COLUMNAS
El Control del Ejercicio del Poder
Cuatro son las instituciones de control, no jurisdiccional, del ejercicio del poder:
EL MINISTERIO PÚBLICO, institución cuya función primera es velar por el estricto cumplimiento de las leyes, desde la Constitución Política de la República hasta el último de los reglamentos, auxiliar de la administración pública –de toda la administración pública y de los tribunales de justicia– de todos los tribunales de justicia –y– si no es así –si estas no se cumplen– perseguir a sus infractores, su función más notoria, pero no la única, y máxime cuando –ultima ratio del Derecho– ejercita la acción penal pública, en representación del Estado.
El auxilio del Ministerio Público a la Administración Pública y a los tribunales consiste, precisamente, en velar porque en estos, en todos sus actos y resoluciones, se observe el estricto cumplimiento de las leyes, inobservancia que da lugar a que persiga a sus infractores, sean estos quienes sean.
La función del Ministerio Público, por mandato constitucional expreso, es absolutamente independiente, no existiendo más sujeción de su parte que a la Constitución y demás leyes.
La nueva fiscal general de la República, María Consuelo Porras Argueta, jefa de la institución –único jefe de esta– fue juramentada el pasado miércoles 16, ceremonia en la cual hizo juramento de fidelidad a la Constitución Política de la República y tomó posesión de su cargo ayer, jueves 17, acatando, así, el tenor del inicio de su período, de conformidad con su nombramiento, tal y como ocurrió en el caso de la fiscal general anterior y que se sustenta en resolución de la Corte de Constitucionalidad que fijó esta fecha para hacerlo, error que la Corte de Constitucionalidad habrá de corregir, tarde o temprano, porque la secuencia de períodos constitucionales desde que se inició el primero, el 18 de mayo de 1994, no podría ser otra que la siguiente, 18 de mayo de 1994 – 18 de mayo de 1998 – 18 de mayo de 2002 – 18 de mayo de 2006 – 18 de mayo de 2010 – 18 de mayo de 2014 – 18 de mayo de 2018, 18 de mayo de 2022, no existiendo ninguna razón –legal– para que esta secuencia se haya quebrantado y pudiera seguirse quebrantando.
Si la Constitución y demás leyes se cumplieran y –si incumplidas (la excepción)– fuera perseguido su incumplimiento hasta lograr que se castigue y que se restaure el orden perturbado, Guatemala sería distinta, la patria fraterna y solidaria que solamente existe en la Constitución, pero no en la realidad en que vivimos.
El Ministerio Público es el motor del estado de Derecho, y de su éxito depende el éxito del Estado, que se haga la Constitución una realidad viva, función –la suya– velar por su estricto cumplimiento –que tiene íntima relación– cada cual en lo suyo con la del jefe del Estado, el Presidente de la Republica, a quien le compete cumplirlas y hacer que se cumplan, no pudiendo existir divorcio entre las instituciones del Estado.
EL PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS es, también, una institución de control no jurisdiccional del ejercicio del poder y, en más de alguna oportunidad me he permitido señalar –y lo reitero– que sea, en cierto sentido, la más importante de todas, puesto que la razón de ser del Estado es la protección del ser humano y de la familia, y es su obligación garantizar la vida, la libertad, la seguridad, la justicia, la paz y el desarrollo integral de la persona, siendo su fin supremo la realización del bien común, correspondiendo al procurador de los derechos humanos –parte que es del Estado, lo que no debe olvidarse– fiscalizar que todos los actos de todas las autoridades del Estado respondan a su razón de ser y que los derechos humanos de todos y cada uno se respeten y realicen en sus manos.
La denuncia y las acciones para lograrlo, institución que, en efecto, se llama, Procurador de los Derechos Humanos y no Procuraduría, precisamente, para eliminar cualquier burocratización de su parte.
El procurador de los derechos humanos, la institución y el personal a su mando, su oficina, es la oficina del Procurador y no Procuraduría alguna.
(Nombres correctos y fechas correctas se olvidan, vicio que desvirtúa la autoridad y la naturaleza de las instituciones).
