EDITORIALES
Esfuerzos por reducir la mortalidad materna
La salud es uno de los renglones que debe atender el Gobierno, por medio del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, especialmente la salud de los grupos vulnerables como la mujer, los niños y las personas de la tercera edad, y a esto se encaminan los esfuerzos en pro de la salud pública.
Entre las acciones en beneficio de la salud de la mujer se desarrolla el Plan Nacional de Reducción de Muerte Materno-Neonatal 2015-2020, con el que se pretende adecuar los servicios de salud, vencer las limitaciones y aumentar la calidad de atención obstétrica y neonatal.
La muerte materna se define como la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación de su embarazo, pero no por causas accidentales o incidentales. De acuerdo con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mortalidad materna se refiere al número de muertes maternas por cada 100 mil bebés nacidos vivos.
Para 2020 se tiene programado concluir este Plan y hacer el conteo de la disminución de casos. Durante estos años se han reducido los números en los registros de muertes maternas y de neonatos, que es el principal objetivo trazado.
Se ha trabajado en mejorar el sistema de atención médica a las madres en todos los niveles, y se ha insistido en informar directamente a las mujeres en estado de gestación acerca de las etapas del embarazo y los cuidados que tienen que tener durante los nueve meses previos al parto y los posteriores, así como preparar a parteras para que acompañen e informen a las futuras madres.
De acuerdo con los registros de la cartera de Salud, entre 2007 y 2013 la muerte materno-infantil disminuyó 19%, situándose en 113 muertes por cada 100 mil nacidos vivos, y en 2015 la cantidad se redujo a 108 decesos.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2015 murieron 830 mujeres al día por complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto, es decir, un total de casi 303 mil mujeres. Esta cifra dista mucho de las 532 mil muertes maternas que se registraron en 1990, pero todavía queda muchísimo trabajo por hacer, especialmente en los países en desarrollo.
Atrás quedarán siglos de marginación y olvido para los pueblos originarios. Las bases para lograr cambios sustanciales se están sentando. Prueba de ello son los cinco acuerdos que la administración del presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera han firmado con comunidades indígenas, para promover el desarrollo integral tomando en cuenta las demandas de dichos sectores.
Impulsar proyectos de desarrollo económico, de infraestructura, salud, educación y medio ambiente, dando la importancia que merece la pertinencia cultural, son algunos de los acuerdos alcanzados con representaciones de los pueblos xinka, ixil, sacapulteco y comunidades indígenas aliadas de Chichicastenango, Quiché, con los que, de momento, el Gobierno se ha comprometido por medio de diálogos directos y permanentes.
Las acciones del Ejecutivo superan con creces los intentos de administraciones anteriores. Y es que estas solamente quedaron en buenas intenciones, ya que, según analistas, las ideas que plantearon carecían de estrategia y una ruta metodológica que les permitiera avanzar en la oportunidad de construir el desarrollo en las diferentes regiones.
Además de promover el desarrollo, las comunidades también requieren que se impulsen proyectos encaminados a combatir la violencia y discriminación contra las mujeres e inversiones para el manejo de residuos, entre otros, para lo cual, se hace necesario el involucramiento de ministerios, viceministerios, direcciones, oficinas y delegaciones estatales a lo largo y ancho del territorio nacional.
De hecho, los espacios de diálogo y consenso por parte del Gobierno no se han dado solo con autoridades o representantes de los pueblos originarios. Las acciones de Arévalo y Herrera los han llevado a reunirse también con los alcaldes de los 340 municipios de los 22 departamentos del país. Para el Gobierno, la importancia de estos acercamientos radica en el hecho de poder conocer las necesidades de los municipios, lo cual facilita la coordinación de esfuerzos y el establecimiento de prioridades claras.
El camino se está allanando y la disposición a concretar cambios sustanciales es latente. Ahora queda darle el seguimiento adecuado a estrategias y programas, y que tanto el Gobierno como la propia sociedad pongan el empeño para que todo lo acordado se haga realidad.
Lo que vive el país permite dimensionar la decisión del Gobierno. No es necesario retroceder mucho en el tiempo para entender la magnitud de este gesto solidario y democrático. Basta pensar en el más de medio centenar de connacionales que vive en el exilio, víctima de persecuciones políticas que se han vuelto costumbre. Casos fabricados por un sistema que se niega a renovarse.
