Crear el Consejo Nacional de Coordinación de los Esfuerzos contra el Lavado de Dinero u otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en Guatemala (Conclaft) es uno de los cambios introducidos por la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso a la iniciativa del Ejecutivo contra el blanqueado de capitales.
La Superintendencia de Bancos (SIB) detalló que entre los cambios que introdujo dicha sala legislativa a la propuesta original enviada por el presidente de la República Bernardo Arévalo en julio pasado, está la formación de esta nueva entidad que será la responsable de aprobar la incorporación de nuevas actividades como parte del régimen de personas obligadas.
Asimismo, los legisladores cambian el nombre de la iniciativa por el de ley integral para la prevención y represión del lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del
terrorismo.
El análisis de la SIB agrega la incorporación de un umbral cuantitativo del 20 % de participación accionaria para la identificación del beneficiario final (BF), dado que en el texto originario no se establecía ningún porcentaje.
Los analizados
Acerca de las personas expuestas políticamente (PEP), el dictamen establece la temporalidad para ser considerado como tal, lo cual será a partir del momento de su nombramiento, designación o elección, hasta su separación del cargo y por un período posterior de un año después de que cese en el ejercicio de sus funciones.
Respecto del alcance de la aplicación de medidas de debida diligencia del cliente, se deben efectuar sobre sus parientes en primer grado de consanguinidad o afinidad, cónyuges o convivientes, y con quienes tiene o ha tenido relación de negocios habitual, asociados y colaboradores cercanos e incluye cuentas establecidas con personas jurídicas o estructuras jurídicas y transacciones en las que estas sean beneficiarios finales.
En este rubro, incorpora la obligación de la SIB de emitir una resolución que será publicada cada dos años en el diario oficial y en otro de mayor circulación, con el detalle de los cargos considerados PEP.
Otras modificaciones
En los cambios de último momento, se detalla que cuando el condenado con una pena principal y accesoria no haga efectivo el pago de la multa, el juez competente, bajo ciertas circunstancias, ordenará convertir la sanción pecuniaria en días de prisión, la cual no podrá exceder de una cuarta parte de la fijada de forma inicial.
Sobre los profesionales universitarios sujetos a la normativa, deberán llevar un registro de sus clientes, remitir aviso a la SIB por medio de la Intendencia de Verificación Especial cuando identifique incongruencias entre el servicio prestado y la información proporcionada y lo relativo a la conservación de registros.
Otro de los aspectos que resaltan es la reducción en el plazo para la entrada en vigencia de la ley, que pasa de seis a tres meses, y para la elaboración del reglamento baja de un año a seis meses.
El exvicepresidente de la Junta Monetaria (JM) y del Banco de Guatemala, Mario García Lara, opinó que el dictamen mejoró la iniciativa original en el sentido de que hizo más explícito el propósito de la norma para que se abuse ni tergiverse como herramienta de vigilancia, sino una que combata el lavado de dinero.
Añadió que incorpora una definición más clara de los procedimientos que deben seguir las personas obligadas.
“Está mejor definido quiénes sí, quiénes no, en qué momento sí y cuándo no. Pusieron algunos umbrales porque una cosa que preocupaba eran los costos para cumplir la ley”, enfatizó.
No obstante, refirió que hay algunos aspectos por mejorar, “pero se puede hacer a nivel reglamentario, como los alcances del nuevo registro de acciones que están poniendo”.
El sentido de urgencia
La Junta Monetaria exhortó al Pleno, en un comunicado publicado en diversos medios la semana pasada, a aprobar la nueva normativa, y consideró que el “factor tiempo es vital, toda vez que la implementación de dicha ley requiere, además, la emisión de una serie de reglamentos para hacerla funcional y efectiva”.
Mario García Lara estimó que, tras la elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad, está abierta la esperanza de que el proceso en el Congreso avance, “porque hay un compromiso de país de implementar esta modernización al sistema” antiblanqueo de dinero.
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