El Congreso de la República eligió al procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, y su mandato, mandato de 5 años, se extenderá hasta septiembre de 2022.
LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, institución también de control no jurisdiccional del ejercicio del poder, tiene a su cargo que todos los ingresos y todos los gastos de Estado se produzcan de conformidad con la Ley.
Esto incluye los ingresos y gastos de cualquier entidad que reciba recursos públicos o que los recaude públicamente, no existiendo ámbito alguno, en esta materia, que pueda escapar a su control, el que se extiende, en consecuencia a fideicomisos que se hayan alimentado con recursos públicos.
Al frente de la Contraloría General de Cuentas se encuentra el contralor general, funcionario que es electo por el Congreso de la República para un período de 4 años.
Estando por concluir el del actual titular, Héctor Mencos, funcionario de altos quilates, sin que pueda reelegirse, prohibición que no implica que pueda ser electo nuevamente –así lo determinó la Corte de Constitucionalidad– pero período constitucional de por medio.
De la Contraloría General de Cuentas depende que ingresos y gastos del Estado se produzcan y realicen como la Ley lo establece y, en consecuencia, en último extremo, que el Estado cumpla con sus fines, que mal podría hacerlo sin los ingresos que deben producirse, y si se gasta como no debe gastarse, clave su relación con el Congreso, puesto que a este le corresponde aprobar no solo el presupuesto sino –se olvida– tan o más importante –la aprobación o no– de la ejecución presupuestaria.
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, no por citarla de último, menos importante, institución asesora y consultora de todos los órganos del Estado, sin excepción alguna, siendo diferentes las funciones de consultoría, función por la que evacúa las consultas que se le formulen y de asesoría, función que realiza, requerida o no.
Ninguna opinión jurídica –salvo la de la Corte de Constitucionalidad– tiene validez en el Estado si no goza del visto bueno de esta institución, institución que tiene en consecuencia la función de sostener la unidad de criterio.
Al frente suyo se encuentra el procurador general del Estado, funcionario que es nombrado por el Presidente de la República para un período constitucional de cuatro años, período que precisamente se inicia en esta fecha y quien es el representante del Estado – el único representante del Estado en el ámbito interno, teniendo su representación, también, en el externo, el Presidente de la República, el ministro de Relaciones Exteriores y, dentro del ámbito de sus mandatos y de sus jurisdicciones, nuestros embajadores y representantes permanentes.
Derivada de la representación del Estado que le corresponde por mandato constitucional, su representación de menores e incapaces cuando carentes de representación y cuyo cuido corresponde al Estado.
Tal y como no existe ámbito que no sea susceptible de amparo, ni ámbito en materia de ingresos y egresos del Estado que pueda escapar al control de la Contraloría General de Cuentas y que en el ámbito de los derechos humanos –su protección , la razón de ser del Estado– que escape del Procurador de los Derechos Humanos o del ámbito del Ministerio Público velar por el cumplimento de todas las leyes y de perseguir todas sus infracciones, no existe ámbito que escape de la opinión jurídica –vía consultoría o vía asesoría– de la Procuraduría General de la Nación, en lo que respecta a todos los órganos del Estado, como tampoco representación alguna del Estado, concentrada toda, en lo interno, en el Procurador General de la Nación.
Si estas cuatro instituciones cumplen a cabalidad con sus funciones –el ejemplo arrastra– la función de control político del ejercicio del poder será realizada, como corresponde, por el Congreso de la República y la de control jurisdiccional de ese ejercicio, por los tribunales de justicia.
La Guatemala actual es muchísimo mejor, para más amplias mayorías, que la Guatemala anterior a la Constitución de 1985, Constitución que –por primera vez– dotó de recursos a los tribunales de justicia e hizo de verdad autónomos a los municipios –autonomía sin recursos, no es autonomía–habiendo sido la que, con su artículo 257 vino a dárselos por primera vez en nuestra historia.
