Garantizar el pago a los beneficiarios del Régimen de Clases Pasivas Civiles, así como a los veteranos militares, es el objetivo de la distribución análitica de la ampliación presupuestaria para 2025. Adicionalmente, el Ejecutivo emitió los lineamientos para la eficiencia y contención del gasto público.
Estos instrumentos legales fueron publicados ayer por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfín) en el Diario de Centro América y cobraron vigencia inmediatamente.
En el Acuerdo Gubernativo 20-25 dio el visto bueno para la utilización de 800 millones de quetzales financiados con saldos de caja y se destina para cubrir el desfinanciamiento en las jubilaciones y pensiones derivado de la implementación de los decretos 17-2024 y 18-2024.
El Acuerdo Gubernativo 21-2025 autoriza el uso de 300 millones para realizar transferencias a favor de los beneficiados en el Decreto 51-2022, Ley Temporal de Desarrollo Integral, que está destinado a los veteranos militares, por medio del Ministerio de Desarrollo Social.
La viceministra Administrativa del Minfín, Débora Alvarado, explicó que los fondos aprobados en ambos acuerdos no cubren la totalidad de lo proyectado para los dos destinos, por lo que esta cartera trabaja en una iniciativa de ley que busca una ampliación presupuestaria que debe aprobar el Parlamento.
Señaló que el objetivo es “poder buscar que esa inversión que permite el Decreto 36-2024 pueda llegar a las comunidades”.
“Entonces, la ruta es ir al Congreso para solventar lo que provisionalmente tiene amparado la Corte de Constitucionalidad”, agregó.
Restringen gastos
En otro documento, el presidente Bernardo Arévalo dio instrucciones y estableció los lineamientos para la contención de los fondos públicos durante 2025.
Entre los aspectos que resaltan, se encuentra que las entidades de la administración central “deberán abstenerse de incrementar las dietas y gastos de representación, con el fin de optimizar los recursos”.
Además, las economías derivadas de la aplicación de las medidas de optimización deben reorientarse hacia aquellas actividades que permitan asegurar el cumplimiento de las prioridades del Gobierno, así como la mejora en prestación de bienes y servicios públicos.
Las instituciones deberán limitarse de efectuar erogaciones no esenciales o superfluas, como viajes al extranjero, divulgación e información, telefonía y combustibles que no sean sustantivos para la entidad.
En cuanto a las dependencias que perciban ingresos propios, tendrán que hacer el registro inmediato en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoín) con la finalidad de contar con la disponibilidad necesaria para la aprobación de las cuotas solicitadas.
Otra de las normas establece que las entidades, a más tardar el 30 de abril, están obligadas a presentar un mapa de prioridades de acuerdo con sus resultados estratégicos, pues buscan alcanzar una secuencia óptima en la ejecución. Este documento servirá de base para que la cartera hacendaria limite las gestiones que deterioren la calidad de la ejecución.
Las erogaciones con cargo a los renglones del subgrupo 13 (viáticos, gastos conexos, transporte de personas y reconocimiento de desembolsos así como aquellos vinculados con festejos) deberán restringirse, con excepción de los que sean ineludibles y justificables para dar cumplimiento a las actividades sustantivas de los organismos.
También contiene la compra de vehículos, la cual estará sujeta a que los fondos no pongan en riesgo la prestación de bienes y servicios a la población, exceptuando la adquisición de ambulancias, patrullas y automotores que atienden emergencias.
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