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EDITORIALES

En busca de una solución integral

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El conflicto entre las comunidades de Ixchiguán y Tajumulco, San Marcos, data de 1933, cuando fue creado el primer distrito citado. Desde entonces  ha ocurrido una serie de enfrentamientos que se fueron agravando por el desinterés de administraciones que no actuaron con la
voluntad política indispensable.

Ese problema fue hecho público una y otra vez por distintos sectores, como líderes locales, alcaldes y la Iglesia católica, que pedían la intervención del Estado para pacificar el lugar y evitar más litigios y muertes.

El asunto tiene sus orígenes, según registros históricos, en la tenencia de la tierra y los nacimientos de agua, aunque ahora la disputa se vincula con intereses del crimen organizado, entre ellos el narcotráfico, como en su oportunidad lo denunció el Obispado marquense.

Es hasta ahora que el conflicto se está tratando por la vía adecuada, mediante la Comisión Nacional del Diálogo, que intervino para crear una mesa que involucra a las partes en contienda y a las autoridades ediles, acción que ha permitido que el caso avance un 80 por ciento.

El porcentaje restante corresponde a un tema complejo, pues hay grupos de pobladores que portan armas de alto calibre, por lo que ese aspecto debe ser tratado de manera especial, pues implica una serie de medidas que no es competencia únicamente del Ejecutivo.

Por ello, ayer, luego de una reunión extraordinaria de Gabinete en la que se trató este asunto, el presidente Jimmy Morales instruyó a los funcionarios correspondientes encontrar una salida integral al problema.

En este sentido, ya se están buscando acercamientos con la Junta Directiva del Congreso, para evaluar posibles medidas en un marco de legalidad que permita tomar acciones en el corto, mediano y largo plazo en esos lugares.

Se está actuando en la línea correcta, pues la intervención no es solamente reactiva, como ocurría en el pasado, sin tomar en cuenta que se ponía en riesgo la integridad de la población y de las autoridades.

El diálogo debe prevalecer como una vía para alcanzar acuerdos en este caso, y un ejemplo reciente es la liberación, el fin de semana, de 17 agentes de la Policía Nacional Civil retenidos en esa región, sin que se registraran incidentes durante su rescate.

Redacción DCA
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EDITORIALES

Un sólido paso hacia la seguridad democrática

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Diez meses y tres semanas después, el país avanza. Cambia, para bien. Pese al tétrico panorama que algunos pintan en redes sociales, en especial, en cuentas cooptadas por sectores procorrupción e impunidad, la verdad se impone. Los guatemaltecos empiezan a notar la diferencia que implica un Ejecutivo honesto, comprometido con la población, frente a aquellos que se robaron el dinero y la esperanza.

El cambio viene con la nueva mentalidad de gobernar. De una visión distinta, moderna, que dejó atrás pensamientos obtusos, retrógrados. De aquellas ideas que perviven en la guerra interna. En anacronismos perversos, que persiguieron la pobreza y combatieron la libertad de ideas.

Con esta nueva forma de hacer política, de concebir las estrategias, llegan la Política Nacional de Seguridad y la Agenda Estratégica de Seguridad 2024. La primera, donde se plasman los conceptos sobre el tema. La segunda, que refleja las prioridades que deben enfrentar el Estado y la sociedad para garantizar una vida plena, responsable y libre.

Con ambas, el binomio presidencial, integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, se apartan de la “tragedia colectiva”, como le llamó el mandatario, que dejaron las visiones pasadas. Buscan sanar la “sociedad desgarrada” que heredaron.

Parafraseando al jefe de Estado, la nueva política de seguridad se concibe desde una lógica democrática, que pone a las instituciones del Estado al servicio y bienestar de las personas. Pero también de sus derechos y libertades, que respeta la Constitución, las garantías individuales y, en especial, la voluntad popular expresada en las urnas.

Una estrategia que, igualmente, advierte que no se dejará intimidar por los delincuentes. Ni siquiera por los de cuello blanco y conciencia negra. Los peores. Además, prioriza la transparencia, la rendición de cuentas y la igualdad social.

Un plan que nace luego de largos procesos participativos y diversos en torno a la seguridad en paz, que mejoró el tratado marco suscrito en 1995 por los presidentes de Centroamérica. En fin, una política que enfrenta problemas añejos desde perspectivas diferentes, que adopta el sabio consejo que mientras se siga haciendo lo mismo no se pueden esperar resultados distintos.

