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COLUMNAS

El Control del Ejercicio del Poder

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Cuatro son las instituciones de control, no jurisdiccional, del ejercicio del poder:

EL MINISTERIO PÚBLICO, institución cuya función primera es velar por el estricto cumplimiento de las leyes, desde la Constitución Política de la República hasta el último de los reglamentos, auxiliar de la administración pública –de toda la administración pública y de los tribunales de justicia– de todos los tribunales de justicia –y– si no es así –si estas no se cumplen– perseguir a sus infractores, su función más notoria, pero no la única, y máxime cuando –ultima ratio del Derecho– ejercita la acción penal pública, en representación del Estado.

El auxilio del Ministerio Público a la Administración Pública y a los tribunales consiste, precisamente, en velar porque en estos, en todos sus actos y resoluciones, se observe el estricto cumplimiento de las leyes, inobservancia que da lugar a que persiga a sus infractores, sean estos quienes sean.

La función del Ministerio Público, por mandato constitucional expreso, es absolutamente independiente, no existiendo más sujeción de su parte que a la Constitución y demás leyes.

La nueva fiscal general de la República, María Consuelo Porras Argueta, jefa de la institución –único jefe de esta– fue juramentada el pasado miércoles 16, ceremonia en la cual hizo juramento de fidelidad a la Constitución Política de la República y tomó posesión de su cargo ayer, jueves 17, acatando, así, el tenor del inicio de su período, de conformidad con su nombramiento, tal y como ocurrió en el caso de la fiscal general anterior y que se sustenta en resolución de la Corte de Constitucionalidad que fijó esta fecha para hacerlo, error que la Corte de Constitucionalidad habrá de corregir, tarde o temprano, porque la secuencia de períodos constitucionales desde que se inició el primero, el 18 de mayo de 1994, no podría ser otra que la siguiente, 18 de mayo de 1994 – 18 de mayo de 1998 – 18 de mayo de 2002 – 18 de mayo de 2006 – 18 de mayo de 2010 – 18 de mayo de 2014 – 18 de mayo de 2018, 18 de mayo de 2022, no existiendo ninguna razón –legal– para que esta secuencia se haya quebrantado y pudiera seguirse quebrantando.

Si la Constitución y demás leyes se cumplieran y –si incumplidas (la excepción)– fuera perseguido su incumplimiento hasta lograr que se castigue y que se restaure el orden perturbado, Guatemala sería distinta, la patria fraterna y solidaria que solamente existe en la Constitución, pero no en la realidad en que vivimos.

El Ministerio Público es el motor del estado de Derecho, y de su éxito depende el éxito del Estado, que se haga la Constitución una realidad viva, función –la suya– velar por su estricto cumplimiento –que tiene íntima relación– cada cual en lo suyo con la del jefe del Estado, el Presidente de la Republica, a quien le compete cumplirlas y hacer que se cumplan, no pudiendo existir divorcio entre las instituciones del Estado.

EL PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS es, también, una institución de control no jurisdiccional del ejercicio del poder y, en más de alguna oportunidad me he permitido señalar –y lo reitero– que sea, en cierto sentido, la más importante de todas, puesto que la razón de ser del Estado es la protección del ser humano y de la familia, y es su obligación garantizar la vida, la libertad, la seguridad, la justicia, la paz y el desarrollo integral de la persona, siendo su fin supremo la realización del bien común, correspondiendo al procurador de los derechos humanos –parte que es del Estado, lo que no debe olvidarse– fiscalizar que todos los actos de todas las autoridades del Estado respondan a su razón de ser y que los derechos humanos de todos y cada uno se respeten y realicen en sus manos.

La denuncia y las acciones para lograrlo, institución que, en efecto, se llama, Procurador de los Derechos Humanos y no Procuraduría, precisamente, para eliminar cualquier burocratización de su parte.

El procurador de los derechos humanos, la institución y el personal a su mando, su oficina, es la oficina del Procurador y no Procuraduría alguna.

