El reciente Estado de sitio, cuya vigencia concluyó ayer, demostró ser una herramienta efectiva en la lucha contra las pandillas y el narcotráfico. También cómo, en el marco de la ley, sin excesos ni arbitrariedades, los gobiernos son capaces de someter a los criminales, mal acostumbrados a la impunidad garantizada por administraciones cómplices y un sistema de justicia cooptado. Los 30 días de vigencia permitieron a las fuerzas de seguridad, bajo el liderazgo del presidente Bernardo Arévalo, crear estrategias, impulsar operativos e imponer controles para desmantelar a las estructuras criminales y devolverle la paz a los ciudadanos de escasos recursos, convertidos en las principales víctimas de extorsiones, asaltos e involucramiento forzado en el narcotráfico. Los resultados reportados por las autoridades del Ejército y del Ministerio de Gobernación (Mingob) son contundentes: más de 4 mil operativos policiales redudaron en la incautación de 384 armas de fuego, la detención de 3 mil 870 presuntos delincuentes y el decomiso, en un solo golpe, de 4.9 toneladas de cocaína, el mayor en los últimos 12 años, entre otros éxitos. Sin embargo, más allá de estos logros, las fuerzas combinadas se apuntan distinciones más sentidas y empáticas, como recobrar la tranquilidad en zonas tomadas por pandillas e incrementar la confianza y denuncia ciudadanas, gracias a haber cortado las comunicaciones del interior de las prisiones a los terroristas que operaban en las calles.
El criterioso accionar de los representantes del Organismo Ejecutivo y la efectividad de los operativos han motivado a que buena parte de la ciudadanía y del liderazgo social abogaran por la continuidad de la medida; empero, Arévalo y el Gabinete de Gobierno optaron por implementar un Estado de prevención, a partir de hoy, por 15 días. La nueva herramienta, como la anterior, se centra en la necesidad de prevenir y reprimir acciones contra las fuerzas de seguridad, incluidos ataques de maras o pandillas. Esta disposición obliga al respeto irrestricto de los derechos constitucionales y a las libertades signadas en acuerdos internacionales suscritos por Guatemala. De esa cuenta, por las vidas impactadas, las familias reunidas y las comunidades liberadas del miedo, es preciso que el Estado continúe los esfuerzos por devolver la paz a los compatriotas y procurarles seguridad en sus hogares y en las calles, pero, sobre todo, la certeza de que la justicia está más próxima a ser una realidad para dejar de ser una pesadilla cotidiana.
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