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COLUMNAS

El capital humano no depende de los años de escolaridad

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Josefina Santa Cruz

Facultad de Educación

Recientemente, el artículo Measuring human capital using global learning data, publicado en la revista científica Nature, entregó sólida evidencia que permite concluir que el progreso en el aprendizaje ha tenido un crecimiento limitado a pesar del aumento en la escolarización de las personas.

Estos datos, recogidos entre 2000 y 2017, tienen un impacto directo en el desarrollo de capital humano, puesto que, de acuerdo con la premisa de este artículo, el crecimiento de los países no dependería de la escolaridad de las personas, sino de lo que logran aprender en la escuela; ambos índices, desgraciadamente, no van de la mano. Este es el caso de Brasil, país con un promedio de 11.7 años de escolaridad (12 es el máximo) y un índice de aprendizaje apenas sobre la media; Ghana, por su parte, tiene la misma escolaridad de Brasil y un puntaje de aprendizaje que lo aleja de la media en 190 puntos.

A pesar de que Chile tuvo un puntaje por sobre la media global (449 sobre 420), aún está lejos de tener un rendimiento destacable si nos comparamos con Estados Unidos (521) o Japón (553), y la pregunta que asoma es global, no solo para Chile: ¿Por qué la escuela no logra generar los aprendizajes que la sociedad espera? La respuesta a esta pregunta es compleja, en tanto refiere a un conjunto de variables.

A pesar de que Chile tuvo un puntaje por sobre la media global aún está lejos de tener un rendimiento destacable.

Pero hay un factor que puede ser más sencillo de controlar: entregar a la escuela aquello que es su principal responsabilidad, que los niños aprendan el currículum, esa parte o “recorte” cultural que la sociedad ha determinado que las generaciones jóvenes deben aprender para convertirse en personas plenas que puedan integrarse a la sociedad, aportar, participar y decidir.

Actualmente, las escuelas y quienes trabajan en ellas se hacen cargo de innumerables responsabilidades, como campañas de vacunación, entrega de alimentación, programas de prevención de la obesidad, programas de nutrición sana, prevención de drogas, entre tantas otras iniciativas; todas importantes, pero que requieren tiempo por parte de los docentes, restándoles dedicación a su principal tarea: que los niños y jóvenes aprendan el currículum, tanto el 70% obligatorio como el 30% de libre disposición, que cada escuela decide de acuerdo a su proyecto educativo.

Hoy enfrentamos una situación crítica a propósito de la pandemia y será aún más urgente focalizar las tareas de la escuela en recuperar aprendizajes. Es importante que esto ocurra y permanezca. Los profesores son expertos en enseñar sus materias y hay que dejarlos que se dediquen a esta tarea, porque a juzgar por la evidencia, nuestro capital humano se juega en cuánto aprenden los niños en la escuela.

Universidad del Desarrollo
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COLUMNAS

Prevención del suicidio: una tarea que nos involucra (II)

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Patricio Ramírez Azócar

Director Centro de Apoyo al Desempeño Académico

Con estos antecedentes asociados a las edades de mayor riesgo, es evidente el relieve que toman las políticas que pueden ser estimuladas en la comunidad, especialmente, aquellas que podemos realizar dentro de los planteles de educación superior. Si bien en los estudiantes universitarios no hay más riesgo de cometer suicidio que sus pares que no están en la educación superior, la matrícula actual en estas instituciones entrega un escenario propicio para favorecer el cuidado de la salud mental de este grupo y, en específico, prevenir el suicidio en ellos.

Estar atentos a esas alertas implica interesarse por todos.

Es más, el Programa Nacional de Prevención del Suicidio de 2013 incluyó dentro de sus componentes, la implementación de programas preventivos en los establecimientos educacionales como principal estrategia para prevenir el suicidio en niños, niñas y adolescentes, considerando de manera explícita la participación de la comunidad educativa, sean estos estudiantes, sus familias, los docentes y todo el equipo de gestión de los establecimientos.

La prevención completa del suicidio en los entornos educativos debiera contemplar que se estimule un clima protector, tener un amplio programa de prevención de problemas de salud mental, realizar sensibilización y educación sobre el suicidio, detectar estudiantes en riesgo, generar protocolos para el manejo y acciones posteriores a la ayuda, y tener una coordinación con la red de salud para apoyar a los estudiantes y sus entornos cercanos.

La prevención dice relación con estar alertas, como, por ejemplo, a si el estudiante ha buscado formas de quitarse la vida, ha dado mensajes de despedida, se ha hecho lesiones. O señales indirectas, como alejarse de familia y amigos, disminuir su asistencia a clases y su compromiso con las actividades académicas, y un deterioro de su imagen personal. 

Estar atentos a esas alertas implica interesarse por todos con quienes se interactúa dentro de la comunidad universitaria, involucrarse activamente, no dudar en activar los protocolos que, por cierto, deben ser lo suficientemente discretos y cuidadosos de la intimidad personal.