(Nombres correctos y fechas correctas se olvidan, vicio que desvirtúa la autoridad y la naturaleza de las instituciones).

El Congreso de la República eligió al procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, y su mandato, mandato de 5 años, se extenderá hasta septiembre de 2022.

LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, institución también de control no jurisdiccional del ejercicio del poder, tiene a su cargo que todos los ingresos y todos los gastos de Estado se produzcan de conformidad con la Ley.

Esto incluye los ingresos y gastos de cualquier entidad que reciba recursos públicos o que los recaude públicamente, no existiendo ámbito alguno, en esta materia, que pueda escapar a su control, el que se extiende, en consecuencia a fideicomisos que se hayan alimentado con recursos públicos.

Al frente de la Contraloría General de Cuentas se encuentra el contralor general, funcionario que es electo por el Congreso de la República para un período de 4 años.

Estando por concluir el del actual titular, Héctor Mencos, funcionario de altos quilates, sin que pueda reelegirse, prohibición que no implica que pueda ser electo nuevamente –así lo determinó la Corte de Constitucionalidad– pero período constitucional de por medio.

De la Contraloría General de Cuentas depende que ingresos y gastos del Estado se produzcan y realicen como la Ley lo establece y, en consecuencia, en último extremo, que el Estado cumpla con sus fines, que mal podría hacerlo sin los ingresos que deben producirse, y si se gasta como no debe gastarse, clave su relación con el Congreso, puesto que a este le corresponde aprobar no solo el presupuesto sino –se olvida– tan o más importante –la aprobación o no– de la ejecución presupuestaria.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, no por citarla de último, menos importante, institución asesora y consultora de todos los órganos del Estado, sin excepción alguna, siendo diferentes las funciones de consultoría, función por la que evacúa las consultas que se le formulen y de asesoría, función que realiza, requerida o no.

Ninguna opinión jurídica –salvo la de la Corte de Constitucionalidad– tiene validez en el Estado si no goza del visto bueno de esta institución, institución que tiene en consecuencia la función de sostener la unidad de criterio.

Al frente suyo se encuentra el procurador general del Estado, funcionario que es nombrado por el Presidente de la República para un período constitucional de cuatro años, período que precisamente se inicia en esta fecha y quien es el representante del Estado – el único representante del Estado en el ámbito interno, teniendo su representación, también, en el externo, el Presidente de la República, el ministro de Relaciones Exteriores y, dentro del ámbito de sus mandatos y de sus jurisdicciones, nuestros embajadores y representantes permanentes.

Derivada de la representación del Estado que le corresponde por mandato constitucional, su representación de menores e incapaces cuando carentes de representación y cuyo cuido corresponde al Estado.

Tal y como no existe ámbito que no sea susceptible de amparo, ni ámbito en materia de ingresos y egresos del Estado que pueda escapar al control de la Contraloría General de Cuentas y que en el ámbito de los derechos humanos –su protección , la razón de ser del Estado– que escape del Procurador de los Derechos Humanos o del ámbito del Ministerio Público velar por el cumplimento de todas las leyes y de perseguir todas sus infracciones, no existe ámbito que escape de la opinión jurídica –vía consultoría o vía asesoría– de la Procuraduría General de la Nación, en lo que respecta a todos los órganos del Estado, como tampoco representación alguna del Estado, concentrada toda, en lo interno, en el Procurador General de la Nación.

Si estas cuatro instituciones cumplen a cabalidad con sus funciones –el ejemplo arrastra– la función de control político del ejercicio del poder será realizada, como corresponde, por el Congreso de la República y la de control jurisdiccional de ese ejercicio, por los tribunales de justicia.

La Guatemala actual es muchísimo mejor, para más amplias mayorías, que la Guatemala anterior a la Constitución de 1985, Constitución que –por primera vez– dotó de recursos a los tribunales de justicia e hizo de verdad autónomos a los municipios –autonomía sin recursos, no es autonomía–habiendo sido la que, con su artículo 257 vino a dárselos por primera vez en nuestra historia.

