COLUMNAS
El Fiscal General que nombró Kennedy
El fiscal general en los Estados Unidos de América –su nombre allá es “Attorney General”–es nombrado libremente por el Presidente de la República siendo preciso, eso sí, su confirmación por el Senado –Órganos, ambos, Presidencia de la República y Senado, eminentemente políticos– y no goza –como goza en Guatemala– de período constitucional alguno, lo que se traduce en que podría ser destituido por la entidad nominadora –el Presidente– en cualquier momento, sin que tenga para hacerlo limitación alguna y sin que se precise de expresión de causa. La institución del fiscal general –la del Attorney General– es sumamente respetada en aquel país y no precisa –es cuestión de cultura política– de un período constitucional para asegurarle a su titular y a la institución bajo su mando, el independiente ejercicio de sus funciones. El respeto por esta independencia que entre nosotros ha debido legislarse, allá cae de su propio peso.
Buena fe y sentido común, los que rigen. El Fiscal General, tanto en los Estados Unidos de América como en Guatemala debe ser de la más absoluta confianza del Presidente y, a un extremo tal que allá, en los Estados Unidos de América, el Presidente John F. Kennedy, muy destacado Presidente americano, nombró como Attorney General–fiscal general a la persona en quien más confiaba– el abogado Robert F. Kennedy –su hermano–( 1961-1964). La necesidad de que aquel que designe el Presidente para el ejercicio de este cargo sea alguien que le inspire la más absoluta confianza deriva –precisamente– de la naturaleza del mismo, ya que una vez hecho el nombramiento, goza el fiscal general de la más absoluta independencia y, si tal confianza es importante en los Estados Unidos de América, cuánto más importante en Guatemala, gozando como goza el Fiscal General de todo un periodo constitucional que le protege y le distancia. Si cuidadoso debe ser el Presidente cuando nombra a los Ministros –estos habrán de caracterizar a su Gobierno– existe un sencillo remedio para el caso de que se equivoque ya que sin más, si así lo considera y sin necesidad de expresar causa alguna, puede removerlos pero esto es absolutamente distinto en el caso del fiscal general puesto que si en este caso se equivoca, el error cometido se hace fatal; puede nombrarle el Presidente pero, una vez nombrado –salvo justa causa debidamente establecida– no puede removerle.
Cuidadoso debe ser el Presidente al nombrar a sus ministros pero siempre tendrá la oportunidad de orientarles e incluso de reprenderles, pero esto es algo que no ocurre en el caso del fiscal general ya que este, una vez nombrado, ejerce sus funciones con absoluta autonomía. Ni siquiera, por parte de la Presidencia, la posibilidad de instrucción general alguna, declarada inconstitucional la norma que lo pretendía. El Presidente de la República, jefe del Estado y del Gobierno, electo por el pueblo, buscará que el fiscal general sea la expresión fiel –sin intervenir jamás en el desempeño de sus funciones– sujeto el fiscal general tan solo a la Constitución y las leyes, de su propio concepto –el de sus electores– de lo que debe ser la velación que a este corresponde del estricto cumplimiento de la leyes, de la eficiente persecución de sus infractores y de la más pronta restauración –hasta el límite de lo posible– del orden perturbado.
El Presidente Kennedy sabía que era preciso combatir y perseguir a las mafias de toda índole y con mayor énfasis incluso a las mafias sindicales, y que, para ello, precisaba del mejor y más confiable de los abogados, habiendo escogido para lograrlo a su propio hermano, abogado que independiente en el ejercicio de sus funciones, guardó siempre lealtad a lo que había sido la razón de ser de su nombramiento. El Presidente Clinton nombró fiscal general a Janeth W. Reno (1993-2001) la primera mujer en ocupar el cargo, llevado a esta después de tener un primer intento fallido con la primera opción en sus preferencias, también femenina y lo hizo por sus excelentes referencias e identificación de lo que aquel pretendía como expresión de su mandato –el de sus electores– y no se equivocó. Cuando el escándalo Lewinsky esta no se le tiró a la yugular –Luz, cámara, acción– aunque inmensas habrán sido las tentaciones habidas para hacerlo sino que hizo lo justo y lo correcto, designar a un Fiscal Especial, institución que –aunque Usted no lo crea– también existe en Guatemala, fiscal especial, Kenneth Starr, ajeno al Presidente Clinton y ajeno a ella misma y que, con absoluta independencia, habría de dirigir –y dirigió–la investigación a realizarse.
