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COLUMNAS

El(la) jefe(a) de Gabinete

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Por: Ramiro Mendoza

Decano Facultad de Derecho

 

En la vereda estatal, los recursos a fin de cuentas son de todos o, en la realidad, quizás no son de nadie.

A propósito del reciente cambio de Gabinete, lejos de las evaluaciones, explicaciones o conspiraciones que muchos expresan por vía de comentarios, entrevistas o columnas, resultó interesante para enterarnos de que una de las autoridades salientes tuvo en los cinco meses del ejercicio de su cargo cuatro jefes de Gabinete, todos profesionales y que han recibido remuneraciones importantes por el ejercicio de sus funciones.

La noticia, que salvo las tesis y especulaciones que muchos levantarán para explicar las dificultades de la autoridad o la complejidad de la cartera que dirigía, puede servir para formular como reflexión pública algo que debiéramos mirar con sumo cuidado, y que se refiere a relevar al escrutinio ciudadano acerca de la existencia y pertinencia de los jefes de Gabinete, preguntándonos quiénes son, para qué están, cuándo deben estar y si corresponde que estén.

Como nuestra literatura jurídica administrativa nacional no tiene mucho de donde asirse, podemos acudir a la tradicional Real Academia de la Lengua, cuyo diccionario en una de las acepciones nos señala que “Gabinete es la oficina de un organismo encargada de atender determinados asuntos. Gabinete particular del ministro. Gabinete de Prensa”. A su turno, el otro diccionario, el de Internet, que todos usan, incluso para legislar, nos dice que “el jefe de Gabinete es un cargo que ocupan ciertas personas de confianza de las autoridades, que tiene como fin reunir toda la información necesaria para el desempeño de la autoridad. Entre sus funciones está recaudar información a los encargados de comunicaciones, recibir las visitas, configurar las pautas y agendas. En el servicio público, estos realizan operaciones de índole política y se encargan de resolver conflictos que estiman de baja importancia para sus superiores. Su rol es de extrema confianza de la autoridad principal. Debe manejar todos los antecedentes para trabajarlos con las áreas que determine la jerarquía (otros organismos, equipo de desarrollo, equipo de comunicaciones, etc.). Su permanencia en la repartición está supeditada a la permanencia de la autoridad que lo nombró en esas funciones”.

De lo señalado podemos aventurar que una definición razonada apunta a concebir que esta función, colaborativa de una autoridad, requiere al menos que quienes pueden necesitar de este rol sean autoridades; es decir, dispongan de mando y resuelvan asuntos superiores de una organización, lo que admite al menos que quienes resultan atribuidos con potestad, mando y dirección superior de alguna organización compleja pueden acudir a un servidor leal (término que se vincula con la confianza personal) que coordine con el resto del Estado las funciones de su jefe y exprese las definiciones jerárquicas de tal autoridad en la vía interna de la organización, a efectos de que la voluntad de este superior permee e impregne la porosidad de acatamiento de todos en el respectivo servicio. Por lo dicho, solo algunas autoridades pueden, razonable y legalmente, disponer de este arbitrio colaborativo.

 

Esta excepcionalidad es también evidente cuando se examinan las plantas de los servicios, que muy raramente establecen este cargo en sus respectivas leyes. De ahí que muchos de estos servidores reciben el ejercicio de esta función mediante encargos especiales, sirviendo en calidad de contratas, y asignándoseles normalmente remuneraciones excesivas y plenas de asignaciones críticas que terminan multiplicando aquellas. Solo en la Ley del Lobby se reconoce la existencia de estos como sujetos pasivos de esta, sin que dicho cuerpo aventure una definición de tal posición. En otros países, como Argentina, desde 1994 existe incluso a nivel constitucional la Jefatura de Gabinete de Ministros, como un cargo ministerial de la República Argentina, y es desempeñado por un jefe de Gabinete.

Pero admitiendo que dicha función es explicable por las razones consignadas, lo que carece de racionalidad es la expansión indiscriminada de tal actividad que, al final, se ha terminado usando para destacar el pelaje administrativo de cualquiera que detente alguna jerarquía, incluso mínima, en las organizaciones. Así, hay jefes de Gabinete -con independencia del género de la autoridad- de directores nacionales, de jefes de división, directores regionales de servicios nacionales, seremis, gobernadores, alcaldes, directores de obras, directores de tránsito, intendentes, gobernadores regionales, rectores y decanos de universidades estatales, superintendentes, etc. A lo que se agrega, como es evidente, un conjunto extraordinario de granjerías para aquellos, que al menos parten con el celular pagado por la entidad, hasta que en casos más temerarios y huyendo de la Contraloría, terminan usando vehículo fiscal, a diestra y siniestra, con el consiguiente gasto fiscal que ello asocia.