El Estado se ha desordenado, y todas las instituciones de control del ejercicio del poder están llamadas a ordenarlo, sin olvidar, en ningún momento, que todas están relacionadas entre sí cada cual en lo suyo, pero con el mismo fin y que no cabe divorcio entre las instituciones del Estado, extremo al que deben sujetarse propios y extraños, SIN EXCEPCIÓN ALGUNA.

Acisclo Valladares Molina
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COLUMNAS

Por la seguridad nacional

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En lo que a la seguridad interna, externa y las relaciones internacionales se refiere, el recuento indica logros y avances alcanzados por la carteras de Gobernación, Defensa y Relaciones Exteriores, que han trabajado para cumplir con las metas trazadas en el Programa de Gobierno del presidente Jimmy Morales.

Con la suma de nuevos agentes, la Policía Nacional Civil ahora cuenta con 41 mil efectivos distribuidos en todo el territorio nacional, para quienes se han construido nuevas comisarías y sedes policiales, con la intención de que cuenten con mejores condiciones de trabajo.

Se puede observar en los informes que las acciones para la seguridad interna han dado buenos resultados, como la disminución de la tasa de homicidios, que registró el año pasado 22.4 por cada 100 mil habitantes.

Por su parte, el Ejército realizó mas de 1,550 acciones de asistencia humanitaria entre rescates, evacuación de damnificados y asistencia en construcción de recintos, además de jornadas médicas en los 22 departamentos, así como las acciones de aire, mar y tierra para control de fronteras. A ello hay que sumar la labor de construir y mejorar caminos en el interior.

Las acciones conjuntas de los ministerios de la Defensa y Gobernación dieron cuenta de los mayores decomisos de droga, que sumaron tonelas de cocaína sacadas del mercado internacional, y del segado de amapola y marihuana.

Hay que reconocer también los buenos resultados de los programas para jóvenes que estas instituciones han encaminado, para hacer conciencia ciudadana y alejarlos de la tentación de participar en grupos delincuenciales.

La cartera de exteriores ha atendido a los guatemaltecos que viven en el exterior, especialmente en Estados Unidos, donde se crearon tres centros para impresión de pasaportes, con el propósito de agilizar este trámite. También se instalaron más de 240 consulados móviles para atender trámites de los connacionales.

El tema de los niños migrantes detenidos mientras acompañaban a sus padres es atendido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la primera dama Patricia Marroquín, quien se ha dado a la tarea de visitar los centros donde se encuentran ubicados los menores, para constatar sus condiciones de vida y apoyar a las familias.

Redacción DCA
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Logros 2018

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Una sana práctica es que toda persona o entidad, haga un análisis de las principales acciones que ejecutó durante un año de trabajo que se concluye.

Un ejercicio que le permitirá replantear aquellas que no pudo realizar por diversas razones y apuntalar o fortalecer las que logró llevar a buen término. A través de ello, podrá hacer un balance de la labor que efectuó para el cumplimiento de sus fines y objetivos, especialmente en pro de la población a la cual se debe.

En el caso de las personas con discapacidad, alcanzó importantes logros a través de las organizaciones que les representan y del mismo Conadi. Sin embargo, son acciones que no resuelven los índices de marginación que enfrentan en el día a día, pero constituyen fuertes bases para las tareas que a futuro se deban y puedan ejecutar.

Resultado del trabajo en el nivel local, en el 2018 se logró la apertura de 30 Oficinas Municipales de Discapacidad (OMD) con recursos de cada municipio. 4 en Petén, 2 en Izabal, 2 en Zacapa, 2 en Chiquimula, 3 en Jalapa, 4 en Jutiapa, 3 en El Progreso, 3 en Alta Verapaz, 2 en Baja Verapaz, 2 en Escuintla, 2 en Guatemala y 1 en Chimaltenango. Acciones que muestran la capacidad de incidencia del Conadi, pero asimismo, la voluntad política de las autoridades locales.

