En una acción sin precedentes, las fuerzas del orden ejecutaron ayer lo que el mandatario Jimmy Morales calificó como un “gran golpe” a la criminalidad en Guatemala, con la detención de 72 presuntos integrantes de una estructura que extorsionaba a 2 mil personas dedicadas al transporte extraurbano de pasajeros y al comercio.
Según fuentes oficiales, la organización delictiva habría obtenido Q3 millones por sus operaciones ilícitas en el último año, durante el cual se le siguió la pista y supuestamente cometió 46 asesinatos y otros hechos, con lo que el Ministerio Público contabilizó 200 denuncias.
Con base en una notable coordinación entre fiscales y la Policía Nacional Civil, mil 638 servidores públicos se movilizaron para ejecutar 126 allanamientos en 5 departamentos, y desarticularon a la banda de la Mara 18 en la operación Rescate del Sur, con la cual, según la fiscal general, Thelma Aldana, se salvaron 32 vidas.
Esta acción gubernamental devolverá la tranquilidad a un gran número de familias amenazadas e incidirá en el desarrollo económico, pero de manera más amplia contribuirá al fortalecimiento de la cultura de legalidad y a la confianza en el Estado de derecho.
Es también una muestra de cómo la administración pública debe responder al interés ciudadano, reforzada con aportes de todos los sectores, pues desde 2014 los empresarios demandaron del Gobierno intervenciones más específicas e intensas contra las exacciones ilegales.
Este requerimiento se formalizó y amplió en 2015, con el establecimiento de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, a lo que el MP respondió con la creación de una fiscalía específica y con un Plan Nacional contra las Extorsiones, que incluyó actividades reforzadas de los cuerpos policiales investigadores.
Este desarrollo institucional ha permitido que en los primeros meses de 2016 se alcancen cifras de efectividad similares a las logradas durante todo el año pasado, en el combate a los cobros ilícitos y violentos contra la ciudadanía.
La nación ve en estos operativos un gran aporte a la conservación de la vida y la paz, y sus habitantes verificarán que tiene sentido denunciar el incumplimiento de la Ley e involucrarse en su defensa.
Deja un comentario