EDITORIALES
Esfuerzos conjuntos para enfrentar a las pandillas
Para hacer frente al crimen organizado, hace falta la construcción de alianzas entre instituciones del Estado y con países amigos, para interferir las acciones delictivas y atrapar a quienes las organizan y ejecutan. Muestra de ello son los operativos internacionales que coordinan las fuerzas especiales de varios países.
La Operación Escudo Regional III, contra las maras y pandillas, ha sido posible gracias a la cooperación entre naciones que buscan como objetivo común erradicar a estos grupos delincuenciales y terminar con sus acciones violentas que intimidan a las poblaciones.
En este caso, el Ministerio de Gobernación guatemalteco, en colaboración directa con las fiscalías de El Salvador y Honduras, diseñaron un plan con el que se ejecutaron 88 allamientos en los tres países, en los cuales se capturó a 46 presuntos miembros de pandillas.
De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Internacional de Florida, EE. UU., para el año 2015, las maras contaban con aproximadamente 22 mil miembros, entre hombres y mujeres, 17 mil del Barrio 18 y 5 mil de la Mara Salvatrucha; y, para 2017, el recuento alcanzó los 45 mil miembros, solo de la Salvatrucha, según dijo el Fiscal General de Estados Unidos, Jeff Sessions, en una reunión sobre el tema en San Salvador, el año pasado.
En Guatemala, el Ministerio de Gobernación ha enviado una propuesta de ley al Congreso de la República para que reforme el Código Penal, con el propósito de que a estas pandillas se les considere como organizaciones terroristas, pues generan violencia, homicidios, extorsiones, además de varios tipos de tráfico.
El Congreso de El Salvador pasó en 2015 una ley que tipifica a la maras como “organziaciones terroristas”, después de haber sorteado cuatro recursos de inconstitucionalidad que fueron interpuestos.
El enfrentamiento con las maras es diario y las fuerzas de seguridad de los países afectados han encontrado en la coordinación internacional una herramienta para la lucha frontal contra estos grupos delincuenciales, que violentan los tres países del Tríangulo Norte centroamericano y algunos estados de los Estados Unidos.
No fue casual. Es claro que hubo una coincidencia de pensamientos. Exactamente en dos puntos, aunque compartieron una tercera visión: crear instituciones decentes. La clave es, parafraseando el Himno Nacional, evitar que los corruptos sigan escupiendo en la faz a Guatemala. Con absoluto descaro y total impunidad.
Lo cierto es que la conmemoración de la independencia de España permitió a los presidentes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial hacer sus reflexiones sobre el pasado, presente y futuro del país. Aunque
pareciera algo obvio, por la gesta ocurrida en 1821, los continuos llamados a la independencia de los Poderes del Estado no fueron casuales. Tenían un propósito y varios destinatarios.
Lo mismo sucedió con las exhortativas compartidas para que se impulse una elección de Cortes decentes, alejadas del grupo de mafiosos que logró cooptar el sistema de justicia, con el cual se garantiza inmunidad, pese a la dimensión de sus saqueos.
En ese marco, llamaron la atención las palabras del máximo jefe del Organismo Judicial (OJ), Oscar Cruz, el único de los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que no busca ser reelecto en el cargo. Integrar el OJ es un gran reto y un gran desafío.
Él como la mayoría de guatemaltecos, entiende el énfasis, y lo complicado que se presenta el panorama para garantizar tribunales imparciales. Que persigan los crímenes, no las ideas.
Un régimen republicano. Democrático. Representativo, fueron los términos priorizados por Nery Ramos, presidente del Parlamento, para quien la independencia, soberanía y libertad son tesoros invaluables, aunque, de momento, incompletos. Mancillados por fiscales, jueces y magistrados que se niegan a depurarse.
El evento habría sido desaprovechado si no se reiteran las exigencias de los guatemaltecos en torno a romper los lazos de corrupción. En este combate, el referente es el jefe de Estado, Bernardo Arévalo, para quien el robo es la antítesis de la independencia. El que mantiene las viejas y duras cadenas. Que, de momento, impiden que ondee libre al viento la hermosa bandera.
