COLUMNAS
El espacio y sus recursos
El Estado guatemalteco firmó dicho tratado el 20 de noviembre de 1980.
Dr. Jorge Antonio Ortega G.
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De frente a las nuevas fronteras que ofrece la exploración espacial, también encontramos oportunidades de explotar la minería del espacio. Pero no es tan fácil como se piensa, debido a hay una regularización jurídica internacional del siglo pasado: el “Derecho del Espacio”, que se sostiene debido al tratado de 1967 que se constituyó en el primer instrumento jurídico internacional y que estableció los principios medulares al respecto, y que fue negociado en la comisión sobre la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos (Copus) de la Naciones Unidas.
Con lo anterior, el espacio se declaró abierto a su exploración, investigación científica y utilización para todos los Estados, sin exclusión alguna. Se acentuaba que todas las actividades debían encaminarse al beneficio e interés de los países, independientemente de su grado de desarrollo económico y científico.
En el Artículo II se especifica que el espacio no podrá ser objeto de apropiación nacional, asumir soberanía, uso u ocupación. Dicho artículo no da mucho margen a su interpretación, pero varios Estados han adoptado en los últimos años leyes propias que permiten la explotación de los recursos del espacio exterior y, por si eso fuera poco, también de apropiación.
Un ejemplo actual lo constituye el programa Artemisa, impulsado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), que plantea explotar los recursos en el propio espacio para conseguir combustibles y materias primas con las que se podrían construir estructuras. Otro ejemplo lo constituye la Space Act estadounidense, que tiene su génesis en la presidencia de Barak Obama en 2005, y le atribuye a cualquier ciudadano estadounidense el derecho a cualquier recurso espacial que obtenga, incluido posesión, propiedad, transporte, uso y venta. Luxemburgo, en 2017, establece en su andamiaje jurídico una normativa similar a la anterior.
Ante esa realidad, se puede afirmar que el Tratado del Espacio firmado y ratificado en 1967 ¿está obsoleto? Todo apunta que los Estados con posibilidades de patrocinar la exploración espacial se hacen de la vista gorda, a tal grado que en 2020 se elaboraron y firmaron ocho Estados los Acuerdos de Artemisa (a la fecha se ha unido una veintena de Estados); los generadores de dichos acuerdos aseguran que no es un tratado internacional y por ello no es vinculante. En la misma dirección anterior, una orden ejecutiva adoptada por el expresidente Donald Trump en 2020 manifiesta: Fomentar el apoyo internacional para la recuperación y el uso de los recursos espaciales, daba paso libre al derecho de explotar, recuperar y usar los recursos espaciales específicamente de la Luna y en el planeta Marte, como parte de una migración inminente, lo cual permite desde ya la permanencia legal, legitima y permanente, así como la investigación científica.
Pero ¿dónde se encuentra el conejo escondido? En la posibilidad de explotación de los recursos espaciales, como el apoyo a las actividades de exploración actuales en el espacio exterior a través del Programa Artemis, liderado por la NASA. Definitivamente, las leyes nacionales y los Acuerdos Artemisa pretenden legitimar una controvertida interpretación del Artículo II del Tratado del Espacio, el cual prohíbe taxativamente la apropiación o declaración de soberanía; además, existe el Tratado de la Luna de 1979, que expresa en la misma dirección de la no apropiación del satélite natural de la Tierra, y que los recursos naturales de la Luna son patrimonio común de la humanidad, el Estado guatemalteco firmó dicho tratado el 20 de noviembre de 1980; está pendiente su ratificación por el Poder Legislativo.
En la actualidad existe un debate jurídico (no vinculante) como lo es la iniciativa de la agenda “Espacio 2030”, que fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2021, y en términos generales pretende diseñar líneas específicas en lo que corresponde a normas de carácter jurídico internacional para la exploración, explotación y la utilización de los recursos espaciales.
Así se visualiza el horizonte en el espacio, entre lo legal y la explotación de los recursos.
