No se vale que esos parásitos sociales con el despropósito de agenciarse de dinero fácil, hagan de la vida de la gente honrada un infierno.
Es indignante y alarmante ver cómo ha crecido el mercado de las extorsiones en el país, pues ya no hay negocio que se salve de los malévolos planes de bandas delincuenciales que hacen de estas su modus vivendi, sin importarles la condición social de las personas, sexo, ni edad. Hemos llegado al colmo de que, hasta el benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que presta sus servicios a la comunidad, ha sido recientemente amenazado por pandilleros de atenerse a las consecuencias de no cumplir con los Q10 mil, requeridos como pago de la extorsión. Vaya desfachatez la de los devoradores de la paz ciudadana, quienes no se detienen ante nada, ni nadie, en su afán de obtener recursos económicos, como sea y de dónde sea.
Otro ejemplo de ese nefasto delito, es el personal de la escuela Miguel Ángel Asturias, ubicada en la aldea Lo de Diéguez, en el municipio de Fraijanes, Guatemala, quien, desde el 12 de octubre de este año, fue conminado a pagar Q20 mil, de extorsión, bajo la advertencia que de incumplir con lo exigido asesinarán a maestras o colocarán explosivos. Toda vez, que lo que menos les importa con tal de conseguir su objetivo, es la vida de aproximadamente 430 niños y niñas de educación preprimaria y primaria que reciben clases en ese plantel educativo. No se vale que esos parásitos sociales con el despropósito de agenciarse de dinero fácil, hagan de la vida de la gente honrada y trabajadora y la de sus familias un infierno, pues se dedican a causar daño tanto físico, como psicológico. Sin duda que, ese fenómeno delictivo en marcado aumento vulnera la percepción de seguridad ciudadana y ahuyenta cualquier modalidad de inversión en el país. Pese a los esfuerzos que las autoridades del Ministerio de Gobernación efectúan en su combate frontal contra el flagelo de las extorsiones, pues derivado de las pesquisas y capturas en lo que va de este año, se han desarticulado 27 estructuras criminales sindicadas de cometer ese ilícito. No obstante, se precisa que al sector justicia no le tiemble la mano al imponer severas penas que concluyan con el encarcelamiento de esos antisociales creadores del pánico y la intranquilidad. Así también, que sus operadores de justicia no se presten a resoluciones judiciales producto de negociaciones a espaldas de la Ley. En ese sentido, el Estado debe emprender con urgencia políticas contra ese delito, ya que la inestabilidad que padecemos desde hace ya algún tiempo, nos mantiene a merced de los pandilleros.
Las autoridades de Gobierno deben reasumir un replanteamiento de las estrategias en materia de seguridad ciudadana en el ámbito nacional, para enfrentar a esas organizaciones criminales que paulatinamente se adueñan del país, delinquiendo a sus anchas. Para ello, los ciudadanos también debemos coadyuvar con las autoridades respectivas, denunciando todos aquellos casos en los cuales haya víctimas o victimarios de ese abominable hecho que le está robando la vida y la paz a los guatemaltecos. En otras palabras, la unidad entre autoridades y denunciantes es el punto de convergencia para reducir ese flagelo.