La institución del fiscal especial es una importante institución que debe utilizarse cuando el fiscal general tiene en cualquier caso en que deba intervenir algún conflicto e intereses, tal y como un juez, debe excusarse, allá se ha usado cuando preciso pero, entre nosotros, ha brillado por su ausencia. Las dimensiones no deben perderse nunca y deben recordarse siempre; El Presidente de la República es el jefe de Estado y de Gobierno y fue electo por el pueblo; el Comisionado es un funcionario internacional –no un funcionario de la Organización de las Naciones Unidas– y preside la CICIG de conformidad con el mandato que se desprende del acuerdo celebrado entre nuestras autoridades y la ONU, Comisión que entre ambos fuera convenida y, la fiscal general, es una auxiliar de la administración pública y de los tribunales de justicia con funciones autónomas, designada para el cargo por el Presidente de la República para servir el período constitucional que le corresponda.
Cada cual en lo suyo, guardando las distancias y sin perder las dimensiones, se impone su debida coordinación para alcanzar los resultados, lo que incluye al Contralor General de Cuentas, al Procurador General de la Nación y al Procurador de los Derechos Humanos. Para terminar con la corrupción se hace preciso poner orden en el Estado, vital el Congreso –en sus manos presupuesto y leyes– integrado por diputados electos en forma distinta; Reforma del artículo 157 de la Constitución Política de la República.
Lic. Ernesto Salvador Flores Jerez
Dirección General de Desarrollo Cultural
La Política Cultural Municipal (PCM) es un instrumento clave que integra un plan de acción y organización a nivel municipal con un enfoque a mediano y largo plazo. Su objetivo es impulsar el desarrollo cultural, posicionando a la cultura como un motor de crecimiento para las comunidades locales. Desde su inicio en 2016, se han formulado 130 PCM, que han sido aprobadas por sus respectivos consejos municipales, alcanzando un hito importante en 2024.
Este proyecto, impulsado por el Ministerio de Cultura y Deportes, a través de la Dirección General de Desarrollo Cultural, se centra en la descentralización de los procesos culturales, asegurando la salvaguarda y promoción de las expresiones culturales, tradiciones y patrimonio local.
Este proyecto se centra en la descentralización de los procesos culturales, asegurando la salvaguarda y promoción de las expresiones, tradiciones y patrimonio.
A lo largo de cinco fases, el proyecto busca involucrar a las autoridades edilicias, organizaciones de la sociedad civil y actores culturales locales, en un proceso colaborativo que refuerza la identidad y riqueza cultural de cada municipio.
La primera fase se enfoca en la vinculación entre el Ministerio de Cultura y Deportes con las autoridades municipales, asegurando el compromiso y aprobación del Concejo Municipal para formular la PCM.
En la segunda fase, se realizan encuentros presenciales en los municipios con la participación de actores culturales clave, en donde se discuten temas esenciales como las artes, patrimonio cultural y deporte, identificando problemáticas y soluciones para su desarrollo.
La tercera fase comprende la redacción de la propuesta de PCM, basada en la información recopilada durante los encuentros. Seguidamente, en la cuarta fase, se lleva a cabo un taller final para validar y corregir la propuesta antes de su presentación oficial al Concejo Municipal para su aprobación.
Finalmente, la quinta fase culmina con la entrega pública de las PCM a nivel nacional, un acto que formaliza el compromiso de las autoridades y actores culturales para la implementación de estas políticas. Este esfuerzo conjunto tiene como meta principal el rescate, la promoción y la preservación de la diversidad cultural y deportiva en cada municipio, fomentando el buen vivir y fortaleciendo el tejido social a través de la cultura.
Con estas acciones, la Política Cultural Municipal se consolida como una herramienta fundamental para el desarrollo sostenible de las comunidades locales, garantizando que las futuras generaciones puedan disfrutar y participar en la rica herencia cultural de sus municipios. Este 2024 se logra un éxito al acumular ya 130 PCM a nivel nacional.
Patricia Letona
Innovación y Relacionamiento Estratégico
¿Qué futuro le espera a un pueblo cuyo tejido social se ha roto, donde la mayor aspiración de sus jóvenes es encontrar los recursos necesarios para migrar?
¿Cómo hemos fallado como país para que la migración se haya convertido en la principal opción para garantizar el sustento económico?
Tan solo en el 2021, cerca de 300 mil guatemaltecos llegaron de manera irregular a la frontera sur con Estados Unidos, no todos lograron pasar. Muchos de ellos comprometieron todo su patrimonio familiar.
Conozco a guatemaltecos migrantes que desean regresar, pero no saben qué hacer al volver.
