Las instituciones responsables de accionar en el marco del estado de calamidad pueden acceder inmediatamente a una partida contemplada en el presupuesto vigente de 110 millones de quetzales para casos de emergencia.
La medida, por un período de 30 días, fue anunciada ayer por el presidente Bernardo Arévalo, y adoptada con el fin de liquidar de manera más pronta los incendios forestales y no forestales que azotan el territorio nacional.
La decisión “tiene el propósito de enfrentar los siniestros de una manera más ágil y fortalecer con insumos materiales a las brigadas que combaten los fuegos a través de la compra de equipo de protección personal y herramientas”, dijo Arévalo durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura.
El estado de emergencia también abre la puerta para pedir a naciones amigas que faciliten aeronaves, a fin de sofocar los siniestros.
Transparencia
Sumado a ello, el decreto contempla medidas para garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos y criterios que se deben tomar en cuenta para las compras. Además, cuando se
termine la emergencia se rendirá un informe financiero de lo ejecutado.
El decreto determina que siete entidades, que tienen un rol estratégico en el control de los incendios, pueden ejecutar los fondos.
Estos son los ministerios de la Defensa, de Agricultura y de Ambiente, así como los cuerpos de bomberos, Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), Instituto Nacional de Bosques (Inab) y la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), explicó el titular de la cartera de Finanzas, Jonathan Menkos.
Denuncia
En la actividad se destacó que la Conred ha establecido que el 80 por ciento de los incendios ocurridos del 14 de enero a la fecha es provocado.
Se citó, por ejemplo, los registrados en el vertedero del kilómetro 22, ruta al Pacífico, entre los municipios de Villa Nueva y Amatitlán, y los ocurridos en los volcanes de Agua y Tajumulco. También, el del Parque Nacional Laguna del Tigre, en Petén, y varios en Huehuetenango.
Debido a ello, “se han presentado las denuncias correspondientes para que los responsables enfrenten la justicia”, aseguró el jefe de Estado.
En manos del Congreso
El decreto de estado de calamidad llegó ayer mismo al Congreso de la República. Ahora, el Legislativo tiene la responsabilidad de aprobar o improbar la medida.
Karina Paz, primera secretaria de la Junta Directiva del Parlamento, explicó que la declaratoria fue sugerida por varias bancadas, por lo cual considera que se contará con los votos necesarios para el aval correspondiente.
De acuerdo con información que trascendió en los pasillos del Palacio Legislativo, el tema podría conocerse en la sesión plenaria programada para las 10:00, el próximo jueves.
