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El Control del Ejercicio del Poder

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Cuatro son las instituciones de control, no jurisdiccional, del ejercicio del poder:

EL MINISTERIO PÚBLICO, institución cuya función primera es velar por el estricto cumplimiento de las leyes, desde la Constitución Política de la República hasta el último de los reglamentos, auxiliar de la administración pública –de toda la administración pública y de los tribunales de justicia– de todos los tribunales de justicia –y– si no es así –si estas no se cumplen– perseguir a sus infractores, su función más notoria, pero no la única, y máxime cuando –ultima ratio del Derecho– ejercita la acción penal pública, en representación del Estado.

El auxilio del Ministerio Público a la Administración Pública y a los tribunales consiste, precisamente, en velar porque en estos, en todos sus actos y resoluciones, se observe el estricto cumplimiento de las leyes, inobservancia que da lugar a que persiga a sus infractores, sean estos quienes sean.

La función del Ministerio Público, por mandato constitucional expreso, es absolutamente independiente, no existiendo más sujeción de su parte que a la Constitución y demás leyes.

La nueva fiscal general de la República, María Consuelo Porras Argueta, jefa de la institución –único jefe de esta– fue juramentada el pasado miércoles 16, ceremonia en la cual hizo juramento de fidelidad a la Constitución Política de la República y tomó posesión de su cargo ayer, jueves 17, acatando, así, el tenor del inicio de su período, de conformidad con su nombramiento, tal y como ocurrió en el caso de la fiscal general anterior y que se sustenta en resolución de la Corte de Constitucionalidad que fijó esta fecha para hacerlo, error que la Corte de Constitucionalidad habrá de corregir, tarde o temprano, porque la secuencia de períodos constitucionales desde que se inició el primero, el 18 de mayo de 1994, no podría ser otra que la siguiente, 18 de mayo de 1994 – 18 de mayo de 1998 – 18 de mayo de 2002 – 18 de mayo de 2006 – 18 de mayo de 2010 – 18 de mayo de 2014 – 18 de mayo de 2018, 18 de mayo de 2022, no existiendo ninguna razón –legal– para que esta secuencia se haya quebrantado y pudiera seguirse quebrantando.

Si la Constitución y demás leyes se cumplieran y –si incumplidas (la excepción)– fuera perseguido su incumplimiento hasta lograr que se castigue y que se restaure el orden perturbado, Guatemala sería distinta, la patria fraterna y solidaria que solamente existe en la Constitución, pero no en la realidad en que vivimos.

El Ministerio Público es el motor del estado de Derecho, y de su éxito depende el éxito del Estado, que se haga la Constitución una realidad viva, función –la suya– velar por su estricto cumplimiento –que tiene íntima relación– cada cual en lo suyo con la del jefe del Estado, el Presidente de la Republica, a quien le compete cumplirlas y hacer que se cumplan, no pudiendo existir divorcio entre las instituciones del Estado.

EL PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS es, también, una institución de control no jurisdiccional del ejercicio del poder y, en más de alguna oportunidad me he permitido señalar –y lo reitero– que sea, en cierto sentido, la más importante de todas, puesto que la razón de ser del Estado es la protección del ser humano y de la familia, y es su obligación garantizar la vida, la libertad, la seguridad, la justicia, la paz y el desarrollo integral de la persona, siendo su fin supremo la realización del bien común, correspondiendo al procurador de los derechos humanos –parte que es del Estado, lo que no debe olvidarse– fiscalizar que todos los actos de todas las autoridades del Estado respondan a su razón de ser y que los derechos humanos de todos y cada uno se respeten y realicen en sus manos.

La denuncia y las acciones para lograrlo, institución que, en efecto, se llama, Procurador de los Derechos Humanos y no Procuraduría, precisamente, para eliminar cualquier burocratización de su parte.

El procurador de los derechos humanos, la institución y el personal a su mando, su oficina, es la oficina del Procurador y no Procuraduría alguna.

(Nombres correctos y fechas correctas se olvidan, vicio que desvirtúa la autoridad y la naturaleza de las instituciones).

El Congreso de la República eligió al procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, y su mandato, mandato de 5 años, se extenderá hasta septiembre de 2022.

LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, institución también de control no jurisdiccional del ejercicio del poder, tiene a su cargo que todos los ingresos y todos los gastos de Estado se produzcan de conformidad con la Ley.

Esto incluye los ingresos y gastos de cualquier entidad que reciba recursos públicos o que los recaude públicamente, no existiendo ámbito alguno, en esta materia, que pueda escapar a su control, el que se extiende, en consecuencia a fideicomisos que se hayan alimentado con recursos públicos.

Al frente de la Contraloría General de Cuentas se encuentra el contralor general, funcionario que es electo por el Congreso de la República para un período de 4 años.

Estando por concluir el del actual titular, Héctor Mencos, funcionario de altos quilates, sin que pueda reelegirse, prohibición que no implica que pueda ser electo nuevamente –así lo determinó la Corte de Constitucionalidad– pero período constitucional de por medio.

De la Contraloría General de Cuentas depende que ingresos y gastos del Estado se produzcan y realicen como la Ley lo establece y, en consecuencia, en último extremo, que el Estado cumpla con sus fines, que mal podría hacerlo sin los ingresos que deben producirse, y si se gasta como no debe gastarse, clave su relación con el Congreso, puesto que a este le corresponde aprobar no solo el presupuesto sino –se olvida– tan o más importante –la aprobación o no– de la ejecución presupuestaria.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, no por citarla de último, menos importante, institución asesora y consultora de todos los órganos del Estado, sin excepción alguna, siendo diferentes las funciones de consultoría, función por la que evacúa las consultas que se le formulen y de asesoría, función que realiza, requerida o no.

Ninguna opinión jurídica –salvo la de la Corte de Constitucionalidad– tiene validez en el Estado si no goza del visto bueno de esta institución, institución que tiene en consecuencia la función de sostener la unidad de criterio.

Al frente suyo se encuentra el procurador general del Estado, funcionario que es nombrado por el Presidente de la República para un período constitucional de cuatro años, período que precisamente se inicia en esta fecha y quien es el representante del Estado – el único representante del Estado en el ámbito interno, teniendo su representación, también, en el externo, el Presidente de la República, el ministro de Relaciones Exteriores y, dentro del ámbito de sus mandatos y de sus jurisdicciones, nuestros embajadores y representantes permanentes.

Derivada de la representación del Estado que le corresponde por mandato constitucional, su representación de menores e incapaces cuando carentes de representación y cuyo cuido corresponde al Estado.

Tal y como no existe ámbito que no sea susceptible de amparo, ni ámbito en materia de ingresos y egresos del Estado que pueda escapar al control de la Contraloría General de Cuentas y que en el ámbito de los derechos humanos –su protección , la razón de ser del Estado– que escape del Procurador de los Derechos Humanos o del ámbito del Ministerio Público velar por el cumplimento de todas las leyes y de perseguir todas sus infracciones, no existe ámbito que escape de la opinión jurídica –vía consultoría o vía asesoría– de la Procuraduría General de la Nación, en lo que respecta a todos los órganos del Estado, como tampoco representación alguna del Estado, concentrada toda, en lo interno, en el Procurador General de la Nación.

Si estas cuatro instituciones cumplen a cabalidad con sus funciones –el ejemplo arrastra– la función de control político del ejercicio del poder será realizada, como corresponde, por el Congreso de la República y la de control jurisdiccional de ese ejercicio, por los tribunales de justicia.

La Guatemala actual es muchísimo mejor, para más amplias mayorías, que la Guatemala anterior a la Constitución de 1985, Constitución que –por primera vez– dotó de recursos a los tribunales de justicia e hizo de verdad autónomos a los municipios –autonomía sin recursos, no es autonomía–habiendo sido la que, con su artículo 257 vino a dárselos por primera vez en nuestra historia.

El Estado se ha desordenado, y todas las instituciones de control del ejercicio del poder están llamadas a ordenarlo, sin olvidar, en ningún momento, que todas están relacionadas entre sí cada cual en lo suyo, pero con el mismo fin y que no cabe divorcio entre las instituciones del Estado, extremo al que deben sujetarse propios y extraños, SIN EXCEPCIÓN ALGUNA.