En lo profundo de Guatemala encontramos pueblos habitados casi en su totalidad por mujeres, niños y ancianos porque sus hombres y jóvenes ya han migrado. Estamos comprometiendo seriamente las posibilidades de nuestro país si no hacemos un alto e invertimos en la educación tanto de niñas como niños, de los jóvenes. No solo educación formal que de por sí es tan precaria, sino también en habilidades blandas y de desarrollo personal que les permitan encontrar oportunidades para desarrollar negocios en sus propias comunidades.
El impacto de esta fractura en el tejido social tiene dimensiones profundas. La migración no solo ha separado familias, sino que ha debilitado los lazos comunitarios que solían ser el pilar de la cohesión social en muchas aldeas guatemaltecas. La ausencia de los hombres ha reconfigurado la estructura familiar y ha impuesto mayores cargas sobre las mujeres, quienes, además de cuidar de sus hijos y del hogar, deben manejar la incertidumbre de si sus parejas lograrán enviar remesas regularmente y de si los volverán a ver.
Aunque las remesas son una fuente significativa de ingresos para muchas familias, no se traducen siempre en desarrollo económico sostenible ya que a menudo se destinan únicamente a cubrir necesidades básicas y consumo inmediato, en lugar de invertirse de manera productiva en negocios o ahorro a largo plazo. Sin conocimientos sobre cómo gestionar esos recursos de manera eficiente, las oportunidades para generar riqueza sostenible se ven reducidas. Esto perpetúa la dependencia económica y evita que las remesas se conviertan en un motor de desarrollo económico y social en las comunidades receptoras.
La dependencia económica de las remesas es otro factor preocupante. Si bien estas contribuyen a la economía familiar, no reemplazan la presencia emocional y física del padre o del joven migrante. A largo plazo, la migración de hombres podría transformar no solo la dinámica familiar, sino también la identidad misma de las comunidades.
Los niños crecen en un entorno donde la figura paterna o masculina está ausente, lo que afecta su desarrollo emocional y la transmisión de valores culturales y sociales.
Desde un punto de vista económico, ya se siente con intensidad la falta de mano de obra en sectores como la construcción, la agricultura o el transporte, donde muchos trabajadores han optado por migrar.
Conozco a guatemaltecos migrantes que desean regresar, pero no saben qué hacer al volver. Preguntan: ¿Cómo puedo tener una vida digna en Guatemala? ¿Cómo puedo poner un negocio o encontrar un buen trabajo? Muchos han logrado regresar y salir adelante, pero no es tarea fácil. La falta de oportunidades sigue siendo un reto para aquellos que desean volver y construir una vida en su propio país.
Es momento de que enfrentemos este fenómeno, no solo desde una perspectiva económica, sino desde una visión social y humana. La migración toca el corazón de nuestras comunidades. Sin hombres, sin jóvenes, los pueblos corren el riesgo de perder su esencia, y con ello, una parte fundamental de nuestra identidad como nación.
Comunicación y Relaciones Públicas – CONADI
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud mental como “el bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales; en última instancia, el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación”. Este concepto nos recuerda que la salud mental no es solo la ausencia de trastornos, sino un estado integral de bienestar que abarca nuestras dimensiones emocional, psicológica y social.
Para el 2024, la celebración del Día Mundial de la Salud Mental será el 10 de octubre.
No podemos concebir la salud física sin cuidar la mental, ya que ambas están profundamente interrelacionadas. El bienestar mental influye directamente en el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico, y es un factor clave en la calidad de vida. Por ello, debemos entender que cultivar la salud mental va más allá de evitar enfermedades, implica construir un equilibrio que nos permita desarrollarnos plenamente en todos los ámbitos de nuestra vida.
El autocuidado de la salud mental es importante, desde la niñez hasta la vejez. A lo largo de nuestra vida, enfrentamos desafíos y factores que pueden fortalecer o debilitar nuestra salud mental: desde la estructura social y el entorno en el que vivimos, hasta las circunstancias personales que nos afectan. Estos determinantes influyen directamente en nuestra capacidad para manejar el estrés, las emociones y las relaciones, por lo que debemos incluir en nuestra rutina diaria prácticas de autocuidado orientadas a mejorar tanto la salud física como la mental.
Es preocupante que el gasto destinado a los servicios de salud mental a nivel mundial representa solo un 2.8 por ciento del gasto total en salud. Esta insuficiencia ha contribuido al aumento de problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad, que a su vez impactan negativamente en la salud física. Esto refleja una falta de atención hacia un problema que afecta a millones de personas.