En 1992, cuando protagonizó Perfume de mujer, una de sus películas más emblemáticas, Al Pacino pronuncia un discurso extraordinario. En síntesis, el actor habla de integridad. Enfatiza que los “líderes deberían estar hechos de eso”, aunque está conciente de que no es así.
“Es demasiado duro llegar a la escrucijada y elegir el camino correcto”, reflexionó el actor, quien ganó el Oscar por su papel del coronel Slater. Sobra decir que muchos de nuestros dirigentes políticos, empresariales, sindicales, sociales o del sistema de justicia han elegido la ruta incorrecta en el manejo de las finanzas públicas o en el ejercicio del poder.
El saqueo de los impuestos que recientemente evidenció la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) permitió que se hicieran comparaciones matemáticas en las que se dimensiona lo que el Estado pudo adquirir con esos 300 millones de quetzales robados. Cinco millones de menús de pollo frito, que alcanzaría para uno de cada tres guatemaltecos. Ciento treinta y seis apartamentos de lujo o 488 Ferrari modelo 2016 (Plaza Pública, 14 de agosto de 2024). Son algunas equiparaciones.
Pero conviene quedarnos con este dato: con lo hurtado en impuestos se habría comprado 337 mil 636 canastas básicas, con lo cual se pudo alimentar a 28 mil 136 familias por un año. Claro, se necesitaba integridad, vergüenza, probidad, de lo que carecieron los gobernantes anteriores.
Aquí radica la importancia de la cruzada nacional por la nutrición emprendida por el presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera, junto al ministros y viceministros de la cartera de Agricultura, que ayer llegó a Quiché.
De acuerdo con información oficial, de enero a agosto de 2024 se han entregado 364 mil 289 raciones de alimentos en todo el país. De esta forma se comienza a saldar la deuda que se tiene con las comunidades más necesitadas. Sin duda, falta mucho. Nadie ignora que la meta es ambiciosa.
Pero se puede, sobre todo si se tiene integridad. Si los impuestos se utilizan para servir y no para enriquecerse. Este Gabinete se enfrenta a la encrucijada de su vida, pero confiemos en que optará por el camino correcto. Por la decencia. Por los guatemaltecos.
Contundente combate de la delincuencia. Efectiva protección de los derechos ciudadanos. Abordaje estratégico de las extorsiones. Ese es parte del camino marcado por el Gobierno en su plan de seguridad ciudadana 2024-2028. En este tema no se puede ni se debe improvisar. Hay que saber qué se quiere, para tomar la ruta correcta. En esta materia, los resultados se cuentan en vidas y bienes.
La graduación de los 366 agentes que integran el Grupo Especial Contra las Extorsiones (GECE), unidad especializada creada por las actuales autoridades, es otra muestra del conocimiento que se tiene sobre el tema. De saber lo que se quiere. La evidente necesidad de fortalecer las capacidades de la Policía Nacional Civil (PNC) es un déficit que había que enfrentar con prontitud.
Hoy, basta revisar las cifras para ver las mejoras. Este año se lleva registrada la segunda tasa de homicidios más baja de los últimos tres lustros (16 muertes por cada 100 mil habitantes), solo superada por las cifras de 2020 (15.2), cuando el Covid-19 obligó al encierro y a restringir la movilidad.
Similares resultados se reflejan en la batalla al narcotráfico. Más decomisos de cocaína. Más detenidos y mayores cantidades de dinero incautados. Las cifras están ahí, a la vista de todos.
En este orden de ideas, conviene abrir un capítulo especial para las extorsiones. Para ello, vale volver a revisar el Plan de Gobierno. Retomar la autoridad de los centros penitenciarios, cuna de las coacciones y escuela de chantajes a personas y empresas. Esa es la misión, el norte. Poco a poco, se avanza en los objetivos. Recobrar el orden y dominio de la cárcel El Infiernito, en junio de 2024, refleja que no hay cabida para las ocurrencias.
En esa planificación se incluye construir una cárcel de máxima seguridad, donde se recluya a la crema y nata de la criminalidad y principales responsables del constante luto que sufren los hogares guatemaltecos.
Seguridad democrática, titula la estrategia operativa del equipo que lideran el presidente Bernardo Arévalo, la vicemandataria Karin Herrera y el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, un grupo que ha demostrado que para ejercer el poder basta la capacidad, la decencia y el respeto del Estado de derecho.