Universidad del Desarrollo
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Estado y democracia (III)

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Cristian Otoniel Montufar Vásquez

Coordinador de Programas de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública. 

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Otra de las formas de gobernar es la llamada Aristocracia, en
la cual el poder de administración del Estado radica en un grupo social “privilegiado”, que posee algún linaje o vínculos con la realeza, el cual teóricamente ostenta las mejores facultades y competencias académicas, intelectuales o morales para ejercer dicho poder. En Hispanoamérica, fue el modelo que se utilizó para ejercer el poder luego de los procesos de independencia, debido a que los primeros funcionarios públicos que se encargaron de la administración política y económica de los territorios eran descendientes directos de los primeros terratenientes, quienes tuvieron vínculos con las monarquías europeas.

Otra manera de administrar el Estado es a través de la Democracia, la cual es una forma de gobierno que se caracteriza por dar preponderancia a la soberanía popular; es decir, al derecho de los ciudadanos de elegir a sus gobernantes; en este caso, a través del sufragio, por lo cual se dice que, el poder radica en el pueblo. Sumado a esto, se estipula que los asuntos públicos del país deben ser decididos por la ciudadanía, a través de mecanismos de participación directa o indirecta, los cuales se han definido previamente. Existen básicamente tres tipos de democracia:

Democracia representativa. En este tipo de democracia los ciudadanos eligen a sus representantes, quienes ejercerán el poder en nombre de dichos electores, los cuales por supuesto, tendrán siempre la responsabilidad de velar por que sus representantes cumplan con el compromiso adquirido.

Otra manera de administrar el Estado es a través de la Democracia.

Democracia participativa. En este otro tipo, se construyen marcos jurídicos que faciliten la organización ciudadana, de tal manera que ejerzan una influencia más directa e inmediata para la toma de decisiones gubernamentales. Algunos de los mecanismos legales de participación en este tipo de democracia son los referéndums, las propuestas de ley, los plebiscitos, las apelaciones de sentencias, las consultas populares y, en algunos casos, la revocación de mandato. Democracia directa. En esta variante, las decisiones gubernamentales se toman por medio del voto popular, a través de mecanismos como los referéndums vinculantes, elecciones primarias, asambleas de ciudadanos, etc. En el caso de Guatemala, el sistema de gobierno es republicano, democrático y
representativo.

Colaborador DCA
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Aspectos relevantes del Decreto Número 5-2021

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Aída Gabriela Morales Chamalé

MSc. Aída Gabriela Morales Chamalé

Directora de la Unidad de Asesoría Jurídica

El Estado de Guatemala posee como fin primordial el bien común, que engloba grandes aspectos de desarrollo y evolución para el país, que permitan a la administración pública brindar un servicio eficiente y efectivo, considerando a su vez la necesidad de mejorar la organización y funcionalidad interna de las entidades gubernamentales; también es el encargado de asegurar el desarrollo y evolución tecnológica a nivel nacional, así como promover la aplicación e implementación de la ciencia y tecnología, tomando en cuenta su aplicabilidad dentro de la administración pública. Es por lo que el 01 de junio del presente año se publicó el Decreto Número 5-2021 que se refiere a la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, con el objetivo principal de modernizar de la gestión administrativa por medio de la simplificación, agilización de trámites administrativos, utilizando las tecnologías de la información y comunicación para facilitar la interacción entre personas individuales o jurídicas y dependencias del Estado.

Se debe modernizar la gestión administrativa, simplificando los tramites.

En dicha normativa se contempla que la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico es el ente encargado de impulsar la simplificación de trámites administrativos, misma atribución que posee el Ministerio de Economía, pero específicamente en trámites vinculados a la facilitación del comercio exterior, atracción de inversión y registros públicos a su cargo. Siendo su ámbito de aplicación y obligatoriedad de la ley para todas las dependencias que conforman el Organismo Ejecutivo, en relación con los trámites administrativos que se llevan a cabo en la administración pública; pero las entidades autónomas, semiautónomas, descentralizadas o que pertenezcan al Organismo Legislativo y Judicial, pueden adherirse o sumarse a la modernización de la gestión administrativa, por decisión de su autoridad máxima.

Otro aspecto importante es la relevancia que se le da a la Firma Electrónica Avanzada. Y, por último, la presente normativa establece que todas las dependencias a quienes les aplica esta ley deben ajustar sus procedimientos administrativos, planes y políticas internas, creando un plan de simplificación de trámites y servicios administrativos, cumpliendo con los plazos que se regulan en la misma, y tomando en cuenta el Principio de Legalidad regulado en el artículo 5 del Decreto referido, ninguna dependencia del Organismo Ejecutivo puede oponerse a la simplificación de procedimientos o a la utilización de medios electrónicos fundamentándose en normativas anteriores, normativas jerárquicamente inferiores o documentos administrativos internos.

Colaborador DCA
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Gobierno de Guatemala

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