Desde el 14 de enero, el presidente Bernardo Arévalo ha insistido en que el Ejército de Guatemala debe subordinarse al poder civil y no a intereses y fuerzas que lo alejan de servir al pueblo.
Por su formación y práctica académica de sociólogo, el gobernante es un conocedor de las fuerzas armadas guatemaltecas. Esa experiencia y el ejercicio de siete meses y medio como comandante general del Ejército, además del análisis que ha compartido con el alto mando castrense, le han permitido identificar algunas debilidades críticas de la institución.
Una de esas falencias, como reconoció durante el aniversario 151 de fundación de la Escuela Politécnica, es que de la milicia se han servido políticos en el ejercicio temporal del poder, así como actores “poco transparentes o incluso criminales” que han llegado hasta a manipular los ascensos al generalato para garantizarse protección e impunidad.
Por esa razón, el domingo 1 de septiembre giró dos órdenes a suboficiales, oficiales y cúpula castrense. La primera: todo el personal deberá abstenerse “de asociarse a personas o grupos cuyos intereses y comportamientos contravengan y obstaculicen el desarrollo del marco de valores profesionales y principios institucionales, meritocráticos y democráticos, que profesa el Ejército de Guatemala”.
La otra, revisar de forma minuciosa la doctrina militar, “para adaptarla a las necesidades actuales del desarrollo democrático e incluyente de la nación y de la sociedad”, lo cual implica orientar la formación en derechos humanos, derechos de la mujer y derecho internacional humanitario.
No lo dijo el mandatario, pero en esa línea de modernización las fuerzas armadas deberían contribuir a cerrar las heridas que aún persisten del conflicto armado interno a 28 años de que finalizara. Por ejemplo, con proveer información que permita que se conozca el paradero de miles de personas víctimas de desapariciones forzadas, incluidos hasta cinco mil niños.
La consolidación de un ejército que sirva al pueblo y que se gane su respeto y aprecio es parte de los legados que pretenden el presidente Arévalo y la vicegobernante Karin Herrera. Por ahora va en esa ruta, la que deben cumplir los miembros de la institución castrense y ser observada y exigida por la sociedad.
