Dos hechos a resaltar

Que el esfuerzo y compromiso de ratificación, no quede en declaración de buenas intenciones.

En diferentes publicaciones realizadas de 2015, se comunicó en esta columna y otros medios de comunicación, la urgente necesidad de conocer y ratificar como país 2 instrumentos de derechos humanos, mismos que están estrechamente vinculados con los asuntos relativos a la discapacidad, siendo estos, el Tratado del Comercio de Armas de Fuego, que pretende el control en la venta y distribución de armas y municiones; y el Tratado de Marrakech, que se promueve por el derecho de las personas con discapacidad a la lectura.

En su calidad de ente coordinador, asesor e impulsor de las políticas públicas en materia de discapacidad, el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi) dio el seguimiento que corresponde a cada uno de los instrumentos, primero a nivel de los ministerios y secretarías del Ejecutivo, luego en el Congreso de la República, de tal manera que el Estado de Guatemala los adopte como parte de la legislación interna, acontecimiento que se alcanza al inicio del actual período legislativo.

El Tratado del Comercio de Armas de Fuego, se promovió con la Asociación Transiciones de la Antigua Guatemala, organización que agrupa a personas víctimas de la delincuencia armada, mientras que el Tratado de Marrakech, se coordinó con el subsector de personas con discapacidad visual ante el Conadi, trabajo que como hemos indicado dio los frutos esperados, debido a que el 26 y 28 de enero del 2016, el Congreso procedió a aprobar el instrumento de ratificación, ubicando a nuestro país como el 18o. Estado en dar este paso. ¿Pero qué significa este hecho para el movimiento nacional de personas con discapacidad? Representa la capacidad de incidencia para hacer del interés de quienes ejercen la autoridad política del país hacia nuestros derechos; representa el deseo de un sector de población por la igualdad de derechos; representa la voluntad política de legisladores que responden a las demandas de un núcleo humano que aspira a sociedades más incluyentes.

Corresponde ahora seguir la ruta trazada por el Conadi para la implementación de los instrumentos, labor, en la que indudablemente deben intervenir distintas instituciones de Estado, cada una según la naturaleza de sus servicios y competencias, trabajo que tendrá que realizarse a la brevedad, de tal manera, que el esfuerzo y compromiso de ratificación, no quede en declaración de buenas intenciones, como simple instrumento de muchos que ya existen.

Definitivamente que en el cumplimiento y aplicación de los compromisos de los 2 Tratados, se requerirá de la voluntad política de las autoridades de gobierno, así como de recursos económicos, materiales y humanos, tarea nada fácil en conseguirlos, pero llegarán en la medida que se ponga el mejor empeño en el trabajo a realizar, en todo caso, el criterio de país pobre, no es un argumento para dejar de hacer lo que corresponda, menos si se está vulnerando un derecho.