Si fuera una actividad tan indispensable, puede ser necesario preguntarse por qué esta práctica es exclusiva y costosamente estatal, y no ha permeado ni siquiera en las universidades privadas. Ninguna empresa, hasta donde tengo conocimiento, tiene jefe de Gabinete del gerente o de quien preside el directorio, puesto que las labores de coordinación, interna o externa, difusión interna e interrelaciones son asumidas personalmente por quien ejerce la jefatura o, en su caso, por administrativos (secretarias o secretarios) empoderados y eficientes que resguardan el cuidado de los recursos de quienes son individual o colectivamente dueños.

No será esa la razón que explica la ausencia de esta función en el modelo de las empresas; en ellas -normalmente- se cuidan los recursos del o los dueños, mientras que, en la vereda estatal, los recursos a fin de cuentas son de todos o, en la realidad, quizás no son de nadie.

Universidad Adolfo Ibañez
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COLUMNAS

Por la seguridad nacional

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En lo que a la seguridad interna, externa y las relaciones internacionales se refiere, el recuento indica logros y avances alcanzados por la carteras de Gobernación, Defensa y Relaciones Exteriores, que han trabajado para cumplir con las metas trazadas en el Programa de Gobierno del presidente Jimmy Morales.

Con la suma de nuevos agentes, la Policía Nacional Civil ahora cuenta con 41 mil efectivos distribuidos en todo el territorio nacional, para quienes se han construido nuevas comisarías y sedes policiales, con la intención de que cuenten con mejores condiciones de trabajo.

Se puede observar en los informes que las acciones para la seguridad interna han dado buenos resultados, como la disminución de la tasa de homicidios, que registró el año pasado 22.4 por cada 100 mil habitantes.

Por su parte, el Ejército realizó mas de 1,550 acciones de asistencia humanitaria entre rescates, evacuación de damnificados y asistencia en construcción de recintos, además de jornadas médicas en los 22 departamentos, así como las acciones de aire, mar y tierra para control de fronteras. A ello hay que sumar la labor de construir y mejorar caminos en el interior.

Las acciones conjuntas de los ministerios de la Defensa y Gobernación dieron cuenta de los mayores decomisos de droga, que sumaron tonelas de cocaína sacadas del mercado internacional, y del segado de amapola y marihuana.

Hay que reconocer también los buenos resultados de los programas para jóvenes que estas instituciones han encaminado, para hacer conciencia ciudadana y alejarlos de la tentación de participar en grupos delincuenciales.

La cartera de exteriores ha atendido a los guatemaltecos que viven en el exterior, especialmente en Estados Unidos, donde se crearon tres centros para impresión de pasaportes, con el propósito de agilizar este trámite. También se instalaron más de 240 consulados móviles para atender trámites de los connacionales.

El tema de los niños migrantes detenidos mientras acompañaban a sus padres es atendido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la primera dama Patricia Marroquín, quien se ha dado a la tarea de visitar los centros donde se encuentran ubicados los menores, para constatar sus condiciones de vida y apoyar a las familias.

Redacción DCA
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COLUMNAS

Logros 2018

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Una sana práctica es que toda persona o entidad, haga un análisis de las principales acciones que ejecutó durante un año de trabajo que se concluye.

Un ejercicio que le permitirá replantear aquellas que no pudo realizar por diversas razones y apuntalar o fortalecer las que logró llevar a buen término. A través de ello, podrá hacer un balance de la labor que efectuó para el cumplimiento de sus fines y objetivos, especialmente en pro de la población a la cual se debe.

En el caso de las personas con discapacidad, alcanzó importantes logros a través de las organizaciones que les representan y del mismo Conadi. Sin embargo, son acciones que no resuelven los índices de marginación que enfrentan en el día a día, pero constituyen fuertes bases para las tareas que a futuro se deban y puedan ejecutar.

Resultado del trabajo en el nivel local, en el 2018 se logró la apertura de 30 Oficinas Municipales de Discapacidad (OMD) con recursos de cada municipio. 4 en Petén, 2 en Izabal, 2 en Zacapa, 2 en Chiquimula, 3 en Jalapa, 4 en Jutiapa, 3 en El Progreso, 3 en Alta Verapaz, 2 en Baja Verapaz, 2 en Escuintla, 2 en Guatemala y 1 en Chimaltenango. Acciones que muestran la capacidad de incidencia del Conadi, pero asimismo, la voluntad política de las autoridades locales.