El Estado se ha desordenado, y todas las instituciones de control del ejercicio del poder están llamadas a ordenarlo, sin olvidar, en ningún momento, que todas están relacionadas entre sí cada cual en lo suyo, pero con el mismo fin y que no cabe divorcio entre las instituciones del Estado, extremo al que deben sujetarse propios y extraños, SIN EXCEPCIÓN ALGUNA.
Lic. Ernesto Salvador Flores Jerez
Dirección General de Desarrollo Cultural
La Política Cultural Municipal (PCM) es un instrumento clave que integra un plan de acción y organización a nivel municipal con un enfoque a mediano y largo plazo. Su objetivo es impulsar el desarrollo cultural, posicionando a la cultura como un motor de crecimiento para las comunidades locales. Desde su inicio en 2016, se han formulado 130 PCM, que han sido aprobadas por sus respectivos consejos municipales, alcanzando un hito importante en 2024.
Este proyecto, impulsado por el Ministerio de Cultura y Deportes, a través de la Dirección General de Desarrollo Cultural, se centra en la descentralización de los procesos culturales, asegurando la salvaguarda y promoción de las expresiones culturales, tradiciones y patrimonio local.
Este proyecto se centra en la descentralización de los procesos culturales, asegurando la salvaguarda y promoción de las expresiones, tradiciones y patrimonio.
A lo largo de cinco fases, el proyecto busca involucrar a las autoridades edilicias, organizaciones de la sociedad civil y actores culturales locales, en un proceso colaborativo que refuerza la identidad y riqueza cultural de cada municipio.
La primera fase se enfoca en la vinculación entre el Ministerio de Cultura y Deportes con las autoridades municipales, asegurando el compromiso y aprobación del Concejo Municipal para formular la PCM.
En la segunda fase, se realizan encuentros presenciales en los municipios con la participación de actores culturales clave, en donde se discuten temas esenciales como las artes, patrimonio cultural y deporte, identificando problemáticas y soluciones para su desarrollo.
La tercera fase comprende la redacción de la propuesta de PCM, basada en la información recopilada durante los encuentros. Seguidamente, en la cuarta fase, se lleva a cabo un taller final para validar y corregir la propuesta antes de su presentación oficial al Concejo Municipal para su aprobación.
Finalmente, la quinta fase culmina con la entrega pública de las PCM a nivel nacional, un acto que formaliza el compromiso de las autoridades y actores culturales para la implementación de estas políticas. Este esfuerzo conjunto tiene como meta principal el rescate, la promoción y la preservación de la diversidad cultural y deportiva en cada municipio, fomentando el buen vivir y fortaleciendo el tejido social a través de la cultura.
Con estas acciones, la Política Cultural Municipal se consolida como una herramienta fundamental para el desarrollo sostenible de las comunidades locales, garantizando que las futuras generaciones puedan disfrutar y participar en la rica herencia cultural de sus municipios. Este 2024 se logra un éxito al acumular ya 130 PCM a nivel nacional.
Patricia Letona
Innovación y Relacionamiento Estratégico
¿Qué futuro le espera a un pueblo cuyo tejido social se ha roto, donde la mayor aspiración de sus jóvenes es encontrar los recursos necesarios para migrar?
¿Cómo hemos fallado como país para que la migración se haya convertido en la principal opción para garantizar el sustento económico?
Tan solo en el 2021, cerca de 300 mil guatemaltecos llegaron de manera irregular a la frontera sur con Estados Unidos, no todos lograron pasar. Muchos de ellos comprometieron todo su patrimonio familiar.
Conozco a guatemaltecos migrantes que desean regresar, pero no saben qué hacer al volver.
En lo profundo de Guatemala encontramos pueblos habitados casi en su totalidad por mujeres, niños y ancianos porque sus hombres y jóvenes ya han migrado. Estamos comprometiendo seriamente las posibilidades de nuestro país si no hacemos un alto e invertimos en la educación tanto de niñas como niños, de los jóvenes. No solo educación formal que de por sí es tan precaria, sino también en habilidades blandas y de desarrollo personal que les permitan encontrar oportunidades para desarrollar negocios en sus propias comunidades.
