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Diputados denuncian gastos injustificados

Informe de fiscalización revela utilización irregular en la Universidad de San Carlos de Guatemala de más de 74 millones de quetzales


Diputados de la bancada Semilla presentaron, en conferencia de prensa, diferentes hallazgos después de una fiscalización iniciada en 2021 a la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC).

Esta acción nace luego de denuncias de estudiantes y políticos que han señalado irregularidades en la gestión de los recursos, entre ellos la elección del rector Wálter Mazariegos, la cual ha sido catalogada como “fraudulenta” por los universitarios.

El análisis reveló contrataciones por más de 74 millones de quetzales y gastos en comida de lujo que superan los 9.4 millones, sin justificación ni relación con un fin académico.

El parlamentario Luis Enrique Ventura indicó que no encontraron evidencia de que los convenios cumplan con los requisitos de ley, y tampoco se entregó un informe de la adjudicación a las distintas personas.

“Hemos identificado que muchos de estos contratos son de familiares de representantes políticos, cercanos a las autoridades de la casa de estudios”, afirmó Ventura.

El legislador añadió que estas acciones se han utilizado para contratar a este personal y manipular su permanencia a fin de “condicionar su voto en procesos para los colegios de profesionales”. “La USAC tiene una larga trayectoria de profesionales titulares, pero vemos que cada vez opta por profesores ingenuos”, aseguró Ventura.

Buscan garantizar votos

Brenda Mejía, del mismo bloque, se preguntó: “¿Esto es lo que merece el pueblo de Guatemala?, ¿aquí se designan los impuestos para la educación superior del país?”, respecto de los gastos que la alma mater ha realizado desde ese año hasta la fecha.

Ambos indicaron que se utilizan las contrataciones como Servicios Profesionales para mantener al personal docente y con ello garantizar su voto en procesos internos.

Enfatizaron que se han llevado a cabo más de 3 mil compras discrecionales en alimentos y banquetes que suman más de 9 millones de quetzales, y adicionalmente las facturas se publican fuera del plazo y no hay informes que respalden los gastos.

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