El Gobierno le apuesta, como en otros casos relacionados con el tema de tierras, al diálogo para la solución de un supuesto desalojo de no menos de 2 mil pobladores en 4 comunidades de Zacapa, aseguró el presidente Jimmy Morales.
Pobladores de las comunidades de Pasabien, Santa Rosalía Mármol, Agua Caliente y San Lorenzo, Río Hondo, Zacapa, aseguran ser los poseedores de las tierras aludiendo a que sus generaciones han vivido no menos de 100 años en el área. No obstante, la finca es reclamada por Rafael Oliveros, quien habría pedido la expulsión de los comunitarios.
“Creo que todo tiene solución, y de manera pacífica. El tema catastral y de registros de propiedad en Guatemala es un problema añejo; tendremos que sentarnos a dialogar para hallarle solución”, consideró el gobernante.
En este sentido, la mesa para abordar el caso se instaló el 14 de marzo, con la participación de los comunitarios, la Municipalidad de Río Hondo, los Ministerios de Ambiente y Recursos Naturales, Gobernación y Agricultura, así como la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), el Ejército, la Policía Nacional Civil (PNC), la Procuraduría General de la Nación, el Registro de Información Catastral (RIC) y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh), detalló Rocael Cardona, coordinador de la Comisión Presidencial de Diálogo.
Consensos
“Entre los acuerdos que ya se alcanzaron está la no expulsión de los pobladores y que cada una de las partes compruebe sus argumentos. Asimismo, se consensuó la coordinación entre la PNC, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Copredeh, para que, en caso de un desalojo, se garanticen los derechos de las personas, además de coordinar cualquier acción dentro del marco de la Ley”, resaltó Cardona.
Carlos Morán Pop, titular de la SAA, entidad que tiene entre sus funciones la implementación de políticas y la gestión del mejoramiento del ordenamiento jurídico e institucional del ámbito agrario, comentó que ahora tocaría al RIC, que tiene el ordenamiento jurídico, realizar un estudio registral y catastral para determinar en qué áreas están ubicadas las comunidades.
Para coadyuvar en las soluciones de los problemas de la tenencia de tierra, “en la SAA partimos del respeto a la propiedad privada legal y legítimamente validada, sin menospreciar el derecho que asiste a los pueblos indígenas en cuanto a sus métodos, culturas, tradiciones y formas de poseer la tierra, siempre y cuando, también, esté debidamente sustentada”, afirmó Morán.
Casos similares
El Presidente recordó cómo al segundo día de este gobierno pobladores tomaron un área cerca de la Hidroeléctrica Chixoy; caso similar se dio en el Polochic y Poptún. “Antes de un desalojo violento llegamos a dialogar, y se encontró la solución pacífica”, dijo.
En el tema del Polochic, en Alta Verapaz, “fue por un problema que se dio desde 2009, en donde el Estado se había comprometido a impulsar algunas acciones que nunca hizo. Ya dimos pasos en la solución, incluso de asignación de los recursos para la compra de una finca que se necesita para poder ubicar a estas personas”, aseguró.
Sobre ese inmueble, la Secretaría de Asuntos Agrarios está coordinando con el Fondo de Tierras la adquisición de la Finca Tucurú, por Q5 millones, que beneficiará a 81 familias del área en mención.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en un comunicado del 4 de marzo, instó a atender a la población rural, considerando que el 60 por ciento de esta depende de actividades agropecuarias.
En concordancia con el tema, el Acuerdo Gubernativo 196-2009, Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, establece priorizar a la población rural, especialmente la que está “en situación de pobreza y pobreza extrema, con prioridad en los pueblos indígenas y campesinos con tierra insuficiente, improductiva o sin tierra”.
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