El Congreso de la República volvió a dar muestras del papel solidario y protector que lo ha caracterizado en la actual legislatura. En otro hecho sin precedentes, diversas bancadas representadas en dicho Organismo del Estado prorrogaron, de urgencia nacional, la asistencia económica que el Gobierno ofrece a los usuarios de la tarifa eléctrica.
La disposición, que contó con el apoyo de 99 diputados, le permitirá al Gobierno subsidiar a 446 063 familias (2.6 millones de guatemaltecos), que consumen entre 89 y 125 kWh/mes.
La normativa aprobada complementa una serie de programas sociales que impulsó el Gobierno para aliviar la crisis económica que originaron dos acontecimientos internacionales sin precedentes: los confinamientos mundiales que provocó el Covid-19 y el incremento en los precios del petróleo que trajo como consecuencia la invasión de Rusia a Ucrania.
Además de las propuestas para financiar servicios vitales como la energía eléctrica, combustibles y gas propano, el presidente Alejandro Giammattei ordenó el impulso de una serie de programas que permitieron el traslado de recursos económicos a familias que viven en pobreza y pobreza extrema, cuya situación empeoró a raíz de las consecuencias de la pandemia y de la guerra.
La normativa avalada por el Legislativo implica el traslado de Q197 millones al Instituto Nacional de Electrificación (INDE), con el propósito de que financie el consumo de energía de enero a junio próximo.
Como anteriormente ha sucedido, la ley promueve la transparencia de los recursos y la rendición de cuentas, aspectos que contribuyen a fortalecer el buen uso de los fondos públicos.
“El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común”, dicta el Artículo 1 de la Constitución Política de la República, compromiso que en los últimos tres años funcionarios y congresistas se han encargado de cumplir.
