COLUMNAS
El Control del Ejercicio del Poder
Cuatro son las instituciones de control, no jurisdiccional, del ejercicio del poder:
EL MINISTERIO PÚBLICO, institución cuya función primera es velar por el estricto cumplimiento de las leyes, desde la Constitución Política de la República hasta el último de los reglamentos, auxiliar de la administración pública –de toda la administración pública y de los tribunales de justicia– de todos los tribunales de justicia –y– si no es así –si estas no se cumplen– perseguir a sus infractores, su función más notoria, pero no la única, y máxime cuando –ultima ratio del Derecho– ejercita la acción penal pública, en representación del Estado.
El auxilio del Ministerio Público a la Administración Pública y a los tribunales consiste, precisamente, en velar porque en estos, en todos sus actos y resoluciones, se observe el estricto cumplimiento de las leyes, inobservancia que da lugar a que persiga a sus infractores, sean estos quienes sean.
La función del Ministerio Público, por mandato constitucional expreso, es absolutamente independiente, no existiendo más sujeción de su parte que a la Constitución y demás leyes.
La nueva fiscal general de la República, María Consuelo Porras Argueta, jefa de la institución –único jefe de esta– fue juramentada el pasado miércoles 16, ceremonia en la cual hizo juramento de fidelidad a la Constitución Política de la República y tomó posesión de su cargo ayer, jueves 17, acatando, así, el tenor del inicio de su período, de conformidad con su nombramiento, tal y como ocurrió en el caso de la fiscal general anterior y que se sustenta en resolución de la Corte de Constitucionalidad que fijó esta fecha para hacerlo, error que la Corte de Constitucionalidad habrá de corregir, tarde o temprano, porque la secuencia de períodos constitucionales desde que se inició el primero, el 18 de mayo de 1994, no podría ser otra que la siguiente, 18 de mayo de 1994 – 18 de mayo de 1998 – 18 de mayo de 2002 – 18 de mayo de 2006 – 18 de mayo de 2010 – 18 de mayo de 2014 – 18 de mayo de 2018, 18 de mayo de 2022, no existiendo ninguna razón –legal– para que esta secuencia se haya quebrantado y pudiera seguirse quebrantando.
Si la Constitución y demás leyes se cumplieran y –si incumplidas (la excepción)– fuera perseguido su incumplimiento hasta lograr que se castigue y que se restaure el orden perturbado, Guatemala sería distinta, la patria fraterna y solidaria que solamente existe en la Constitución, pero no en la realidad en que vivimos.
El Ministerio Público es el motor del estado de Derecho, y de su éxito depende el éxito del Estado, que se haga la Constitución una realidad viva, función –la suya– velar por su estricto cumplimiento –que tiene íntima relación– cada cual en lo suyo con la del jefe del Estado, el Presidente de la Republica, a quien le compete cumplirlas y hacer que se cumplan, no pudiendo existir divorcio entre las instituciones del Estado.
EL PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS es, también, una institución de control no jurisdiccional del ejercicio del poder y, en más de alguna oportunidad me he permitido señalar –y lo reitero– que sea, en cierto sentido, la más importante de todas, puesto que la razón de ser del Estado es la protección del ser humano y de la familia, y es su obligación garantizar la vida, la libertad, la seguridad, la justicia, la paz y el desarrollo integral de la persona, siendo su fin supremo la realización del bien común, correspondiendo al procurador de los derechos humanos –parte que es del Estado, lo que no debe olvidarse– fiscalizar que todos los actos de todas las autoridades del Estado respondan a su razón de ser y que los derechos humanos de todos y cada uno se respeten y realicen en sus manos.
La denuncia y las acciones para lograrlo, institución que, en efecto, se llama, Procurador de los Derechos Humanos y no Procuraduría, precisamente, para eliminar cualquier burocratización de su parte.
El procurador de los derechos humanos, la institución y el personal a su mando, su oficina, es la oficina del Procurador y no Procuraduría alguna.
(Nombres correctos y fechas correctas se olvidan, vicio que desvirtúa la autoridad y la naturaleza de las instituciones).
El Congreso de la República eligió al procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, y su mandato, mandato de 5 años, se extenderá hasta septiembre de 2022.
LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, institución también de control no jurisdiccional del ejercicio del poder, tiene a su cargo que todos los ingresos y todos los gastos de Estado se produzcan de conformidad con la Ley.
Esto incluye los ingresos y gastos de cualquier entidad que reciba recursos públicos o que los recaude públicamente, no existiendo ámbito alguno, en esta materia, que pueda escapar a su control, el que se extiende, en consecuencia a fideicomisos que se hayan alimentado con recursos públicos.
Al frente de la Contraloría General de Cuentas se encuentra el contralor general, funcionario que es electo por el Congreso de la República para un período de 4 años.
Estando por concluir el del actual titular, Héctor Mencos, funcionario de altos quilates, sin que pueda reelegirse, prohibición que no implica que pueda ser electo nuevamente –así lo determinó la Corte de Constitucionalidad– pero período constitucional de por medio.
De la Contraloría General de Cuentas depende que ingresos y gastos del Estado se produzcan y realicen como la Ley lo establece y, en consecuencia, en último extremo, que el Estado cumpla con sus fines, que mal podría hacerlo sin los ingresos que deben producirse, y si se gasta como no debe gastarse, clave su relación con el Congreso, puesto que a este le corresponde aprobar no solo el presupuesto sino –se olvida– tan o más importante –la aprobación o no– de la ejecución presupuestaria.
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, no por citarla de último, menos importante, institución asesora y consultora de todos los órganos del Estado, sin excepción alguna, siendo diferentes las funciones de consultoría, función por la que evacúa las consultas que se le formulen y de asesoría, función que realiza, requerida o no.
Ninguna opinión jurídica –salvo la de la Corte de Constitucionalidad– tiene validez en el Estado si no goza del visto bueno de esta institución, institución que tiene en consecuencia la función de sostener la unidad de criterio.
Al frente suyo se encuentra el procurador general del Estado, funcionario que es nombrado por el Presidente de la República para un período constitucional de cuatro años, período que precisamente se inicia en esta fecha y quien es el representante del Estado – el único representante del Estado en el ámbito interno, teniendo su representación, también, en el externo, el Presidente de la República, el ministro de Relaciones Exteriores y, dentro del ámbito de sus mandatos y de sus jurisdicciones, nuestros embajadores y representantes permanentes.
Derivada de la representación del Estado que le corresponde por mandato constitucional, su representación de menores e incapaces cuando carentes de representación y cuyo cuido corresponde al Estado.
Tal y como no existe ámbito que no sea susceptible de amparo, ni ámbito en materia de ingresos y egresos del Estado que pueda escapar al control de la Contraloría General de Cuentas y que en el ámbito de los derechos humanos –su protección , la razón de ser del Estado– que escape del Procurador de los Derechos Humanos o del ámbito del Ministerio Público velar por el cumplimento de todas las leyes y de perseguir todas sus infracciones, no existe ámbito que escape de la opinión jurídica –vía consultoría o vía asesoría– de la Procuraduría General de la Nación, en lo que respecta a todos los órganos del Estado, como tampoco representación alguna del Estado, concentrada toda, en lo interno, en el Procurador General de la Nación.
Si estas cuatro instituciones cumplen a cabalidad con sus funciones –el ejemplo arrastra– la función de control político del ejercicio del poder será realizada, como corresponde, por el Congreso de la República y la de control jurisdiccional de ese ejercicio, por los tribunales de justicia.
La Guatemala actual es muchísimo mejor, para más amplias mayorías, que la Guatemala anterior a la Constitución de 1985, Constitución que –por primera vez– dotó de recursos a los tribunales de justicia e hizo de verdad autónomos a los municipios –autonomía sin recursos, no es autonomía–habiendo sido la que, con su artículo 257 vino a dárselos por primera vez en nuestra historia.
El Estado se ha desordenado, y todas las instituciones de control del ejercicio del poder están llamadas a ordenarlo, sin olvidar, en ningún momento, que todas están relacionadas entre sí cada cual en lo suyo, pero con el mismo fin y que no cabe divorcio entre las instituciones del Estado, extremo al que deben sujetarse propios y extraños, SIN EXCEPCIÓN ALGUNA.
