Guatemala está en el camino del cambio. Y ese cambio debe tener como fin último la búsqueda del bien común. En el Ejecutivo, el presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera ya hacen lo suyo. En el Legislativo ya soplan algunos aires de ese cambio.
Solo falta el Judicial. Y en este último, precisamente, se dependerá del Congreso, cuando le toque hacer la selección de magistrados titulares y suplentes, de los listados oficiales que le sean trasladados desde las comisiones de
postulación.
De quienes sean electos dependerá en buena medida que el cambio sea realmente efectivo. Ellos serán los encargados de aplicar la justicia contra todo aquel que sea señalado de cometer delitos, principalmente de aquellos cuya tipología tenga que ver con hechos que atenten contra el Estado y sus bienes. De todos es sabido que los bienes del Estado son de propiedad de la población, en general.
Las comisiones postuladoras hicieron su trabajo. Con sus bemoles, pero lo hicieron. Sus presidentes, Miquele Cortez y Raúl Horacio Arévalo, intentaron que los debates fueran lo más transparentes y honestos posible. Algunos de los comisionados, como se esperaba, terminaron alterando el orden y usaron sus celulares para efectuar comunicaciones no autorizadas. Pero, con todo, los listados fueron elaborados: 312 electos para Cortes de Apelaciones y 26 para la Corte Suprema de Justicia.
De ese grupo, el Congreso debe elegir a la mitad como titulares y al resto como suplentes. Todos, sin excepción, deben asumir sus cargos el próximo 13 de octubre, cuando inicie el nuevo período de cinco años para las Cortes electas en ese proceso.
De allí en adelante, como diría un buen amigo: “¡Que el Señor nos agarre confesados!” A partir de ese momento comenzaremos a ver si los nuevos dirigentes de la administración de la justicia se han convertido en tomadores de decisiones independientes o bien se mantienen plegados al lado oscuro de la fuerza que hasta ahora nos mantiene sumidos en la desesperanza.
Si desde el inicio comienzan a dar muestras de su independencia y su imparcialidad para impartir justicia, quizás podamos comenzar a ver la luz al final del túnel y pensar que el país comienza a tener una nueva oportunidad de cambiar. No podemos olvidar que la correcta y transparente administración de la justicia es un elemento clave en el buen desempeño de cualquier democracia.
