Carlos Morales Monzón
Periodista y Profesor Universitario
Para entender el funcionamiento del Estado hay que trabajar en él. Se deben vivir las situaciones, pues no sólo se trata de ver desde afuera y pensar que la situación es fácil de sortear. Muchas veces se trata de cosas que parecen simples pero que la estructura estatal, tanto la organizacional como la legal, complica.
Un ejemplo real que ha sucedido nos puede dar una mejor idea de lo anterior.
En la iniciativa privada si se cuenta con presupuesto para la adquisición de vehículos resulta sencillo ejecutar la compra de un automotor, pues basta para este fin contar con los recursos y buscar la mejor elección. En el Estado, primero, se debe tener el financiamiento del rubro presupuestario, pues en muchísimas ocasiones existe en el papel pero no en la realidad.
Es decir que en el presupuesto puede decir que hay 100 mil quetzales para la compra de
vehículos, pero en realidad no hay un centavo disponible. Ahora, supongamos que existe la plata, resulta que nos damos cuenta de que 100 mil no son suficientes para la compra de un vehículo nuevo, entonces cualquiera pensará que se debe obtener uno usado en las mejores condiciones, pero resulta que la Ley de Compras y Contrataciones no permite ese tipo de negociación.
De dicha cuenta se puede pensar entonces que mejor, en lugar de un vehículo se pueden obtener cuatro motocicletas y aún sobrará dinero, pero eso tampoco es posible legalmente, porque resulta que el rubro de vehículos es para transportes de cuatro ruedas y no de dos. Si se hace la compra, se puede incurrir en malversación de fondos.
En fin, como se puede ver en este simple ejemplo, solucionar los problemas y atender las necesidades en las instituciones estatales no es para nada fácil. Se deben enfrentar una serie de situaciones que complican los procesos y extienden los tiempos de ejecución.
Una licitación, por ejemplo, puede durar hasta seis meses en su proceso hasta llegar a la adjudicación. Pero luego resulta que uno de los oferentes perdedores presenta una queja legal por inconformidad y el proceso de adjudicación puede volver a extender por otros cuantos meses y así puede pasar en varias oportunidades. Cuando finalmente se puede adjudicar la adquisición resulta que el año se ha agotado y ya no hay tiempo para la ejecución y el dinero ya no puede gastarse y pasa al fondo común.
Por supuesto que de inmediato se tildará a las autoridades de ineficientes. Y desde la lógica de quienes están fuera del Estado la situación es evidente y el resto puede pensar que el crítico tiene toda la razón. Lo que no se evalúa es todo este embrollo de procedimientos que dificultan la ejecución y hacen que el elefante estatal camine cada vez más lento.
Es urgente trabajar en reformas legales y administrativas que eviten este tipo de situaciones que conciban que se hace mal algo que en realidad sólo se efectúa conforme la ley lo indica. Y quien no actúe conforme la ley o recibe multas elevadísimas por parte de la Contraloría General de Cuentas, o termina acusado en un tribunal y quizá hasta en prisión.
