El 9 de octubre del 2018 quedará en la historia del país como una de las fechas más importantes para la población con discapacidad. Se dieron dos acontecimientos que serán fundamentales en el ejercicio pleno de los derechos del colectivo, siempre que lo actuado se aplique como corresponda.
El Organismo Judicial presentó la política de acceso de las personas con discapacidad a la Justicia, trabajo liderado por la magistrada María Eugenia Morales, un derecho que históricamente ha sido negado a este sector de la población, que deriva en hechos de injusticia, lo cual se da por la falta de capacitación de quienes tienen la responsabilidad de aplicar la Justicia, y por el desconocimiento del colectivo. Por otra parte, el Congreso de la República procedió a la aprobación en tercer debate y redacción final, de las reformas a la Ley de Derechos de Autor, medida necesaria para dar cumplimiento al Tratado de Marrakech, ratificado por el Estado de Guatemala, instrumento que mandata la producción, distribución e intercambio de textos por el derecho a la lectura de las personas con discapacidad.
El acontecimiento se da después de varios meses de trabajo del CONADI, esfuerzo de incidencia acertadamente dirigido por el subsector de personas con discapacidad visual, el que luego de la ratificación del Tratado por el Congreso de la República, impulsó la reforma a la Ley de Derechos de Autor, para hacer realidad los fines y objetivos de este instrumento, justa iniciativa que fue bien recibida y aprobada por los legisladores.
Son hechos que merecen ser valorados y destacados como corresponde, ya que ponen de manifiesto la voluntad política de 2 instituciones de Estado, entidades que de esta manera institucionalizan procesos en función de los derechos de la población con discapacidad del país. Deben darse a conocer entre los distintos sectores, especialmente a los encargados de hacer cumplir las leyes y políticas, así como a las organizaciones representativas de la población con discapacidad, las que, junto al CONADI, tendrán la responsabilidad de capacitar y orientar sobre el uso y manejo adecuado de los instrumentos aprobados, para que no queden en letra muerta.
