Con el propósito de conservar y utilizar de forma sostenible los recursos hídricos, así como asegurar que sea un derecho real, accesible y equitativo para los guatemaltecos, los organismos Ejecutivo y Legislativo impulsarán la creación de una iniciativa de ley de aguas, que se construirá mediante un diálogo nacional.
El presidente Bernardo Arévalo indicó, durante la actividad de lanzamiento del proyecto, en el Palacio Nacional de la Cultura, que se iniciarán las pláticas con alcaldes municipales, que son cercanos a la gente.
“Construiremos canales permanentes de intercambio con sectores y usuarios, respecto a los contenidos de la ley. La incapacidad para llegar a acuerdos sobre una norma de esta naturaleza ha sido el principal problema relacionado con el líquido vital. Tenemos muchísimas fuentes, pero el 90 por ciento de estas están contaminadas”, afirmó el jefe de Estado.
2025 se presentará la iniciativa de Ley de Aguas ante el Congreso de la República
Arévalo remarcó: “Esto significa que el agua que consumimos, en lugar de ser fuente de vida, ha sido para muchas familias guatemaltecas fuente de enfermedad o, incluso, causa de muerte”.
Igualmente, resaltó que también hay un grave desbalance en la distribución del recurso. El 70 por ciento lo consume la industria y el 3 por ciento lo utilizan los hogares, miles de los cuales sin acceso al servicio.
Por ello, destacó que esta iniciativa de ley busca crear un marco regulatorio para la distribución equitativa y racional entre los distintos usos del agua: industrial, agrícola, doméstico, público y para el cuidado del medioambiente.
En relación con el apoyo del Legislativo en esta propuesta, el Presidente afirmó: “En los últimos días, el Congreso ha dado el ejemplo de cómo en Guatemala, en 2024, en un contexto de tantos intentos por manipular la justicia y atacar la democracia, aún reconociendo nuestras diferencias, podemos ponernos de acuerdo”.
Nuevo Gabinete
La vicepresidenta Karin Herrera, quien también encabezó la actividad, subrayó que la escasez del recurso hídrico es un problema de décadas. “No podemos seguir permitiendo que la falta de acceso a este derecho condene a las comunidades a más pobreza, enfermedad y desnutrición”, expresó.
Para abordar esta crisis, Herrera anunció la creación del Gabinete del Agua, que presidirá. Este nuevo organismo interinstitucional tendrá la misión de desarrollar y coordinar la Política Nacional del Agua, enfocándose en la conservación y gestión sostenible del líquido vital, explicó.
Por su parte, Nery Ramos, presidente del Congreso, destacó la importancia de impulsar una ley de esa naturaleza para dar certeza jurídica y generar condiciones a fin de que este líquido no sea mal utilizado, abusado o se le niegue a la población, especialmente, a la niñez. “Este es un tema de interés nacional”, afirmó el diputado.
Patricia Orantes, titular del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), aseguró que el país está transitando rápidamente de la abundancia a la escasez y hacia la desaparición de la vida en sus ríos, lagos y aguas marino-costeras. Esto, “debido a la deforestación, contaminación, sobreexplotación del agua subterránea y el cambio climático”, manifestó.
“Para revertir esta realidad, necesitamos, como sociedad, pasar de un país sin ley de aguas hacia otro con una norma de este tipo; es decir, una nación con un modelo de gobernanza que asegure el acceso y dé certeza y seguridad a todos los usuarios”, puntualizó.
¿Qué se busca con la norma?
• Conocer cuánta agua tiene el país y cuánto se necesita en cada cuenca, y así dar certeza a comunidades, gobiernos municipales y proyectos existentes, así como a nuevos inversionistas públicos y privados.
• Promover que se conserven las fuentes y bosques para conservar el recurso hídrico.
• Reconocer, respetar, valorar y apoyarse en los modelos locales indígenas de manejo colectivo de agua, que son los que garantizan buena parte del derecho humano al agua en el país.
• Estudiar y regular el uso de los acuíferos subterráneos.
• Reconocer y asignar los derechos de usos a los distintos usuarios bajo la mira del bien común.
• Atender y facilitar la resolución de controversias.
• Facilitar cánones y tarifas en apoyo a los gobiernos municipales.
• Facilitar el desarrollo de infraestructura de capacitación, almacenamiento y distribución de agua.
