Para retomar el control del área de conflicto entre Tajumulco e Ixchiguán, San Marcos, el Gobierno decretó estado de sitio en el lugar por un lapso de 30 días, informaron las autoridades del Organismo Ejecutivo.
La medida se da después de agotar todos los mecanismos de diálogo que se venían dando desde 2016 y como consecuencia de la ingobernabilidad que se vive en las localidades, donde los choques han vedado las garantías individuales de la población, referentes a educación, salud y otros, manifestó el vicepresidente Jafeth Cabrera.
Agregó que la situación se ha complicado al punto de que las escuelas están cerradas, no se puede trasladar a los enfermos y la locomoción está restringida en pasos como la carretera que conduce a Tajumulco.
Antes de anunciar la disposición, el ministro de la Defensa, Williams Mansilla, mostró imágenes y videos que exponen la crisis de inseguridad en el territorio, en los cuales se logra evidenciar la utilización de armas de grueso calibre en los enfrentamientos, incluso por niños.
Los artefactos bélicos no pertenecen a las fuerzas policíacas o castrenses, “hay AK-47 y M16 y presencia de extranjeros, lo que indican que la situación es manipulada por grupos del crimen organizado”, subrayó Mansilla.
Esta hipótesis conlleva a creer que detrás del ambiente hostil, además de la delimitación territorial que lleva 8 décadas sin resolverse, está el narcotráfico. “Desde hace 10 años hay producción de amapola, lo que podría estar generando la conflictividad”, dijo Francisco Rivas, titular de la cartera del Interior.
Sobre el estado especial
Según Rivas, el precepto legal no solo vincula a los despachos de la Defensa y Gobernación, sino también a otros cuya competencia se relacione con el desarrollo de las personas.
Sin embargo, al tener el beneplácito del Congreso, que tiene tres días para su ratificación o improbación, se fortalecerá el esquema de seguridad, tanto en prevención delictiva como en investigación criminal, el cual se planifica de inmediato, añadió Rivas.
El presidente del Legislativo, Óscar Chinchilla, deberá convocar de manera urgente, pues se tendría que resolver entre hoy y mañana, comentó el diputado Adim Maldonado.
De contar con el aval, “generaremos un mecanismo para prevenir acciones contra la integridad de los ciudadanos y de los agentes de la Policía Nacional Civil, por lo que se responderá proporcionalmente a la agresión. Pero ese sería el último accionar”, expuso Rivas.
De acuerdo con el artículo 3 de la medida, cesa la vigencia de los derechos de “libertad de acción, detención legal, interrogatorio a detenidos o presos, libertad de locomoción, de reunión y manifestación y portación de armas, contenido en los artículos 5, 6, 9, 26, 33 y el segundo párrafo del Artículo 38 de la Constitución Política”.
