miércoles , 27 noviembre 2024
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Estado recibe peticiones de pueblos ancestrales

En un evento calificado como “histórico”, autoridades de los tres poderes del Estado recibieron ayer el informe de resultados del Diálogo Nacional entre el Legislativo y los Pueblos Indígenas, para la construcción de una política pública que respete y fortalezca la diversidad cultural de Guatemala.

Este proceso, liderado por la diputada Sonia Gutiérrez, del Movimiento Político Winaq, reunió las demandas y recomendaciones de mujeres, jóvenes y líderes mayas, xinkas y garífunas, que fueron entregadas a la vicepresidenta Karin Herrera; al titular del Congreso, Nery Ramos, y al presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Organismo Judicial (OJ), Carlos Lucero.

Los funcionarios coincidieron en que la presentación de este documento marca un paso hacia la construcción de una nación donde la diversidad sea reconocida y valorada, y resaltaron su compromiso para trabajar de manera conjunta en beneficio de la población.

Deuda histórica

La vicegobernante Herrera subrayó la importancia de reconocer la deuda histórica que el Estado tiene con los pueblos ancestrales. Destacó que este documento  representa un avance hacia un Estado plural y comprometido con el bienestar de todos sus ciudadanos, y aseguró que desde la Vicepresidencia se dará seguimiento a las peticiones recogidas.

Herrera resaltó el rol de Gutiérrez en la articulación de este esfuerzo, y destacó la relevancia de trabajar con una agenda común para el desarrollo humano de la población autóctona y para generar acciones que aborden las desigualdades que la afectan.

“El diálogo es el camino que nos permite fortalecer la democracia, recobrar la confianza de la población y redoblar los lazos
para caminar y trabajar juntos en favor de Guatemala”, expresó. 

La vicemandataria reiteró la necesidad de empalmar esfuerzos entre los organismos para superar las brechas de bienestar que afectan a las comunidades indígenas.

Congreso abierto

Ramos hizo hincapié en la relevancia de este diálogo como un “faro de esperanza” para la construcción de una democracia inclusiva. 

Señaló que el Congreso ha dado un paso firme para acercarse a los habitantes, especialmente a aquellos que han sido marginados y discriminados.

“Este es un ejercicio donde las comunidades han podido expresar sus necesidades y demandas”, afirmó. El presidente del Legislativo añadió que el objetivo de este proceso es construir una patria en la que todos sean tratados con dignidad y respeto, independientemente de su origen.

También, llamó a los líderes locales para contribuir en la implementación de políticas que honren la diversidad y fortalezcan el tejido social. 

“Este trabajo representa un compromiso para construir una sociedad inclusiva, donde los derechos y la dignidad de todos sean respetados”, refirió.

Justicia inclusiva

En su discurso, Lucero resaltó el trabajo de la CSJ y de su Secretaría de Pueblos Indígenas por garantizar una justicia inclusiva. Mencionó algunos logros como el aumento de juzgados especializados y la creación de servicios de interpretación en idiomas mayas, elementos que permiten un acceso más equitativo.

“Queremos construir un sistema de justicia en el que los guatemaltecos, sin importar su origen, tengan la certeza de ser escuchados”, indicó. Subrayó la necesidad de respetar la autonomía de las autoridades indígenas y reconoció que la estructura
judicial debe ser un reflejo de la diversidad.

Escuchar las voces

La diputada Gutiérrez expuso que, gracias a este esfuerzo, fue posible recorrer distintas regiones del territorio y recoger demandas que reflejan la realidad de las comunidades.

A pesar de las limitaciones presupuestarias, subrayó, se pudo escuchar directamente las voces de las poblaciones, sus necesidades y sus propuestas para construir un Estado inclusivo.

La legisladora enfatizó que las peticiones no buscan caridad, sino el ejercicio de un poder público responsable y que represente a todos los sectores de la sociedad. “Este es un paso democratizador sin precedentes en nuestro país. Lo que los pueblos indígenas piden es dignidad, respeto y una oportunidad de construir un futuro justo para todos”, afirmó.

La parlamentaria hizo un llamado a la responsabilidad política e instó a las autoridades a transformar las recomendaciones en
acciones concretas que beneficien a todos los guatemaltecos.

Algunas solicitudes

El diálogo entre el Organismo Legislativo y los pueblos ancestrales busca la formulación de una política pública que proteja los derechos de los indígenas. 

Salud: integración de la medicina ancestral; contratación de personal bilingüe; mejora en la infraestructura de salud y abasto de medicamentos.

Educación: fortalecimiento de la educación bilingüe y de la infraestructura educativa; becas y apoyo para educación superior y formación de maestros indígenas.

Idiomas: protección y promoción de los idiomas mayas, xinca y garífuna; implementación del bilingüismo en la administración pública.

Transparencia: creación de mecanismos para auditar y fiscalizar el gasto público destinado a pueblos indígenas.

Justicia: reconocimiento de la jurisdicción indígena y respeto a las autoridades ancestrales en procesos y resolución de conflictos comunitarios.

Espiritualidad: respeto y protección de los sitios sagrados; garantizar el acceso a estos espacios y respeto a las prácticas religiosas.

Comunicación: apoyo a la prensa comunitaria; promoción de contenidos interculturales en los medios públicos y privados.

Niñez y juventud: creación de programas para la protección y desarrollo de niños y jóvenes, sin discriminación y violencia.

Derechos humanos y participación política: inclusión política efectiva; respeto a la consulta previa en temas que afecten a sus comunidades.

Racismo y discriminación: legislación y políticas para combatir el racismo y la discriminación en todas las instituciones públicas.

Economía y desarrollo: apoyo a los agricultores y programas de microcréditos; protección de los derechos sobre la propiedad intelectual de los textiles.

Protección territorial y medioambiente: exigencia de consultas previas sobre proyectos extractivos; protección de tierras comunales y biodiversidad.

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