Fiel a sus principios y valores, el Gobierno de la República revisó y actualizó la Política Pública de Agua y Saneamiento, con el propósito de asegurar la buena gestión del vital líquido, pero también para garantizar su acceso al 100 por ciento de los guatemaltecos.
La nueva normativa, impulsada por el Ministerio de Salud, establece plazos para la consecución de sus principales objetivos. Por ejemplo, define que en los próximos 11 años, el 11 por ciento de los ciudadanos que en este momento no tiene garantizado el servicio, lo reciba como se merece.
Además, se contemplan programas de formación y capacitación científica y tecnológica e igual número de investigaciones y aplicaciones de tecnologías culturalmente apropiadas, con lo cual se fortalecerán las capacidades de quienes deben velar por el cuidado y gestión del bien.
Otro de los principales aportes de la política es que la gobernanza, manejo integrado y sostenible y saneamiento será un asunto de Estado, que se aplicará con el mayor rigor posible.
Este avance también debe verse en su justa dimensión, porque ataca un problema obviado por administraciones anteriores, que no tuvieron la capacidad ni el valor de protegerlo. Recordar la valía que tiene este recurso en el desarrollo y la prosperidad de los pueblos pareciera algo evidente; sin embargo, es hasta ahora que el tema no solo se aborda sino que se atiende y soluciona.
Paralelo a este instrumento, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales asumió el reto de definir una estrategia que asegure la pureza de los recursos hídricos, mediante acciones que eviten su contaminación y promuevan su buena conservación.
En fin, el Organismo Ejecutivo continúa con su labor de asegurar el bienestar y la realización plena de los guatemaltecos, atendiendo con responsabilidad y solvencia necesidades impostergables para los connacionales.