Acisclo Valladares Molina
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Cooperación internacional y proyectos inclusivos

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Consejo Editorial Conadi

“Solos podemos hacer muy poco; juntos podemos hacer mucho”. Esta famosa frase de Hellen Keller, escritora sordociega y primera mujer con discapacidad en recibir un título universitario, hace referencia a la importancia de la participación de los diferentes sectores para la consecución de un objetivo.

Uno de esos sectores está representado a través de organizaciones internacionales y misiones diplomáticas, especialmente de las naciones desarrolladas y aquellas que tienen avances significativos relacionados con la inclusión de las personas con discapacidad.

El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi) ha sostenido relación durante los últimos años con ONG que trabajan en Guatemala.

El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi) ha sostenido relación durante los últimos años con ONG que trabajan en Guatemala, y ha incidido en la inclusión de las personas con discapacidad dentro de sus proyectos. Alcanzándose valiosas contribuciones a favor del sector, en procesos que abordan la participación ciudadana, gestión integral de riesgo ante desastres, derechos humanos, participación en la vida política y pública, entre otros.

La Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), instrumento adoptado por el Estado guatemalteco, hace referencia a la importancia de la cooperación internacional en apoyo a los esfuerzos nacionales en cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, importante sector que en el país asciende a 1 600 000 habitantes.

Durante el 2021, el Conadi ha sostenido relación con la Embajada de Costa Rica, misión diplomática que ha brindado cooperación técnica en el proceso de legislación de Certificación de la Discapacidad, Desinstitucionalización y Autonomía. De manera reciente, la Embajada de Israel en Guatemala solicitó el apoyo del Conadi, para identificar a una persona con discapacidad a ser beneficiada con un mecanismo tecnológico que le brindará mayor accesibilidad e incidirá en su autonomía.

El Conadi promovió a una destacada estudiante que es parte del programa Bolsa de Estudios de la institución. Cabe mencionar que Israel y Guatemala, históricamente, han sostenido una estrecha relación de apoyo, pero particularmente esta acción alcanza al sector de personas con discapacidad que coadyuva al cumplimiento de derechos y a la construcción de una sociedad más incluyente.

Colaborador DCA
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El Black Friday destiñe a gris

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Goretti Cabaleiro Profesora de la Facultad de Económicas

Según un Estudio de Consumo Navideño ofrecido por Deloitte, este año el Black Friday acaparó el 32.7 por ciento del presupuesto total destinado por una familia a las compras navideñas.

Nada más y nada menos que seis puntos más con respecto a cifras del año pasado.

Como ya es conocido y con extensión a nivel mundial, el Black Friday o viernes negro es un evento comercial importado desde EE. UU. (surgió en los años 70), que aterrizó en España en 2012.

Viene a inaugurar la temporada de compras con vistas al periodo navideño. Nueve de cada diez empresas de nuestro país se unen anualmente a esta iniciativa que tiene lugar el último viernes de noviembre y que, en teoría, se caracteriza por rebajas significativas en muchas tiendas minoristas y grandes almacenes. Pero es eso, solo una teoría.

Cuando uno ahonda en el término Black Friday, este tiene muchas acepciones. Pero principalmente el trasfondo del evento tiene un objetivo capital: equilibrar las cuentas de resultados de aquellas compañías que, en su mayoría, están en números rojos porque no han vendido lo suficiente durante el año y hacen creer al consumidor que van a hacer unas políticas agresivas de descuentos.

Y un dato más que desmitifica esa idea de rebaja: en términos generales, los precios fueron un 2.6 más caros ese día que en las semanas previas. Además, lo que comenzó siendo una campaña de un día ha pasado a convertirse en un evento que se ha extendido a la semana previa.

Y en ese hacer creer está la clave: para las empresas sin lugar a dudas es black, porque vuelven a los dígitos tintados de negro haciendo que esos números rojos que les acechaban hasta hace poco desaparezcan, pero para el consumidor ese black destiñe en muchos casos a gris. No hay más que hacer un repaso a algunas cifras que ofrece la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) para sostener esta afirmación.

Desde 2015, un mes antes de que se dé el pistoletazo de salida al Black Friday, desde la OCU se recaban y analizan diariamente más de 28 000 precios de un total de 1260 productos para comprobar si aquellos suben, bajan o se mantienen.

