La implementación de la Estrategia de Integridad y Prevención de la Corrupción (ESIP) 2025-2032 marca el inicio de un esquema que obliga a todas las instituciones del Organismo Ejecutivo a adoptar controles internos, diagnósticos precisos y mecanismos de supervisión. El instrumento establece lineamientos que buscan elevar la transparencia, optimizar el uso público y recuperar la confianza ciudadana en las entidades estatales mediante acciones verificables.
“Toda iniciativa orientada a reducir la corrupción es sumamente importante”.
Rubén Hidalgo
Incep
La directriz, impulsada por el presidente Bernardo Arévalo, transforma la planificación institucional al exigir evaluaciones continuas y respuestas inmediatas ante hallazgos que revelen riesgos o fallas en los procesos. El Ministerio de Gobernación asume la conducción técnica y deberá articular la estrategia con la Comisión Nacional contra la Corrupción o con la entidad que el Ejecutivo designe.
Las carteras, secretarías y dependencias quedan sujetas a un esquema uniforme que ordena incorporar medidas de prevención, vigilancia y corrección, con el fin de consolidar una cultura de integridad que se extienda a todos los niveles de la función pública.
Acción positiva
El analista independiente Renzo Rosal calificó la propuesta como “positiva a nivel formal”, y destacó que la corrupción opera de forma distinta en cada entidad. “En Salud no funciona igual que en Gobernación o en Defensa; cada área requiere tratamientos diferenciados”, afirmó. Rubén Hidalgo, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), señaló que cualquier iniciativa dirigida a disminuir prácticas ilícitas resulta “sumamente importante”, y subrayó que el fenómeno “está diseminado a todo nivel”. Por lo anterior, el experto recomendó priorizar el trabajo coordinado entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial para asegurar sanciones efectivas.
“Es positivo a nivel formal, la corrupción no opera igual en todas las entidades”.
Renzo Rosal
Analista independiente











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