a la luz del fenómeno de la mayor demanda de participación directa. En ese sentido, la democracia en las sociedades modernas debe dar cobertura teórica al conjunto de iniciativas ciudadanas y demás acciones que, como tales, llenan de nuevos contenidos simbólicos al poder político.
Por lo tanto, si entendemos que gobernar es generar políticas, entonces el análisis de políticas también debe incorporar a la sociedad civil y a sus diversas manifestaciones como actores con autonomía, capaces de definir agenda e impulsar políticas, e incluso sostener políticas de Estado en el tiempo.
Desde la teoría, existen diversas lecturas sobre el alcance de la
relación Estado/sociedad.
Desde la teoría, existen diversas lecturas sobre el alcance de la relación Estado/sociedad, algunas de las cuales relativizan la centralidad del Estado en la elaboración de las políticas. Una de ellas es el enfoque que estudia la dinámica de los actores a través de la coordinación mediante redes. El Estado como “fenómeno político” y, más concretamente, como objeto de investigación con centralidad en las ciencias sociales, es producto de las discusiones iniciadas en las décadas de los años ochenta y noventa, del siglo pasado, como factor de explicación de las relaciones sociales, económicas, políticas y jurídicas, ello en procura del desarrollo, la democracia, y por supuesto el papel del Estado. El poder del Estado dependerá del cambiante equilibrio de fuerzas sociales involucradas en la acción política, tanto dentro como fuera del Estado. De este modo, el Estado es una relación social en función de la cual las relaciones de poder son “condensadas” y “materializadas”, precisamente a través del conjunto de instituciones y centros de poder que lo constituyen. El Estado como actor autónomo parece insertarse en una corriente más amplia y que intenta retomar el rol de las instituciones y las organizaciones políticas más seriamente, lo que se describe como “el nuevo institucionalismo”. Finalmente, para la modernización del aparato público es necesario impactar a los modelos de democracia y de eficiencia como criterio de dirección de procesos de reforma, pudiendo señalar que se encuentran vinculados fundamentalmente a razones de un sistema democrático visto desde los factores que emanan del Estado y su administración.