Editor DCA
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Un Plan de Gobierno que empieza a cambiar vidas

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Cuando se revisa el Plan de Gobierno 2024-2028 del Partido Movimiento Semilla, que llevó a la presidencia a Bernardo Arévalo, se advierte que cada meta cuantifica inversiones y la cantidad de obras que se ejecutarán. Esta guía, tan precisa y transparente, tiene sus ventajas y perjuicios. Sobre todo, cuando toca rendir cuentas.

Lo cierto es que el documento no es un listado de buenas intenciones. De propósitos incuantificables. Al contrario, son objetivos medibles. Metas exactas. Por ejemplo, en materia habitacional, la agrupación se propuso disminuir el déficit de viviendas y mejorar el acceso a servicios públicos básicos, a fin de llevar bienestar a las familias.

Al objetivo se le puso el cómo y el cuánto, algo de lo que han carecido anteriores propuestas. El Plan de Gobierno 2024-2028 de Arévalo y Karin Herrera destaca que se impulsarán “formatos financieros” que permitan acceder a residencias dignas. La semana pasada se creó el programa Mi Primera Casa y, ayer, se entregó el primer inmueble a la familia Méndez, que residirá en Ciudad Quetzal.

Dicha iniciativa comienza con un capital revolvente de 750 millones de quetzales, que se ampliará a 4 mil millones en lo que resta de gestión. Además, el Ejecutivo asume el compromiso de subsidiar 10 mil casas durante su administración. 

Según el jefe de Estado, en dos días han recibido más de 1 mil 200 solicitudes de créditos. Cifra que se explica ante la ausencia de proyectos residenciales gubernamentales probos, pese a la creciente demanda de estas construcciones. De hecho, por primera vez en 94 años, el Crédito Hipotecario Nacional (que se fundó el 4 de diciembre de 1929) sufraga un plan habitacional de esa magnitud.

Para concluir lo que se contempla en el plan de trabajo de Arévalo y Herrera, a fin de mejorar las condiciones de vida en los hogares de las familias más necesitadas, conviene referir que se destinarán 650 millones de quetzales para ampliar del 88 al 95 por ciento la cobertura de agua potable y 7 mil 100 millones para el acceso universal a energía eléctrica.

En fin, metas cuantificables. Objetivos medibles. Proyectos que buscan el bienestar general, la generación de empleo y la certeza de que cuando la decencia impera, el dinero alcanza.

Editor DCA
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Hoy, el Gobierno tiene las llaves de los presidios

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Es la triste realidad que afrontaba el Sistema Penitenciario (SP), una institución que estaba en poder de los reos, quienes imponían las reglas y condiciones. Dentro y fuera de los presidios. Suena vergonzoso, y lo es. Increíble, pero así era. Parece cuento, burla o chanza.

Lo anterior explica lo expresado por el presidente Bernardo Arévalo, a quien ayer se le entregó el Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación I, ubicado en Escuintla. El primero de los que el Gobierno tiene contemplado transformar, con el objetivo de quitarle las llaves a los privados de libertad.

La historia de esta y otras penitenciarias se escribe con sangre y vergüenza. Sangre de quienes fueron asesinados mediante planes fraguados desde las prisiones. Vergüenza ajena, que se reparte entre las autoridades anteriores, incapaces o cómplices de los desgobiernos, de estos espacios en los que se extorsionaba y se vendía drogas.

Como bien lo manifestó el mandatario, este era un refugio permanente e impenetrable. Un cuartel general donde los delincuentes perpetuaban sus negocios, irónicamente,  mientras cumplían su condena.

Pero esto cambió. Hoy, el Organismo Ejecutivo no volteará la mirada mientras los criminales se roban el sueño y la tranquilidad de los guatemaltecos. 

Ahora, no mandará el más fuerte ni el más poderoso. Tampoco valen las influencias. Quien se atreva a corromper o corromperse se mantendrá en las cárceles, pero como un condenado más. Como corresponde a aquellos exfuncionarios y exgobernantes que lucraron, a los que la justicia algún día alcanzará. Tal vez no este año ni el otro, pero sí cuando el trabajo que hoy hacen personas honestas tenga sus efectos en la construcción de la nueva primavera.

Este nuevo concepto carcelario, que se consolida en apenas 10 meses de gestión, no deja nada al azar. Los controles son serios y vanguardistas e incluyen a los guardias, quienes estaban a expensas de los forajidos.

Parafraseando al jefe de Estado, las prisiones ya no serán centros del crimen. Esta vez se acabó El Infiernito. Llegó la Renovación I, un penal que marcará la diferencia. Que deja en los ciudadanos decentes las llaves que impedirán el regreso de un capítulo vergonzoso. Infame. Corrupto.

Colaborador DCA
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