Ing. Byron Gaitán, Gerente General Zolic
Con más de medio siglo de trayectoria la Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla (Zolic), ha experimentado una evolución sólida en la consecución de sus objetivos.
En la etapa más reciente, el compromiso de su Junta Directiva, Gerencia y Sub-Gerencia ha sido fundamental para impulsar estratégicamente la atracción de nuevas inversiones y el crecimiento económico del país.
La institución ha sido un pilar en la historia de Guatemala, contribuyendo al desarrollo del empleo y la economía nacional. Es así como desde 2021, se estableció una estrategia de reposicionamiento de marca, destacando entre sus acciones el rediseño del logotipo, que otorga un espacio para la innovación y la evolución de la institución desde su imagen visual.
La esencia y el propósito primordial de Zolic desde su fundación en 1973 han sido la promoción de la inversión nacional y extranjera para impulsar el desarrollo, la productividad y el empleo, en línea con su Ley Constitutiva el Decreto 22-73 del Congreso de la República y sus reformas posteriores en el Decreto 30-2008.
El logotipo anterior fue utilizado como sello distintivo de la institución desde el 2012.
La historia de la institución se entrelaza con la identidad arraigada de la Zona Libre de Industria y Comercio “Santo Tomás de Castilla”, conocida generalmente como Zolic por usuarios, público en general y trabajadores, quienes han sido testigos de su evolución a lo largo de los años.
Desde sus inicios, situada junto al principal puerto en el Atlántico guatemalteco, en Puerto Barrios, Izabal; los primeros logotipos de Zolic evocaban el sol, el mar e incluso una gaviota, reflejando su ubicación privilegiada y buscando hacer referencia de su conexión con el comercio
marítimo.
Sin embargo, en la historia de Zolic su Ley Orgánica ha tenido varias reformas, siendo una de las más significativas la de 2008. Con la cual la institución se ampliaría en capacidades, convirtiéndose en la fuerza impulsora detrás de lo que ahora conocemos como Zonas de Desarrollo Económico Especiales Públicas (ZDEEP), autorizando y habilitando nuevas Zonas Libres para el crecimiento económico, en todas las regiones del país.
El logotipo anterior fue utilizado como sello distintivo de la institución desde 2012, y si bien era reconocible por su nombre solo aprovechaba un 7 por ciento el potencial de la marca, en el nuevo rediseño Zolic ocupa el lugar central y dominante representando el 100 por ciento de la composición gráfica.
Esta decisión refuerza el posicionamiento de la marca y la hace más memorable para el público, la marca tiene colores corporativos que reflejan confianza y estabilidad y aseguran una consistencia visual, con tipografías legibles y modernas que reflejan profesionalidad y seriedad.
Hoy, el logotipo de Zolic, tiene un diseño conformado por un rectángulo vertical en color azul oscuro con cortes ondulares; en la parte inferior, en medio esta la palabra Zolic en letras especiales en color azul oscuro, sobre la palabra Zolic, figura una línea ondulada en color celeste con un punto rojo y debajo de la palabra Zolic, se encuentran las palabras zona libre de industria y comercio en letras especiales en color azul oscuro subrayado con línea en color rojo. Abajo del subrayado rojo se encuentran las palabras Santo Tomás de Castilla en letras especiales en color gris claro.
El nuevo diseño de marca de Zolic se da en un tiempo importante de cambio en su historia, consolidando su posición en el mercado guatemalteco y preparando a la institución para enfrentar los desafíos del comercio internacional y el nearshoring.
Con un logotipo limpio y claro, colores corporativos distintivos y tipografías cuidadosamente seleccionadas, Zolic se posiciona como el líder en su sector, rigiendo la autorización y habilitación de las Zonas de Desarrollo Económico Especiales Públicas (ZDEEP), lo que se traduce en contribución a la reactivación económica y social de un nuevo país para todos.
Consejo Editorial Conadi
Hace ya 21 años que el 28 de abril se marca en nuestros calendarios como el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Esta fecha no solo nos recuerda la importancia vital de promover entornos laborales seguros, saludables y dignos, sino que también nos invita a rendir homenaje a todas aquellas personas que han sido víctimas de accidentes laborales y enfermedades profesionales.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) como una disciplina dedicada a prevenir lesiones y enfermedades laborales, así como a proteger y promover la salud de los trabajadores.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, las cifras son alarmantes: Según análisis de la OIT casi 3 millones de personas mueren por accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo; además, calcula que 395 millones de trabajadores en todo el mundo sufrieron lesiones laborales no mortales; entre estos, un porcentaje significativo termina con alguna discapacidad.
