Como si fuera una serie criminal, de esas que hoy abundan en los servicios de Streaming, los guatemaltecos y la comunidad internacional presencian, con absoluto asombro, la manera en que operó la red de vándalos defraudadores denominada B410.
Poco a poco, los ciudadanos se enteran de las vilezas perpetradas por un grupo de exfuncionarios y dueños de empresas, quienes hicieron su agosto durante el gobierno de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez.
El martes pasado, en un nuevo episodio de esta trama, basada en hechos reales, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), entidad que empezó a escribir el guion de esta red a la que, de momento, se le contabilizan más de 300 millones de quetzales defraudados, denunció a otras 206 empresas. Estas se suman a las 35 querellas presentadas el 13 de agosto pasado.
A la par de documentar nuevos indicios sobre la corruptela, las autoridades de la SAT demandaron la pronta captura de los antagonistas, para llegar a los autores intelectuales de los saqueos, quienes ya han protagonizado historias similares.
En el capítulo más reciente, divulgado ayer, el Gobierno descubrió que varias de las compañías que integran el B410 también defraudaron al Hospital General San Juan de Dios, mediante mecanismos que levantan al expectador de sus asientos. Inventaron remozamientos en lugares inexistentes, los cuales sobrevaloraron. Ni el más audaz de los escritores de novelas negras tendría tanta imaginación.
Pese a lo grotesco de los robos, que sobrepasan los 11 millones 800 mil quetzales, nadie se dio por enterado. Incluidas la auditoría interna del hospital y la Contraloría General de Cuentas, cuyas responsabilidades se centran en velar por el buen uso de los fondos públicos.
De momento, es imposible determinar cuántos capítulos más se escribirán de la B410. Seguramente, no alcanzará una temporada para contar esta historia de abuso y codicia. Pero las preguntas ya flotan en el ambiente: ¿El sistema de justicia será capaz de capturar a los delincuentes? ¿Se entregarán los foragidos? ¿Los juicios se desarrollarán aquí o en un tribunal
estadounidense?