Esa es parte de la valía de abrir las puertas a 135 presos políticos nicaragüenses, perseguidos por un régimen déspota, que domina todos los organismos del Estado y que, desgraciadamente, inspira a ese pacto de corruptos que continúa pataleando en Guatemala. Funcionarios que censuran las libertades individuales y colectivas. Dictadores con aires de dioses. Vetados en la mayoría de naciones desarrolladas.
Parias. Mafiosos.
Lo cierto es que ayer, Guatemala mostró su verdadera esencia. Su cara humana e inspiradora. Extendió la mano amiga, que devuelve lo mucho que ha recibido y que sigue teniendo. Un rostro que se vio rebasado por la avaricia y por el crimen de cuello blanco y conciencia negra que no se cansa de saquear el erario.
Pero además, el país empieza a retomar el liderazgo de antaño. El respeto del mundo. El lugar que le ha correspondido en la historia, pero que fue perdiendo por culpa de esos hampones, quienes ahora se sienten acorralados por el surgimiento de un proyecto que prescindirá de ellos y de sus chantajes.
La caravana de perseguidos, integrada por estudiantes, docentes, religiosos, periodistas y opositores al régimen, retomarán sus vidas, aunque lejos de su patria. De sus familias y amigos. Serán víctimas de un destierro producto de mentes delirantes, que nos son tan conocidas y claramente identificables.
En medio de esas injusticias, los nicaragüenses retomarán sus libertades, esos derechos sagrados que solo se aprecian cuando se pierden. Como lo saben y exigen los connacionales que debieron huir de su tierra, para evitar las injusticias que padecen otros a quienes, sin causa justificada, persiguen fiscales y jueces.
Es cierto, esta nación devuelve lo mucho que ha recibido. Repone lo que otros Estados ofrecen a nuestros exiliados,
para quienes se acerca el día de regresar a casa. A contribuir, como lo hicieron antes, al surgimiento de la nueva
primavera. Para ellos, nuestro abrazo solidario.
Es solo el comienzo. La deuda histórica es enorme. El presidente Bernardo Arévalo lo tiene claro. Sabe que en materia de salud, las anteriores autoridades dejaron un déficit que roza lo criminal. Un tema en el que nadie puede alegar ignorancia. Y menos quienes han estado en el Organismo Ejecutivo o en un concejo municipal.
Si se tratara de señalar culpables, el listado sería interminable. Tan infinito como los robos al erario. Solo comparable con la impunidad que el sistema de injusticia le garantiza a los ladrones de cuello blanco.
Pero allá ellos y sus conciencias. Hoy, la situación empieza a cambiar. Pese a la oposición de ese pacto de corruptos que intenta bloquear que la justicia social se instale en el país y se quede de manera permanente.
Los números son claros. En siete meses y medio de Gobierno se han habilitado 13 puestos de salud, de 31 proyectados para 2024. Además, se tiene previsto remozar otros 81 centros de asistencia en el primero de cuatro años de gestión por los que el pueblo votó y manda la Carta Magna.
El Gobierno entiende que la salud no debe quedar tan lejos. Al contrario, debe estar cerca, en especial, de niños, mujeres y ancianos, los grandes olvidados por esa mafia insaciable que hoy goza de servicios privados a costa del saqueo de fondos públicos. Luciendo, en manos y cuellos, el brillo de un oro ganado con el sudor de otros.
No como el de Adriana. También lejos de la medalla de Jean Pierre. Por supuesto, entre esos politiqueros y los atletas no puede haber comparación, aunque sí muchas diferencias, empezando por la decencia.
Este esperanzador escenario en salud también se vive en educación y seguridad, derechos fundamentales en una democracia de verdad. Poco a poco, todos los guatemaltecos recibirán los beneficios de un presupuesto que, en el pasado, se asemejaba a una piñata, pero no para niños, sino para hampones insaciables.
En estas estrategias, la vicepresidenta Karin Herrera juega un papel fundamental. Por ejemplo, ayer lideró el inicio de un censo que determinará si los niños de primaria registran las tallas y pesos que garantizan su desarrollo completo.
Así como en Chichicastenango, en los otros 339 municipios el Estado comienza a saldar sus deudas. Como en Quiché, en los 21 departamentos restantes la salud, educación y seguridad se acercan a los ciudadanos como nunca antes. Ahora lo sienten.