Fernando Soto,
Director de Fomento de las Artes, Ministerio de Cultura y Deportes
Guatemaltecos, cuyos nombres han trascendido las fronteras de nuestro país por su valor artístico, forman una constelación de estrellas en el firmamento del arte nacional. Nombres como Joaquín Orellana, Carlos Mérida, Efraín Recinos o Miguel Ángel Asturias, son algunas de estas figuras del arte nacional que dan renombre a Guatemala en el universo artístico.
El Estado de Guatemala, por medio del Ministerio de Cultura y Deportes, constitucionalmente tiene la obligación primordial de proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional y, anualmente, reconoce a los artistas por medio de la entrega de los Premios por Trayectoria y Aportes al Desarrollo del Arte.
El Estado tiene la obligaciòn de proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional.
Marimba, teatro, danza, música, artes visuales y artes circenses son las disciplinas en las que se premia a mujeres y hombres guatemaltecos dedicados al arte nacional, enalteciendo, reconociendo y valorando a las y los guatemaltecos dedicados al quehacer artístico nacional.
Durante el año se entregan los premios a los artistas en cada una de las disciplinas en las que han destacado, contribuyendo al desarrollo del arte, ya sea por medio de la docencia, la proyección de su arte como destacado intérprete, o la labor creadora de obras artísticas, fruto de años de dedicación y esfuerzo, sirviendo como ejemplo a las nuevas generaciones de niños y jóvenes que inician o se están formando en el arte y, a la vez, proyectando su obra creadora a la sociedad guatemalteca, dejando un legado artístico que muestra la grandeza del arte a nivel nacional e internacional.
Educadores que transmiten a las nuevas generaciones su conocimiento y experiencia en las escuelas de arte, conservatorios o academias comunitarias que existen en el territorio nacional; dramaturgos, compositores y coreógrafos que plasman en su obra historias y vidas, paisajes sonoros, lenguajes corporales cadenciosos con el fin de transmitir una idea, un momento, un mensaje, un recuerdo o una realidad; músicos, actrices y actores, bailarinas y bailarines, escultores y pintores, payasos, acróbatas y magos que han dejado su vida en las tablas, en teatros, en galerías, en parques, iglesias, edificios, en festivales o en donde se pueda hacer un escenario o montar una exposición y presentar ante un público diverso y colorido el fruto de la obra creadora
individual o colectiva.
Mientras sigamos reconociendo y valorando a nuestros artistas, seguiremos llenando de estrellas el firmamento artístico de nuestra Guatemala.
El Informe sobre Riesgos Globales 2024 del Foro Económico Mundial destaca las principales amenazas que enfrentará el mundo. Entre las más urgentes para los próximos dos años se encuentran la desinformación, los fenómenos meteorológicos extremos, la polarización social, ciberataques y los conflictos armados.
La desinformación, entendida como información falsa difundida sin intención y como aquella creada deliberadamente para engañar, destaca como una de las amenazas más preocupantes. Dentro de este fenómeno, se incluyen las deepfakes: videos o audios generados con inteligencia artificial que imitan a personas reales diciendo o haciendo cosas que nunca ocurrieron.
No se trata solo de una amenaza tecnológica, sino también de un reto cultural.
Estas herramientas, que utilizan modelos de aprendizaje profundo para crear contenido casi indistinguible de la realidad, están ahora al alcance de cualquiera con acceso a un software básico, convirtiéndose en una poderosa arma de manipulación.
En un país como Guatemala, donde persiste la polarización política y la desconfianza en las instituciones, las deepfakes representan un riesgo enorme.
La rapidez con la que se difunde la información a través de plataformas como Facebook, WhatsApp o TikTok, sumada a la tendencia de la población a consumir información superficial sin verificarla, crea un terreno fértil para el éxito de este tipo de
manipulaciones.