En observancia de las recomendaciones a Guatemala en materia de derechos de las personas con discapacidad por el Comité de Expertos de Naciones Unidas, se planteó una reingeniería de la institucionalidad de discapacidad que actualmente se tiene en el país. Un esfuerzo en el que se definen las funciones y competencias de las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones del Estado y el equipo técnico, administrativo y ejecutivo del Conadi.

Así mismo, se inició el proceso de armonización de la Política Nacional de Discapacidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Plan Nuestra Guatemala K´atún 2032. Una propuesta que ha sido entregada a la Secretaría de Planificación y Programación de la presidencia para su revisión y aprobación final.

Otro de los temas que debe resaltarse del trabajo realizado en el 2018, fue la participación del Conadi en el proceso de construcción de la Iniciativa Iberoamericana Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, misma que fue aprobada en la XXVI Cumbre de la Organización de Estados Iberoamericanos el 15 de noviembre en la Antigua Guatemala. Una oportunidad en la que el Conadi tuvo una activa participación, tanto como país ponente como en la entrega del instrumento a los mandatarios.

Así como estos, hay muchos logros más, que seguramente guiarán el trabajo para los siguientes años, por lo que el movimiento nacional de personas con discapacidad debe apropiarse del contenido de estos logros, hacerlos valer cuando corresponda.

Sebastián Toledo
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El discurso populista (II)

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La semana pasada hablábamos sobre el discurso populista como el instrumentopredilecto de la fauna política. Alrededor de ocho organizaciones políticas han presentado a sus candidatos a presidente y vicepresidente de la República. A decir verdad, van desde los más descoloridos hasta los más desteñidos. Creo que hasta el chucho de mi vecina está lanzando su candidatura. Eso sí, todos, absolutamente todos quienes han salido hasta ahora, enarbolan la bandera del discurso populista, con cero visiones de país, y ni siquiera conocimiento de lo que significa una campaña
política.

Por supuesto que esta pésima costumbre de recurrir al populismo como fórmula mágica para alcanzar el poder no es exclusiva de los políticos guatemaltecos, aunque hay que reconocer que, salvo honrosas excepciones, nuestro país ha sido, por mucho, el caldo de cultivo para estas prácticas insanas en la amañada política latinoamericana. Un expresidente dijo que, si no se miente, no se gana. La gente se traga promesas, pero no digiere soluciones. Así de simple lo ven los políticos.

Latinoamérica está plagada de estos discursos populistas. La tónica general ha sido que, líderes provenientes de sectores pudientes de la sociedad, se lancen a la arena política, y de la noche a la mañana, aparecen como los salvadores de la ciudadanía que a diario busca el sustento con su trabajo y esfuerzo. Pasan por un proceso de entrenamiento discursivo (Media Training) que les permite conocer “el lenguaje de los pobres” y el uso correcto de los medios de comunicación, con el propósito de sacarles el mejor provecho posible.

En el mundo de la comunicación política existen expertos en entrenamiento discursivo que incluye, no solo elaboración y pronunciación de mensajes verbales (orales o escritos), sino el manejo de los lenguajes no verbales (colores, olores, objetos, distancias, gestos, formas, desplazamientos, vestuario, etc.) que constituyen en su conjunto, el mayor soporte comunicativo. Está demostrado que aproximadamente el noventa por ciento de lo que decimos, lo hacemos a través del lenguaje no verbal.

Las frases talismán refuerzan el discurso y se acude a ellas para parecer que el líder es parte del pueblo y no alguien ajeno a este. El secreto del buen discurso populista es la capacidad de manipulación de los sentimientos de la ciudadanía a través de frases incendiarias, pero que, en esencia, no proponen soluciones concretas y alcanzables para resolver los problemas nacionales, por lo cual no es más que un universo discursivo vacío, sin contenido. Las próximas elecciones se teñirán, sin duda, de esta argamasa discursiva que va, desde lo jocoso, hasta los actos de extremo dramatismo, como besar niños con mocos, abrazar campesinos, comer en los mercados cantonales, calzar zapatos rotos, entre otros actos visibles de pobreza extrema.

Carlos Interiano
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Gobierno de Guatemala

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