El Ministerio de Economía (Mineco) resolvió investigar si la lámina galvanizada procedente de China incurre en comercio desleal (dumping), que implica vender aquí el producto más barato que en el país de origen. La resolución obedece a una queja presentada por la multinacional Ternium, compañía que aduce haber sido afectada con una caída de sus ventas en el período 2021–2023.
“Las importaciones son cada vez mayores, lo cual causa mucho daño en la producción local; estamos perdiendo muchas ventas como lo demuestran los estados financieros presentados al Ministerio de Economía”, aseguró ayer a este medio Andrea Eggenberger, de asuntos institucionales de la sucursal de la acerera en Guatemala.
Esta es la segunda vez que esta firma presenta el mismo caso ante las autoridades. La primera vez fue en 2013, cuando se hizo el mismo planteamiento. Luego de las averiguaciones, la cartera de Economía resolvió sin lugar el requerimiento, pero sí aceptó que había daño a la industria local, expuso la ejecutiva de la empresa, con sede en Villa Nueva, pero con presencia en varios países de América y Estados Unidos.
Añadió que han verificado los precios aquí y en China, y determinaron que allá están más altos, lo cual demuestra que quienes traen el material, hacen competencia desleal, lo cual está penado por la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Según registros del Banco de Guatemala, entre 2020 y 2023, el monto de las importaciones de lámina y alambre, procedente del país asiático, se ha incrementado en más del 100 por ciento. Por ejemplo, en 2020 el valor fue de 60.2 millones de dólares, mientras que en 2023, 138.4 millones.
“No sabemos quién o quiénes traen la lámina; al Ministerio le corresponde verificarlo en la Superintendencia de Administración Tributaria”, manifestó Eggenberger. Es importante destacar que este es solo el inicio de un proceso de investigación y no conlleva la imposición de ninguna medida que afecte el comercio.
El plazo
El Mineco expuso que este es solo el inicio de las pesquisas y, por lo tanto, aún no se pueden aplicar sanciones a los importadores. Estas estarán a cargo de la Dirección de Administración del Comercio Exterior, con apego a lo establecido por la OMC. El período de las averiguaciones es de 12 meses, pero podrá extenderse hasta 18.
Según el ministerio, solo participan las partes afectadas (productores, importadores y Gobierno) que hayan mostrado interés.