En observancia de las recomendaciones a Guatemala en materia de derechos de las personas con discapacidad por el Comité de Expertos de Naciones Unidas, se planteó una reingeniería de la institucionalidad de discapacidad que actualmente se tiene en el país. Un esfuerzo en el que se definen las funciones y competencias de las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones del Estado y el equipo técnico, administrativo y ejecutivo del Conadi.

Así mismo, se inició el proceso de armonización de la Política Nacional de Discapacidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Plan Nuestra Guatemala K´atún 2032. Una propuesta que ha sido entregada a la Secretaría de Planificación y Programación de la presidencia para su revisión y aprobación final.

Otro de los temas que debe resaltarse del trabajo realizado en el 2018, fue la participación del Conadi en el proceso de construcción de la Iniciativa Iberoamericana Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, misma que fue aprobada en la XXVI Cumbre de la Organización de Estados Iberoamericanos el 15 de noviembre en la Antigua Guatemala. Una oportunidad en la que el Conadi tuvo una activa participación, tanto como país ponente como en la entrega del instrumento a los mandatarios.

Así como estos, hay muchos logros más, que seguramente guiarán el trabajo para los siguientes años, por lo que el movimiento nacional de personas con discapacidad debe apropiarse del contenido de estos logros, hacerlos valer cuando corresponda.

Sebastián Toledo
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El discurso populista (II)

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La semana pasada hablábamos sobre el discurso populista como el instrumentopredilecto de la fauna política. Alrededor de ocho organizaciones políticas han presentado a sus candidatos a presidente y vicepresidente de la República. A decir verdad, van desde los más descoloridos hasta los más desteñidos. Creo que hasta el chucho de mi vecina está lanzando su candidatura. Eso sí, todos, absolutamente todos quienes han salido hasta ahora, enarbolan la bandera del discurso populista, con cero visiones de país, y ni siquiera conocimiento de lo que significa una campaña
política.

Por supuesto que esta pésima costumbre de recurrir al populismo como fórmula mágica para alcanzar el poder no es exclusiva de los políticos guatemaltecos, aunque hay que reconocer que, salvo honrosas excepciones, nuestro país ha sido, por mucho, el caldo de cultivo para estas prácticas insanas en la amañada política latinoamericana. Un expresidente dijo que, si no se miente, no se gana. La gente se traga promesas, pero no digiere soluciones. Así de simple lo ven los políticos.

Latinoamérica está plagada de estos discursos populistas. La tónica general ha sido que, líderes provenientes de sectores pudientes de la sociedad, se lancen a la arena política, y de la noche a la mañana, aparecen como los salvadores de la ciudadanía que a diario busca el sustento con su trabajo y esfuerzo. Pasan por un proceso de entrenamiento discursivo (Media Training) que les permite conocer “el lenguaje de los pobres” y el uso correcto de los medios de comunicación, con el propósito de sacarles el mejor provecho posible.

En el mundo de la comunicación política existen expertos en entrenamiento discursivo que incluye, no solo elaboración y pronunciación de mensajes verbales (orales o escritos), sino el manejo de los lenguajes no verbales (colores, olores, objetos, distancias, gestos, formas, desplazamientos, vestuario, etc.) que constituyen en su conjunto, el mayor soporte comunicativo. Está demostrado que aproximadamente el noventa por ciento de lo que decimos, lo hacemos a través del lenguaje no verbal.

Las frases talismán refuerzan el discurso y se acude a ellas para parecer que el líder es parte del pueblo y no alguien ajeno a este. El secreto del buen discurso populista es la capacidad de manipulación de los sentimientos de la ciudadanía a través de frases incendiarias, pero que, en esencia, no proponen soluciones concretas y alcanzables para resolver los problemas nacionales, por lo cual no es más que un universo discursivo vacío, sin contenido. Las próximas elecciones se teñirán, sin duda, de esta argamasa discursiva que va, desde lo jocoso, hasta los actos de extremo dramatismo, como besar niños con mocos, abrazar campesinos, comer en los mercados cantonales, calzar zapatos rotos, entre otros actos visibles de pobreza extrema.

Carlos Interiano
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Gobierno de Guatemala

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