Hay que aceptarlo: las mafias llevan las de ganar. En esta lucha por transformar las instituciones del Estado, los malos parten con ventaja, sobre todo si se toma en cuenta que serán los diputados quienes, finalmente, decidirán la integración de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de las Cortes de Apelaciones.
Sin embargo, hay esperanzas de que la decencia se imponga y se termine escogiendo letrados probos, comprometidos con el país y respetuosos del Estado de derecho.
En este punto, existen por lo menos dos circunstancias que permiten mantener la fe. La primera tiene que ver con el papel activo que asuman los liderazgos sociales, los que han estado comprometidos con la defensa de la democracia.
A los jóvenes, pueblos indígenas y representantes sectoriales, hartos de la impunidad reinante, les tocará vigilar el proceso y levantar la voz ante posibles arbitrariedades.
De igual manera, la observancia de la comunidad internacional será determinante, así como lo fue al momento de proteger los resultados electorales y sancionar a quienes intentaron desoír la voluntad popular, con el claro objetivo de que el Organismo Ejecutivo continuara copado y al servicio de las mafias.
Aún así, las condiciones son desfavorables. De hecho, ya se conocen los movimientos que los impresentables realizan para copar a quienes integrarán las comisiones de postulación, con el fin de que incluyan a sus allegados en los listados que se elevarán al Legislativo para la selección de los magistrados.
También, existe la posibilidad de que los actuales encargados de la CSJ y de las salas de Apelaciones se nieguen a abandonar sus cargos y recurran a trucos legales a sabiendas de que tienen el apoyo de una buena parte de quienes componen el Organismo Judicial, la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Parlamento.
En fin, la convocatoria para la integración de las postuladoras, que tiene previsto efectuar hoy el Congreso, será un nuevo enfrentamiento entre el bien y el mal, batalla en la que, valga decir, aventaja la nueva primavera.