Y las conclusiones ahí están: sin ir más lejos, el año pasado solo el 3.4 por ciento de los productos monitorizados alcanzó su mejor precio ese viernes
negro.

Y un dato más que desmitifica esa idea de rebaja: en términos generales, los precios fueron un 2.6 por ciento más caros ese día que en las semanas previas.

Además, lo que comenzó siendo una campaña de un día ha pasado a convertirse en un evento que se ha extendido a la semana previa.

Siguiendo con datos, con respecto a la Black Week la OCU encontró el año pasado que solo el 18.8 por ciento de los productos monitorizados obtuvo su precio mínimo en esa semana última de noviembre, que un 27.5 por ciento de los productos lo incrementó, y que, en general, los precios subieron un 0.5 por ciento entre el 23 y 29 de noviembre de 2020.

El black no es tan black. Entramos de lleno en lo que podríamos denominar Grey Friday o Grey Week, donde el beneficio para las grandes compañías, no tanto las pequeñas y menos para el consumidor, es notorio.

Además, este año, las empresas lo tienen mucho más fácil: en plena crisis de suministros, la población está en alerta para hacerse con algunos artículos cuanto antes por miedo a esa falta de stock.

En este nerviosismo generalizado, las empresas se han adelantado a los tiempos y han visto una oportunidad para iniciar una carrera meteórica para llegar primero al consumidor.

Colaborador DCA
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Bajo nivel de satisfacción con la vida tras las cuarentenas

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Sala de Prensa

Investigadores de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo (UDD) realizaron el Estudio efecto de la cuarentena Covid-19 en el bienestar adolescente, con el objetivo de contribuir al análisis para la implementación de estrategias de mitigación y reparación del impacto que el confinamiento tuvo sobre el desarrollo socioemocional de esta población.

El estudio incluyó a 1389 estudiantes chilenos (54.7 por ciento mujeres, 42.3 por ciento hombres y 3 por ciento no binarios) de primero a cuarto medio, de establecimientos educacionales urbanos de las regiones de Los Ríos, Bíobío y Metropolitana, y consistió en recopilar información sobre su experiencia durante el las cuarentenas y los efectos que esta medida tuvo sobre su bienestar en distintos ámbitos de la vida.

Se realizó una descripción sobre cómo los adolescentes vivieron la pandemia.

En primer lugar, se realizó una descripción sobre cómo los adolescentes vivieron la pandemia, que consideró información relacionada, entre otras dimensiones, con sus relaciones familiares; condiciones materiales y habitabilidad; experiencias de apoyo y modalidad de clases; estado de satisfacción con la vida, afectos nucleares, estrés percibido y estrategias de afrontamiento.

De los encuestados, un 85 por ciento ha experimentado temor a que muera un familiar y un 30.5 por ciento ha sentido temor a morir; mientras que sobre las preocupaciones económicas, en tanto, un 20.4 por ciento indica tener temor a que su padre o madre pierda su trabajo, mientras que un 37.7 por ciento refiere sentir miedo de no poder satisfacer sus necesidades básicas.

En segunda instancia, se llevó a cabo un análisis de comparación de medias entre grupos diferenciados según niveles de satisfacción global y por ámbitos, balance de afectos y estrategias de afrontamiento, considerando sexo, curso (edad), experiencias de Covid-19 respecto a niveles de conflictos y apoyo familiar, agobio por tareas y desmotivación, estrés percibido, entre otros.

Finalmente, se realizó una caracterización y análisis de grupos con diferentes niveles de bienestar (altos, medios, bajos). En este ámbito, según cuenta Jaime Alfaro, investigador de Psicología UDD a cargo del estudio, “la satisfacción de vida baja es de un 32.6 por ciento, cifra que es de atención. Y de estos 494 jóvenes con un nivel bajo de bienestar, un 27.4 por ciento son hombres y un 72.6 por ciento son mujeres, algo raro y de atención, pues esta diferencia no era evidente en estudios de bienestar anteriores; en cambio, ahora, se ve nítidamente”, señala Alfaro.

Colaborador DCA
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