Crear un deepfake no requiere de equipos sofisticados; basta con programas accesibles y suficiente material visual de la persona que se desea imitar. Casi cualquiera con intenciones maliciosas puede producir contenido para difamar a figuras públicas, marcas o influir en decisiones políticas y sociales. En un país donde muchos ciudadanos se quedan en la superficie de lo que ven o escuchan, las consecuencias pueden ser tremendas.
Vivimos en una era de sobrecarga de información y contenido instantáneo, donde la veracidad de los hechos importa menos que las emociones que estos generan.
Campañas de desprestigio y contenidos falsos no solo capturan la atención del público y manipulan sus percepciones, sino que también distorsionan la verdad y alimentan la polarización social, aumentando el clima de desconfianza.
A nivel global, estudios como los del MIT han demostrado que las noticias falsas y los deepfakes, se difunden más rápido y llegan más lejos que las noticias verdaderas, especialmente en el ámbito político. Esto se debe a su novedad, apariencia y a su capacidad de generar emociones fuertes como miedo, disgusto y sorpresa, haciéndolas más propensas a ser compartidas en redes sociales.
No se trata solo de una amenaza tecnológica, sino también de un reto cultural. Las redes sociales, que surgieron como espacios para la libre expresión, hoy pueden adormecer el razonamiento crítico, convirtiendo a los usuarios en presa fácil de la manipulación. En lugar de profundizar y cuestionar, muchos se quedan en la superficie de los titulares y contenidos virales, adoptando posturas emocionales antes que basadas en hechos.
Como ciudadanos, tenemos una gran responsabilidad ante esta amenaza. No debemos consumir toda la información que nos llega sin cuestionarla. Necesitamos practicar un escepticismo saludable, fomentar la alfabetización mediática, la cultura de verificación y análisis crítico educándonos para identificar y combatir la desinformación.
Si no aprendemos a discernir entre la verdad y la manipulación, seguiremos siendo vulnerables y presas fáciles. Solo con una ciudadanía informada y crítica podremos proteger nuestro derecho a tomar decisiones .
Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas
CONADI, Guatemala.
En Guatemala, se estima que 1,025,465 personas viven con al menos una dificultad, lo que equivale al 9.53% de la población total. Durante muchos años, las personas con discapacidad en nuestras comunidades han sido olvidadas y excluidas de diversos ámbitos sociales.
Este es un tema de preocupación para el Comité de Expertos de las Naciones Unidas, que, desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Guatemala, ha emitido 83 observaciones y recomendaciones al Estado guatemalteco.
Las OMD representan el enlace entre las personas con discapacidad y las entidades municipales.
Para cumplir con estas recomendaciones el CONADI, cuenta con el Departamento de Servicio Nacional de Discapacidad. A través de sus delegados departamentales trabaja con organizaciones e instituciones dedicadas a las personas con discapacidad.
El objetivo es influir en la voluntad política de las autoridades para que integren la temática de discapacidad en los Planes, Programas, Proyectos y Políticas municipales.
En seguimiento a este mandato, CONADI colabora activamente en la Comisión Departamental de Discapacidad (CODEDIS) y con la Comisión Municipal de Discapacidad (COMUDIS); y a partir de la publicación del Acuerdo Gubernativo 137-23024, el pasado 2 de septiembre en el Diario Oficial, el CONADI podrá participar con voz y voto en los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano (CODEDES).
Estos esfuerzos buscan fomentar la participación ciudadana y crear espacios específicos para la instalación de Oficinas Municipales de Discapacidad en los municipios del país.
Hasta la fecha, se han establecido 131 Oficinas Municipales de Discapacidad (OMD) y 2 Direcciones Municipales de Discapacidad (DMD), que sirven como enlace directo entre las personas con discapacidad y sus familias en cada municipio.
Las aperturas más recientes incluyen las oficinas de Santa Catarina Mita, Jutiapa; Melchor de Mencos, Petén; Samayac, Suchitepéquez, San Rafael las Flores, Santa Rosa; Olopa y Quezaltepeque en Chiquimula; así como en Jocotenango y Pastores en Sacatepéquez.
