El grado de regulación de la política es alto en Chile.
Como todo fenómeno social, la corrupción en los asuntos públicos es multicausal, de tal forma que puede analizarse su etiología que alcance incluso a la complejidad de las características culturales del sistema. Pero puede señalarse que en esta cadena causal hay un punto de partida que, a la vez, es factor decisivo para explicarlo. La corrupción comienza y se explica en y por el financiamiento privado de los partidos políticos y las campañas electorales. Desde el momento en que las agrupaciones necesitan ingentes cantidades de dinero para las campañas y resuelven esa necesidad con fondos privados, ahí se inicia el proceso para el pago de ese favor por medio del gasto público y otros mecanismos, como los fiscales.
Y es que la corrupción se inicia con las campañas electorales, cuando los políticos comienzan a acumular riqueza. Parte de los aportes millonarios se canalizan hacia sus cuentas privadas, puesto que los controles de las autoridades no logran fiscalizar el destino de las contribuciones, lo cual lleva al otro tema crucial: el fortalecimiento de la autoridad electoral con mecanismos que van desde un aumento de sus recursos financieros a su capacidad punitiva, pasando por garantizar su independencia. ¿De qué otra forma va a garantizar el cumplimiento de la ley electoral?
Lo cierto es que en el acto de contribuir de forma privada a la política, se disuelve el compromiso con el interés general y se convierte en una transacción del interés particular. Se amarran las voluntades y se hace de la política un oficio para hacer dinero rápido y fácil. Tomar conciencia de esto contribuye a resolver la corrupción, puesto que junto a otras reformas a la ley electoral, se debe reducir el aporte privado de las grandes corporaciones y los capitales personales. Por ello, no hay otra salida que incrementar el financiamiento público a los partidos, ya que solo de esta forma se logra desprivatizar la política.
En parte esto lo ha dicho el diputado chileno Patricio Vallespín, cuando intervino en la actividad del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) sobre el tema de la transparencia fiscal. En Chile este fue el primer paso, luego vinieron otros que en nuestro medio no se conocen, ni se han considerado, como la Ley del Lobby o Cabildeo, que obliga a los diputados a hacer pública su agenda de reuniones y obligar a que se inhiba de conocer temas legislativos cuando hay conflicto de intereses.
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