Los desacuerdos y divergencias surgidos en torno de proyectos en marcha o por desarrollarse en determinadas regiones del país han generado conflictividad entre la población y las empresas, especialmente las dedicadas a la industria extractiva.
Lo anterior, y debido a las acciones interpuestas por la parte contraria en los tribunales, que alegan daños al medioambiente, entre otros aspectos, ha motivado a que ciertas compañías suspendan sus actividades y, consecuentemente, la creación de empleo.
Para revertir este problema, el Gobierno promueve acercamientos entre quienes están a favor y en contra de los proyectos, especialmente mineros.
El objetivo es incentivar el diálogo y que fluya información fiable sobre las operaciones de los consorcios en determinada área.
En este sentido, la Comisión Nacional de Trabajo, de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), busca dar vida a un acuerdo gubernativo para promover debate entre las partes, además de otras acciones.
Dicho tema fue abordado ayer en una reunión con esa comisión, en la cual participó el vicepresidente Jafeth Cabrera. También se conocieron los nuevos estándares que deben cumplir las empresas extractivas de Guatemala, entre ellos la adecuada divulgación de la recaudación de ingresos, impuestos y regalías, y entrega de concesiones a los beneficiarios.
Según Marcos García, secretario técnico de la Comisión Nacional de EITI-Guatemala, el acuerdo citado está en dictamen en el Ministerio de Gobernación, para luego ser trasladado a la Procuraduría General de la Nación, Vicepresidencia y, finalmente, publicado en el Diario de Centro América.
Ese instrumento dará voz y voto a la sociedad civil y a la industria extractiva, a efecto de crear políticas públicas y mecanismos de transparencia, con el aval de los interesados. Esta norma permitiría establecer igualdad de condiciones, que es una de las demandas de la población.
Con esta iniciativa se está dando un paso positivo para la reactivación del diálogo en todas las áreas de conflictividad existentes en el país, pues, establecida la herramienta respectiva, se ofrecerán datos suficientes y precisos a los guatemaltecos, consensuados entre los diferentes sectores, sobre la actividad de las compañías, especialmente las extractivas.
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