El impacto de esta fractura en el tejido social tiene dimensiones profundas. La migración no solo ha separado familias, sino que ha debilitado los lazos comunitarios que solían ser el pilar de la cohesión social en muchas aldeas guatemaltecas. La ausencia de los hombres ha reconfigurado la estructura familiar y ha impuesto mayores cargas sobre las mujeres, quienes, además de cuidar de sus hijos y del hogar, deben manejar la incertidumbre de si sus parejas lograrán enviar remesas regularmente y de si los volverán a ver.
Aunque las remesas son una fuente significativa de ingresos para muchas familias, no se traducen siempre en desarrollo económico sostenible ya que a menudo se destinan únicamente a cubrir necesidades básicas y consumo inmediato, en lugar de invertirse de manera productiva en negocios o ahorro a largo plazo. Sin conocimientos sobre cómo gestionar esos recursos de manera eficiente, las oportunidades para generar riqueza sostenible se ven reducidas. Esto perpetúa la dependencia económica y evita que las remesas se conviertan en un motor de desarrollo económico y social en las comunidades receptoras.
La dependencia económica de las remesas es otro factor preocupante. Si bien estas contribuyen a la economía familiar, no reemplazan la presencia emocional y física del padre o del joven migrante. A largo plazo, la migración de hombres podría transformar no solo la dinámica familiar, sino también la identidad misma de las comunidades.
Los niños crecen en un entorno donde la figura paterna o masculina está ausente, lo que afecta su desarrollo emocional y la transmisión de valores culturales y sociales.
Desde un punto de vista económico, ya se siente con intensidad la falta de mano de obra en sectores como la construcción, la agricultura o el transporte, donde muchos trabajadores han optado por migrar.
Conozco a guatemaltecos migrantes que desean regresar, pero no saben qué hacer al volver. Preguntan: ¿Cómo puedo tener una vida digna en Guatemala? ¿Cómo puedo poner un negocio o encontrar un buen trabajo? Muchos han logrado regresar y salir adelante, pero no es tarea fácil. La falta de oportunidades sigue siendo un reto para aquellos que desean volver y construir una vida en su propio país.
Es momento de que enfrentemos este fenómeno, no solo desde una perspectiva económica, sino desde una visión social y humana. La migración toca el corazón de nuestras comunidades. Sin hombres, sin jóvenes, los pueblos corren el riesgo de perder su esencia, y con ello, una parte fundamental de nuestra identidad como nación.
Comunicación y Relaciones Públicas – CONADI
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud mental como “el bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales; en última instancia, el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación”. Este concepto nos recuerda que la salud mental no es solo la ausencia de trastornos, sino un estado integral de bienestar que abarca nuestras dimensiones emocional, psicológica y social.
Para el 2024, la celebración del Día Mundial de la Salud Mental será el 10 de octubre.
No podemos concebir la salud física sin cuidar la mental, ya que ambas están profundamente interrelacionadas. El bienestar mental influye directamente en el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico, y es un factor clave en la calidad de vida. Por ello, debemos entender que cultivar la salud mental va más allá de evitar enfermedades, implica construir un equilibrio que nos permita desarrollarnos plenamente en todos los ámbitos de nuestra vida.
El autocuidado de la salud mental es importante, desde la niñez hasta la vejez. A lo largo de nuestra vida, enfrentamos desafíos y factores que pueden fortalecer o debilitar nuestra salud mental: desde la estructura social y el entorno en el que vivimos, hasta las circunstancias personales que nos afectan. Estos determinantes influyen directamente en nuestra capacidad para manejar el estrés, las emociones y las relaciones, por lo que debemos incluir en nuestra rutina diaria prácticas de autocuidado orientadas a mejorar tanto la salud física como la mental.
Es preocupante que el gasto destinado a los servicios de salud mental a nivel mundial representa solo un 2.8 por ciento del gasto total en salud. Esta insuficiencia ha contribuido al aumento de problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad, que a su vez impactan negativamente en la salud física. Esto refleja una falta de atención hacia un problema que afecta a millones de personas.