A pesar de los esfuerzos, las cifras son alarmantes.
Según el Banco Mundial, aproximadamente el 15 por ciento de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad.
Además de los riesgos físicos, también debemos considerar los desafíos relacionados con la salud mental en el ámbito laboral.
La ansiedad, el estrés y otros problemas de salud mental no solo afectan al individuo, sino que también impactan negativamente en la productividad empresarial.
En Guatemala, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) tienen a su cargo, en forma coordinada, el control y vigilancia de la salud y seguridad; esto, para garantizar entornos laborales seguros y saludables.
Según el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), en nuestro país se registran 200 accidentes laborales diarios, siendo los sectores más peligrosos la agricultura, los servicios y la industria.
El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad hace el llamado para que las empresas asuman su responsabilidad y prioricen la seguridad de sus trabajadores.
Invertir en la prevención de accidentes laborales y en la inclusión de personas con discapacidad en el lugar de trabajo no solo mejora la moral y la productividad, sino también fomenta la diversidad en la fuerza laboral. Además, es crucial garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones que protegen a los trabajadores en la prevención de accidentes laborales en nuestro país.
En este Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, hagamos un compromiso conjunto para crear una cultura laboral donde la seguridad y la salud de los trabajadores sean prioridades indiscutibles. Juntos, podemos construir un futuro laboral más seguro, saludable y equitativo para todos.
Miriam Jerade
Profesora Asistente Facultad de Artes Liberales
Lo tragicómico del libro de Susan Neiman, La izquierda no es Woke es que si bien su autora afirma haberlo escrito para salvar a la izquierda, solo le habla a los prejuicios del ala reaccionaria y conservadora.
En el libro, Susan Neiman sostiene que la izquierda intercambió la igualdad social por la reivindicación identitaria. Neiman jamás define woke.
El término que se originó en la comunidad afroamericana para estar atentos, ha degenerado en un insulto.
Políticos conservadores como Ron DeSantis lo usan contra el activismo medioambiental, derechos sexuales o ser vegano; posiciones escasamente comparables en su valoración social o poder. Tampoco es claro el referente: ¿woke quién? ¿Se refiere a su vecina que le pidió llamarla con otro pronombre o a todas las luchas contra el sexismo?
¿Qué se le achaca a la izquierda (si es que existe la izquierda)? Que perdió su vocación universalista que buscaba la igualdad.
Es falso que la izquierda abandonó las luchas por la igualdad social.
Es cierto que habiendo conquistado una mayor igualdad formal, cierta izquierda ha señalado injusticias estructurales que algunos grupos sociales padecen.
Esto que la autora interpreta como pura victimización es una lucha por la justicia de aquellos que tienden a ser aún más explotados o marginados en el mundo laboral, tienen menos capacidad de decisión o padecen violencias sistemáticas.
Cuando los conservadores contraponen al lema Black Lives Matter una fórmula universalista como All Lives Matter, están caricaturizando la demanda y lo hacen con una ignorancia porfiada que desconoce que es más probable recibir violencia policial cuando se es negro en los Estados Unidos.
Extrañamente, grupos conservadores los defensores de la familia tradicional, por ejemplo; rara vez se tildan como identitarios.
Otra confusión que alimenta el libro es que las identidades son tratadas como intereses, o peor aún, sensibilidades. Indígena u homosexual no describirían nada más que distintos grupos de interés (parciales, además).
De ahí que según ella la izquierda dejó el universalismo ilustrado por intereses particularistas escépticos del progreso. Como si no hubiese progreso moral en el combate al racismo o al sexismo y en la conquista de derechos.
La idea de que la izquierda abandonó la redistribución por el reconocimiento ha sido muy discutida. A nuestro parecer, se trata de una falsa dicotomía, pues la distribución material está estrechamente relacionada con el reconocimiento.
Continuará…
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