EDITORIALES
El reparto de bienes extinguidos
Los bienes y recursos decomisados por las autoridades judiciales a empresas y personas ligadas al crimen organizado son destinados a instituciones relacionadas con la administración de seguridad y justicia como el Organismo Judicial, el Ministerio Público, los ministerios de Gobernación y Defensa, así como la Procuraduría General de la Nación (PGN), a las que el Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Conabed) hace entrega de fondos pecuniarios y propiedades muebles e inmuebles, así como vehículos y animales.
El Congreso de la República aprobó en 2010 la Ley de Extinción de Dominio, por medio del Decreto 55, el cual cobró vigencia el 29 de junio de 2011 y su reglamento el 31 de diciembre de 2011. El artículo 38 de esta norma da lugar a la creación de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), que es el órgano ejecutor del Conabed, el cual es presidido por el vicemandatario Jafeth Cabrera.
Ayer se adjudicaron no menos de 22 millones de quetzales a dichas instituciones y se cedió una propiedad inmueble, localizada en Chimaltenango, al Ministerio Público, tal como lo mandó el Consejo, para darle destino a los bienes decomisados a personas relacionadas con el crimen organizado que ya fueron condenadas, que están en procesos judiciales o son prófugas de la ley.
Los bienes extinguidos son repartidos en porcentajes establecidos por la ley. De esa cuenta, el Organismo Judicial recibe 25 % del reparto, el Ministerio de la Defensa 20 %, lo mismo que el Ministerio Público, mientras que el Ministerio de Gobernación se hace con 18 %, la Senabed con 15 % y la PGN se queda con 2 %.
Los bienes trasladados luego de su decomiso van desde casas, apartamentos y parqueos hasta fincas con cultivos, como el caso de una de las propiedad que está sembrada con aguacatales de la especie Hass, que da hasta dos cosechas al año, producto vegetal que ha tenido que ser subastado y cuyos fondos obtenidos se han sumado al total repartido.
La importancia de la extinción de dominio de bienes está en que forma parte de la estrategia para combatir al crimen organizado, pues ayuda a desarticular a las organizaciones y redes criminales y, a la vez, detiene el proceso de lavado de bienes obtenidos de manera ilícita.
EDITORIALES
Investigación del DCA muestra camino a seguir contra asalta furgones
Las voces fueron fuertes y claras. El mensaje, también. El llamado que realizan las autoridades y empresarios no permite dudas; al contrario, marca el camino que debemos seguir si queremos construir una nación competitiva, que atraiga inversión extranjera.
Vamos por partes. La investigación que publica el Diario de Centro América (DCA) en sus páginas 2 y 3 evidencia la relativa facilidad con que operan las bandas que se dedican al robo de furgones.
Actualizados en el uso de la tecnología, estos criminales descubrieron que existen aparatos que se venden alegremente en el mercado, con los cuales pueden asaltar cabezales cargados de
mercancías de alto valor.
El atraco es casi perfecto. Solo necesitan 285 quetzales para perpetrar un golpe que puede dejarles millonarias ganancias. De acuerdo con la investigación periodística, los bloqueadores de los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) y de celulares se pueden adquirir por internet y, sin recargo, ofrecen servicio de entrega.
Lo cierto es que, en 2024, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, informa que se han registrado 24 capturas e identificado, al menos, tres grupos delictivos.
El jefe de dicha institución refiere un caso ocurrido en Escuintla, donde se desarticuló un grupo de forajidos.
En esa ocasión se aprehendió a 10 sospechosos, dos de los cuales no solo tenían antecedentes por los mismos delitos, sino que, un mes antes, ya habían sido apresados.
David Flores, representante del sector de transportistas de la Gremial de Logística de Guatemala (GLG), se suma a las demandas y señala las rutas donde ocurren más atracos.
Pero más allá de la denuncia, tanto Custodio Boteo como Flores muestran el camino a seguir para contrarrestar a estos malhechores que, reiteramos, le restan competitividad y atractivo al país.
