En defensa del interés público

Hay un costo en el desarrollo humano del país que el pago millonario no restituye.

Una larga historia de represión, exclusión social y política, y corrupción, nos provoca a los ciudadanos una gran desconfianza en la mayoría de autoridades.

Además, los recursos presupuestarios no alcanzan para que la población se sienta protegida por un ente superior que vele por su bienestar.

Por eso nos sorprendieron, y hasta nos conmovieron, muestras recientes de funcionarios que se están atreviendo a cambiar el estado tradicional de las cosas, en función de intereses más legítimos, más públicos.

Sentí que alguien vela por lo que me importa, cuando se anunció la intervención de la empresa Aceros de Guatemala, y que a raíz de esta medida, la compañía pagó al Estado Q800 millones en impuestos y multas.

Así como lo he hecho cada vez que tuvimos noticias de la corruptela en todos los poderes del Estado, para alimentar mi indignación, pensé en todas las madres y niños que murieron por falta de atención en los hospitales, la cual se les pudo haber garantizado con los recursos defraudados.

En este asunto hay un costo en el desarrollo humano del país, que el pago efectuado, por millonario que sea, no restituye.

Otro caso esperanzador son las denuncias interpuestas por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales contra agroindustrias que, literalmente, se han robado los ríos.

Habrá que mantener el dedo en el reglón y verificar que el equipo de abogados lleve el proceso hasta las últimas consecuencias, y que las comunidades afectadas sean debidamente resarcidas.  

No debería ser motivo de tanta alegría que algunos funcionarios hayan impulsado estas acciones y cualquiera podría decir que solo hacen su trabajo, pero para efectuarlo se necesita valor y compromiso con el país, que muchos otros servidores públicos no han demostrado cuando han debido.

Es una esperanza contar con estas personas, ojalá sepan implantar su arrojo en las entidades, para que pronto los desafíos a las injusticias, iniquidades e irregularidades no dependan de particulares, sino de instituciones identificadas con el progreso de la nación, no el de sus directores, no el de empresarios, sino el de todos.