Después de un intenso trabajo de Gobierno, como de sociedad civil, se reforma el Código Civil, para eliminar el matrimonio infantil y de adolescentes, mediante el Decreto 12-2017.
Es en agosto de 2017, después de un intenso trabajo de incidencia de parte de múltiples actores, tanto de Gobierno, como de
sociedad civil, se reforma el Código Civil, para eliminar el matrimonio infantil y de adolescentes, mediante el Decreto 12-2017. Las reformas establecen que se podrá contraer matrimonio hasta la mayoría de edad (18 años) y es aplicable tanto para hombres como para mujeres. De esa cuenta, el país da un paso sustantivo en el afianzamiento de un marco legal que refuerza la garantía de derechos humanos de las niñas y adolescentes. Se elimina así cualquier posibilidad de que operadores de justicia y/o autoridades locales, permitan el matrimonio en menores de edad.
Entre enero de 2016 y mayo 2017, mil 524 menores contrajeron matrimonio, según el Registro Único de Personas. Esta cifra no incluye las uniones tempranas de niñas y adolescentes. Las consecuencias en sus vidas son múltiples, dado que se ven vulnerados sus derechos a la educación, la participación ciudadana, y la vida y su integridad, como resultado de la violencia a que son sometidas. Su salud también se ve seriamente afectada.
Uno de los datos más impactantes es el asociado a la mortalidad materna que, según estudios del MSPAS, Flacso y UNFPA, para el caso de niñas entre 15 y 19 años se ubica en 107 por cada 100 mil nacidos vivos (en 2013). Las mujeres indígenas, adolescentes y mujeres que residen en áreas rurales son las más afectadas. En ese marco, el Evento Regional para Acelerar las Acciones para Erradicar el Matrimonio Infantil y las Uniones Tempranas en América Latina y el Caribe celebrado recientemente en República Dominicana y convocado por UNFPA, Unicef y ONU MUJERES, representa una oportunidad para dinamizar la gestión de políticas públicas en el país, de cara a esta problemática. El espacio fue propicio para el diálogo, reflexión e intercambio de lecciones aprendidas desde los distintos actores. Ello permitió delinear los elementos estratégicos de una coordinación y gestión nacional respecto de la problemática.
El reto será ampliar y consolidar esa coordinación, para la implementación de la hoja de ruta correspondiente, compromiso que asumimos directamente como Secretaría.