El llamado es para los congresistas, a quienes se exhorta a regular la comercialización de los dispositivos y endurecer los castigos. Además, hay que mirar a jueces y fiscales, responsables directos de evitar que los maleantes recuperen su libertad y continúen golpeando nuestra prosperidad y desarrollo.
EDITORIALES
Cinco mil 200 razones para confiar en el cambio
Durante lo que va del año, esta administración ha incautado más cocaína que toda la decomisada en 2023. El dato, que se escribe fácil, tiene un trasfondo que va mucho más allá de la evidente disposición de las fuerzas de seguridad de combatir los cárteles de la droga.
Estos resultados reflejan la confianza y el respeto que el gobierno que lidera el binomio compuesto por el presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera, generan en el ámbito internacional. La relación tú a tú que prima ahora entre nuestros gobernantes y sus homólogos de Latinoamérica y Europa permiten que las amistades sean francas, abiertas y de apoyo mutuo.
El Estado de Guatemala dejó de ser el paria de la región. La fama de ser una nación inmanejable, violenta y corrupta poco a poco se esfuma y se erige como la república que somos: trabajadora, decente y emprendedora.
Eso explica por qué en los primeros 59 días de 2024 se han confiscado 5 mil 209 kilos de cocaína, más que los 2 mil 029 del año anterior. El logro no deviene de una mayor inversión en equipo y recursos, aunque sí evidencia la voluntad política de las actuales autoridades de frenar el trasiego de estupefacientes que destruye vidas y esperanzas, en especial, de niños y jóvenes que son atrapados por las mafias.
El refrán que advierte que “los actos comunican más que las palabras” se ajusta a los nuevos vientos que soplan en el Organismo Ejecutivo, que es dirigido por personas probas, capaces y comprometidas con el desarrollo inclusivo.
Los ejemplos de honestidad, transparencia, democracia y rendición de cuentas que emanan del Palacio Nacional de la Cultura son seguidos por ministros y secretarios, lo cual perciben y reconocen los aliados internos y externos que comparten los nuevos principios y valores que caracterizan a quienes hacen gestión pública.
Soñar con una nueva primavera es relativamente fácil, lo difícil es construirla y heredarla, como está ocurriendo ahora.
EDITORIALES
La infame herencia de los desgobiernos
Más que a los guatemaltecos, los informes pintan de cuerpo entero a la clase política que nos ha gobernado en los últimos 11 años. El retraso que se evidencia muestra también las prioridades de quienes llegaron al poder en búsqueda de placer y riqueza.
De esa cuenta, no extraña que el documento emitido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que tomó el pulso de la nación de 2012 a 2023, refiera que el 80 por ciento de compatriotas considera que el Estado de Guatemala es corrupto.
Esta lamentable percepción nos pone en la quinta posición en América Latina y el Caribe.
Tampoco es raro que no figuremos entre las repúblicas que han establecido mecanismos certeros, que garantizan que ninguna solicitud de licitación se lleve a cabo sin contar con la certificación de la disponibilidad de fondos (nuestro lastre llamado deudas de arrastre).
Ni qué hablar de los sistemas de justicia que imperan en otras naciones, las cuales, verdaderamente, velan por castigar a los infames que se enriquecen con los fondos públicos e impiden que pandillas de cuello blanco controlen las instituciones, lo que les permite y garantiza la impunidad a toda costa.
El otro informe que avergüenza a la mayoría de compatriotas es el del Índice de Desarrollo Humano 2023-2024, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En él, se resalta “el peligroso estancamiento generado por el progreso desproporcionado, la intensificación de la desigualdad y la creciente polarización política” que caracteriza a naciones como la nuestra.
Para exponer la gravedad del asunto, basta decir que ocupamos el penúltimo lugar en
Centroamérica, incluyendo Panamá, en crecimiento social y económico.
En fin, estamos frente a la herencia dejada por las mafias que asaltaron el poder y los bolsillos, ante la insensible pasividad de quienes dirigían y dirigen los llamados órganos de pesos y contrapesos.
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